Argentina, la extranjerización de la tierra

Por Agostina Costantino*

Desde fines de la década de los noventa y principios de los 2000 comenzó a darse a nivel mundial, de manera masiva y sistemática, un fenómeno de grandes adquisiciones de tierras por parte de compañías extranjeras. Estas empresas, entre las que podría mencionarse CRESUD y Adecoagro, pertenecen sobre todo a accionistas de Estados Unidos y de Europa. Comenzaron a realizar inversiones en tierras en las regiones más relegadas y pobres del mundo, África, algunos países asiáticos y Latinoamérica. Fue una forma de escapar a las crisis económicas que comenzaron a darse en los países más ricos (la crisis de las puntocom en los 2000, y luego, la gran crisis mundial originada en el sector financiero de Estados Unidos en el 2008). A esto se sumó una escalada de los precios internacionales de las materias primas, que volvieron muy rentable esa producción y, por ende, la adquisición de tierras.

En el caso de Argentina, si bien las inversiones extranjeras en tierras ya existían, a partir de 2002, cambiaron su  naturaleza. No sólo aumentaron exponencialmente las adquisiciones, en términos cuantitativos, sino que cambiaron sus características cualitativas.

El contexto previo a esta oleada estaba caracterizado por una elevada concentración de la tierra y por un cambio en el uso del suelo. En la década del ’90 hubo, por un lado, un proceso de “exclusión silenciosa”. La apertura de la economía, la desregulación del agro y las malas condiciones del mercado (en términos de precios, tasas de interés, tipo de cambio) obligaron a muchos pequeños y medianos productores a abandonar (vender o entregar a los bancos) sus campos. Además, se comenzó a dar una “pampeanización” del país: los avances tecnológicos permitieron que muchos cultivos típicos de la región pampeana pudieran pasar a producirse en otras latitudes donde antes no era posible, permitiendo la expansión de la frontera agropecuaria y el cambio en el uso del suelo en detrimento de los cultivos perennes, bosques, superficies antes no aptas y superficies aptas pero hasta ese momento no utilizadas.

A partir de la salida de la convertibilidad y  devaluación de 2002, aumentaron las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros. El promedio anual de hectáreas adquiridas por cada inversor externo pasó de 94.123 hectáreas, en el periodo 1992-2001, a 215.561 en el período 2002-2013. Y el tamaño promedio de las transacciones pasó de 32 mil a casi 63 mil hectáreas.

Todo esto fue incentivado por el aumento en la rentabilidad en pesos de la producción agropecuaria, pero también por la valorización de la tierra que permitió obtener ganancias de capital. Esta mejora en las condiciones del negocio inmobiliario de tierras rurales fue creada, en mayor medida, por factores que no están al alcance de un país dependiente como Argentina. Sin embargo, esto no quita que también hubo “factores internos”.

La devaluación ocurrida durante el gobierno de Eduardo Duhalde abrió una nueva fase dentro del modo de acumulación. Se mantuvieron las características estructurales pero se produjeron cambios (especialmente en las políticas públicas y el modo de relación entre Estado y la clase trabajadora).

El papel de la adquisición de tierras por parte de extranjeros en estos cambios fue complementario y, por lo tanto, fue beneficiado por una serie de programas y leyes que facilitaron su expansión y funcionamiento.

La mayor parte de estas adquisiciones se realizaron para la producción de materias primas para la exportación. Entonces, el acaparamiento de tierras implicó una entrada de capitales, tanto por el lado de la inversión como por el lado del saldo comercial. Y estas fueron las principales fuentes de recursos externos luego del default de finales de 2001 y la devaluación de 2002. La venta de tierras ayudó, a la vez, a lograr el equilibrio macroeconómico externo y a balancear las cuentas fiscales, condiciones necesarias para sostener la expansión de ramas creadoras de empleo, como la industria y la construcción.

El proceso fue posible gracias al plan de desarrollo implementado desde el gobierno y a la sanción de un marco legal (apoyado sobre el marco previo) que permitió la adquisición de tierras por parte de extranjeros a través de leyes que facilitan la entrada del capital externo; la entrada de ese capital en la tierra; y, por otra parte, normas que  regulan la adquisición pero que no se cumplen o no son operativas por su laxitud.

Varias de estas legislaciones se habían sancionado en etapas previas a la salida de la convertibilidad, mientras que las que intentaron “regular” fueron sancionadas durante el kirchnerismo (ley de tierras, ley de glaciares, ley de bosques, ley de emergencia para comunidades originarias). Sin embargo, la poca operatividad o el incumplimiento total de estas normas marcan un contraste entre el discurso público en contra del agro y las inversiones extranjeras y las políticas realmente aplicadas.

Los países de los que vienen estas inversiones principalmente son: Estados Unidos y nuevos actores en la escena nacional como China, India y Arabia Saudita, que se orientaron a regiones de frontera agrícola como el NEA, el NOA y Patagonia.

El panorama de la adquisición cambió durante los ‘2000 con respecto a la década anterior, en términos de los objetivos: se duplicaron las tierras para producción agropecuaria, ganaron importancia las adquisiciones para explotaciones mineras y surgió un nuevo objetivo: el control de tierras para garantizar el abastecimiento de materias primas y alimentos de los países inversores.

De un proceso de “exclusión silenciosa” en la década de los noventa, donde la expansión del gran capital se daba principalmente por las vías del mercado, se pasó a un proceso de exclusión por coacción explícita y por apropiación unilateral de los territorios de campesinos e indígenas por parte del capital extranjero, con ayuda u omisión del Estado.

La era Macri profundiza la tendencia

¿Qué ocurrió con este proceso y con el papel del Estado a partir de la llegada del nuevo gobierno? Durante el primer año de Mauricio Macri se pudieron identificar cambios. No representaron un volantazo respecto de los que se venían haciendo sino más bien se trató de la eliminación de las contradicciones o  “contrapesos” presentes en la gestión anterior.


Las medidas del gobierno actual profundización el proceso de extranjerización a favor del capital extranjero.


Como mencionamos, el kirchnerismo tuvo, como en otros  temas, un comportamiento oscilante respecto de la presencia del capital extranjero en el agro. Alentó su presencia otorgando permisos de desmonte, apoyándolo ante conflictos con comunidades, otorgándole beneficios. Y, por otro lado, fue durante ese gobierno que se sancionó la Ley de Tierras (2011), impulsada por la lucha y presión de muchas agrupaciones de chacareros, campesinos y ambientalistas. La norma estipulaba, entre otras cosas, que la proporción de tierras para inversores extranjeros (a nivel nacional, provincial y municipal) no debía superar el 15% del total del territorio.

La eliminación de este intento de regulación fue el principal cambio que aplicó el gobierno de Macri desde su asunción. Así, el camino se va allanando con un claro sesgo en favor del capital extranjero, eliminando todo tipo de traba para que éste ingrese al territorio y desplace a las comunidades que hasta ahora lo ocupaban.

¿Cómo se plasmaron estos cambios? A mediados del año pasado, el presidente eliminó por decreto artículos de la Ley de Tierras. Las modificaciones más importantes fueron: 1) Que se considera “extranjera” aquella persona jurídica con, al menos, el 51 por ciento de participación de extranjeros en su capital, mientras que en la ley de 2011 era del 25%. 2) No quedó claro cuál es el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. Antes eran 1000 hectáreas en la zona núcleo. El nuevo decreto dice: “Con respecto al cómputo del límite previsto en el artículo 10, primer párrafo, de la Ley Nº 26.737 (1000 has.) cada límite para cada tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia, funciona como tope máximo para dicho tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia y, a su vez, como tope máximo a nivel provincial y nacional.” La redacción es bastante confusa, y no termina de quedar clara.3) Se eliminaron las sanciones en caso de incumplimiento de la ley. Antes se establecían apercibimientos y multas. 4) Quedaron  fuera de los límites fijados las tierras que se encuentren catalogadas como “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial” y las transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos forzosos extranjeros. Antes estaban bajo la misma regulación, es decir debían cumplir los límites a la propiedad extranjera que la ley establecía. 5) No sólo el decreto no afecta derechos adquiridos (esto ya era así) sino que agrega que, si un propietario extranjero que adquirió su tierra antes de la puesta en vigencia de la ley la vende, podrá “luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales”.

El segundo cambio importante fue la anulación de un convenio del año 2013 entre el Ministerio de Defensa y el INTA para que el Estado produzca sobre tierras públicas propiedad del Ejército. Como consecuencia de esto, desde 2016 se arrendaron más de 15.000 hectáreas a CRESUD y a MSU, dos grandes empresas que cotizan en bolsa, con un alto porcentaje de accionistas extranjeros. Ahora mismo, está en proceso otra licitación para arrendar otras 15.000 has.

Frente a esta situación, la Federación Agraria Argentina ha manifestado públicamente y ante el gobierno su descontento, argumentando que esas tierras podrían haber sido adjudicadas a cooperativas de chacareros. De las más de 15.000 hectáreas licitadas el año pasado, sólo 200 fueron adjudicadas a este tipo de cooperativas.

Por último, el tercer punto que se puede encontrar en este casi año y medio de Macri es una mayor represión y violencia aún más explícita por parte del Estado para proteger a los capitales trasnacionales de las demandas de las comunidades locales por las tierras o por el impedimento de acceso a los bienes comunes (caminos, ríos, lagos). Un ejemplo es el caso de Cushamen, el municipio de la provincia de Chubut donde la propiedad de tierras en manos de extranjeros superó los límites establecidos por la ley y donde desde hace años la comunidad mapuche demanda tierras que les corresponden y que fueron apropiadas por Benetton. En enero de este año, dicha comunidad sufrió una grave represión luego de la intervención, por orden del gobierno, de la Gendarmería Nacional en el conflicto. Otro ejemplo es el caso de Joseph Lewis, amigo personal de Mauricio Macri y propietario de miles de hectáreas en la Patagonia, que impide el acceso público al Lago Escondido. También fueron públicamente conocidas las manifestaciones de apoyo del mandatario a su amigo por este problema.


Se calcula que hay unas 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros en la Argentina


En definitiva, se trata de la profundización de un esquema que durante el gobierno anterior presentaba no pocas contradicciones y que la actual gestión ha decidido inclinar claramente en favor del capital extranjero.

El Registro de Tierras Rurales calcula que hay 14.9 millones de hectáreas en manos de extranjeros en la Argentina.

 

*  Investigadora postdoctoral del CONICET en el IDAES (UNSAM)


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