A medias con el medio ambiente

Por Andrés Nápoli

Ha transcurrido una tercera parte del mandato del actual gobierno y comienzan a visualizarse algunas tendencias de la gestión ambiental. Se plantearon medidas tendientes a fortalecer el marco institucional, como la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS). Fue un paso de significativa importancia, ya que elevó la jerarquía de la temática para situarla en pie de igualdad institucional respecto de otras áreas de gobierno que son clave para la construcción de un modelo de desarrollo sustentable.

De igual forma se destacan logros alcanzados en cuanto a la promoción del desarrollo de energías renovables, que incluyeron el lanzamiento de las licitaciones para proyectos de generación eléctrica, logrando adjudicar 1.100 megawatts (MW).

Sin embargo, estas medidas deben evaluarse dentro del conjunto de decisiones adoptadas por el gobierno, en las que hay muchas que toman una dirección diametralmente opuesta y construyen una tendencia con singulares contrasentidos.

Uno de los principales obstáculos es la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental, que pueda obrar como garantía de control de aquellas políticas que puedan afectar al ambiente.

Las decisiones que afectan al ambiente se encuentran repartidas entre diversas áreas de gobierno, que en algunos casos impulsan proyectos que tienden a promover el desarrollo de determinados sectores y que, al miso tiempo, pueden traer consecuencias nocivas para el ambiente y las comunidades locales. Es allí donde se vuelve necesario el rol que debe cumplir el MAyDS para aportar el enfoque y el control de cada uno de estos proyectos, teniendo claramente en cuenta que Argentina es un país federal y que, por tanto, los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias.

Riachuelo: Otro año perdido

El saneamiento del Riachuelo continúa siendo uno de los aspectos de mayor relevancia en términos de la gestión ambiental, por la gravedad y el impacto en la población que la temática encierra. La asunción de un nuevo gobierno, en donde las tres jurisdicciones que integran la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) corresponden a un mismo signo político, generó muchas expectativas. Entre ellas la posibilidad de poder superar la fragmentación que históricamente ha caracterizado al organismo y que, en muchos casos, ha dificultado avanzar de manera sostenida en la implementación de las acciones de recomposición del daño ambiental del Riachuelo.


El saneamiento del Riachuelo continúa siendo uno de los aspectos de mayor relevancia en términos de la gestión ambiental, por la gravedad y el impacto en la población que la temática encierra.


Sin embargo, durante el año 2016 volvieron a suscitarse las mismas falencias que caracterizaron el accionar de ACUMAR durante los últimos años, en los que la autoridad fue perdiendo de manera progresiva su iniciativa para promover políticas y acciones tendientes a cumplir con los objetivos impuestos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Vale recordar que los pronunciamientos de la Corte apuntan a recomponer el daño ambiental existente, mejorar la vida de la población y evitar que se produzcan nuevos daños en el futuro.

Hacia finales del año 2016, en la audiencia convocada por la Corte para evaluar la ejecución del plan de saneamiento y las iniciativas de la nueva gestión, quedaron en evidencias las falencias,  tanto en los plazos como en las obligaciones y los objetivos impuestos en el fallo emitido hace 8 años. Las graves carencias en la gestión de las autoridades a cargo del saneamiento explican, en parte, el bajo grado de avance de las acciones.

También se evidenció que, pese a haberse invertido más de 5.200 millones de dólares en acciones de saneamiento durante este período, sólo se ha alcanzado el 20% del total de las acciones planificadas y que la crisis socio-ambiental continúa presente en la cuenca. Según datos oficiales del propio organismo de cuenca, actualmente más de 3 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable y cloacas y 940 mil viven en villas y asentamientos informales en permanente situación de riesgo. Además continúan volcándose en el agua de la cuenca más de 1.000 toneladas al año de sustancias tóxicas que incluyen metales pesados e hidrocarburos y más de 1.8 millones de metros cúbicos de residuos que se acumulan en basurales y vertederos clandestinos.

El saneamiento de una cuenca tan compleja como Matanza-Riachuelo demanda un gran conocimiento técnico, pero por sobre todo un fuerte compromiso político para llevarlo adelante, situación que hasta el momento no se ha producido. Este año se cumplen 9 años del fallo de la Corte. Ya no resulta admisible que la formulación de las acciones y políticas indispensables para la recomposición de la cuenca se hagan efectivas únicamente a partir de las exigencias impuestas por el poder judicial o las demandas sociales. Es necesario que las autoridades asuman de manera prioritaria la responsabilidad que les cabe en la materia.

 Las represas del Río Santa Cruz: un proyecto a presión 

La construcción de las represas Kirchner y Cepernic (ex Cóndor Cliff y La Barrancosa) continúan siendo uno de los temas de mayor preponderancia en la agenda ambiental Argentina, la que además trasciende las decisiones del propio gobierno, por encontrarse contenidas en un acuerdo bilateral entre nuestro país y la República Popular China.

Todo el proceso de licitación de las represas fue sumamente cuestionado por su falta de transparencia. Se registraron serias falencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), donde se incumplieron prácticamente todos los recaudos establecidos por la normativa que rige estos procesos.

Por esto, el 21 de diciembre de 2016, la CSJN dispuso la suspensión del proyecto, ya que no se había realizado el procedimiento de EIA. Se ordenó también la realización de dicho procedimiento, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 23.879 (de Evaluación de Impacto Ambiental de Represas), una norma sancionada en 1990 pero que nunca había sido reglamentada. La normativa dispone un estudio con características particulares, en las que se deberán analizar las “consecuencias ambientales que, desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, producen o podrían producir en territorio argentino”. En el proceso deberá intervenir al menos el Ministerio de Ambiente, sin perjuicio de que puedan hacerlo también otras carteras. Una vez cumplido los pasos, los estudios serán remitidos al Congreso quien deberá convocar a la Audiencia Pública correspondiente, para emitir el informe final en el cual se aprobará o rechazará el proyecto.

La decisión del Máximo Tribunal reestableció parte de la legalidad al proceso de las represas e impuso una serie de recaudos indispensables para evaluar el real impacto de la obra.

Pese a la decisión de la Corte, hay funcionarios del gobierno nacional continúan situando al procedimiento de EIA requerido por la Justicia como una mera formalidad, que permitirá en un breve lapso se reiniciar las obras de construcción. Estas declaraciones responden a la idea de mantener viva la llama en un año de elecciones.

En paralelo, es fundamental señalar que las acciones judiciales que originaron la paralización de las obras han sido remitidas por decisión de la Corte al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo Federal N°11 de la Capital Federal. Allí deberán continuar su trámite hasta lograr una sentencia, la cual podría incluso prohibir de manera definitiva la construcción de las represas.

Finalmente, habrá que observar detenidamente cuál será el rol que asumirán las empresas adjudicatarias, así como los bancos chinos que tienen a su cargo el financiamiento. Es importante recordar que el convenio firmado entre la Argentina y China se encuentra sometido a una cláusula de “cross default” o incumplimiento cruzado, vinculado con el financiamiento del Ferrocarril Belgrano Cargas. Significa que en el caso de cancelarse una de las obras financiadas, por cualquier tipo de motivo, podría frenarse el financiamiento para otros proyectos y dar lugar a la aplicación de multas por incumplimiento.

El gobierno llevó a cabo una instancia de renegociación del contrato con las empresas y los bancos chinos, en donde se acordó disminuir la potencia originalmente proyectada, a través de una reducción de la cantidad de turbinas previstas para cada represa, lo que implicaría una modificación en la generación de energía, que pasará de las 1760 MW a 1290 MW.

No se conocen cuáles son las medidas que se implementarán para evitar las nefastas consecuencias ambientales del proyecto, ni se ha informado de qué manera se prevé revisar el deficiente procedimiento de EIA desarrollado por la provincia de Santa Cruz.

No se trata de emprolijar el proyecto o sus consecuencias ambientales mediante módicas adaptaciones técnicas, provistas por burócratas o técnicos afines, sino de abrir un proceso verdaderamente transparente participativo e informado. Se requiere un estudio genuino y sin condicionamientos externos sobre la viabilidad energética, económica, ambiental y social del proyecto, así como una evaluación de las alternativas existentes.

La producción de energía, un bien necesario e imprescindible para el desarrollo de todas las sociedades, no puede realizarse a cualquier costo.

 Las inundaciones 

Durante el año 2016 se registraron fuertes inundaciones que afectaron las provincias del litoral y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Si bien puede relacionarse con los efectos que produce el calentamiento global en nuestra región, agudizando y multiplicándose eventos climáticos extremos, no puede esconder la consideración de aspectos esenciales a la hora de poder dar respuesta.

Uno de estos aspectos es el sostenimiento y profundización de un modelo productivo de base extractiva que ha cambiado de manera significativa el uso del suelo y arrasado el bosque nativo. Se empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas, como los humedales.


Una de las causas de las inundaciones es el sostenimiento y profundización de un modelo productivo de base extractiva que ha cambiado de manera significativa el uso del suelo y arrasado el bosque nativo.


En un reciente informe de la FAO, Argentina aparece entre los países que más deforestan en el mundo, mientras que la ley nacional que busca regular el desmonte continúa siendo desfinanciada. Hace falta la planificación y la puesta en marcha de políticas que integren las dimensiones del desarrollo con el ambiente. Hace varios años que se encuentran ausentes y la actual gestión no ha logrado revertir la situación.

A la hora de pensar en medidas para estas graves situaciones, se continúan priorizando las respuestas de corto alcance, sin poner en debate las consecuencias que sobre el ambiente y la población produce el modelo agropecuario. Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático, ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades adoptar medidas y actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre.

El reciente análisis realizado por María Marta Di Paola demuestra que las partidas presupuestarias destinadas al “Plan de Manejo de las Inundaciones” no superaron el 19%. Tampoco se adjudicaron los fondos necesarios para abordar estos conflictos. Por ejemplo, parte de los recursos del “Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica”, creado para asistir al “Plan Federal de Control de Inundaciones”, fueron adjudicados a otros fines como la construcción de las obras de las presas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

En este contexto, la Ley para la protección de los humedales continúa sin conseguir su aprobación en el Congreso de la Nación. Una de las principales causas es la fuerte oposición a tratamiento que han evidenciado los sectores inmobiliarios y agro industriales ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos ecosistemas, indispensables para el control de crecidas e inundaciones.

 

* Director Ejecutivo de FARM


 

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