Biodiversidad y desarrollo sustentable

Por Pablo Quiroga

En la edición de junio de Replanteo, nos referimos a la pérdida económica y ambiental que significa para el país el manejo inadecuado de los recursos mineros, como resultado de una política de desarrollo extractivista y cortoplacista. En esta ocasión, pretendemos mostrar que existe un impacto similar, como consecuencia de ese estilo de desarrollo, sobre la conservación de nuestros recursos naturales renovables y su riqueza en biodiversidad.

El creciente conocimiento de la variabilidad genética (que explica la biodiversidad) y el desarrollo de la bioingeniería  permiten el manejo de genes que contribuyen a la generación de cultivos resistentes a plagas o al clima; y  la creación de nuevos medicamentos y con ellos de nuevas  tecnologías.

Países como el nuestro pueden y deben encontrar en el manejo inteligente de los recursos naturales, sustentable en el tiempo y que sume valor  agregado, nuevas ventajas comparativas en el mercado internacional.  La combinación de tecnología de punta en alimentos y medicinas, por ejemplo, proporcionaría mayores beneficios económicos que los comoditis tradicionales.  También implicaría dar pasos en el camino de romper nuestra vieja dependencia tecnológica.

En los países del Mercosur se encuentra la mayor biodivesidad del mundo. Esto debería brindarnos la oportunidad de alcanzar un desarrollo regional autónomo, que brinde a millones de personas mejores oportunidades de vida digna.

Para agregarle valor a nuestros recursos naturales autóctonos, primero debemos conservarlos, algo que estamos lejos de hacer. Los ecosistemas más ricos en biodiversidad en nuestro país son los bosques subtropicales y algunos sistemas marinos, sin embargo, cada año perdemos decenas de miles de hectáreas de bosques nativos y se dan el doble de permisos de pesca de lo recomendable para sostener las poblaciones marinas.

La apuesta al avance de la frontera agropecuaria y los monocultivos de productos transgénicos va en el sentido contrario de lo que implica darle un manejo inteligente a nuestros bienes naturales. Ciertas estadísticas son engañosas. Suelen mostrar que una mayor cosecha anual de granos nos hace un país más rico porque es lo que mide y le interesa al mercado internacional. Sin embargo, en realidad, esa cosecha se llevó puestas 250 mil hectáreas de bosque nativo, con lo que el patrimonio nacional se empobreció, y con él, las posibilidades de desarrollo que contemple los intereses de todos.

La pregunta es: ¿qué ha hecho el Estado para definir prioridades nacionales sobre los intereses de unos pocos?

Lamentablemente poco. Salvo raras excepciones, el mercado ha sido quien ha  marcado los pulsos de inversión y el Estado ha jugado un papel menor.

Nuestro país no se ha caracterizado por aplicar programas de  mediano y largo plazo en las políticas de desarrollo. Desde que nos integramos en la división internacional del trabajo como productores de materias primas, casi no hemos podido salir de ese lugar de producción extractiva y de dependencia tecnológica.

Para poder cumplir con ese rol que “nos fue asignado”, tuvimos que favorecer la implantación de una producción muy fuerte sobre los bienes ambientales, que implicaba la ausencia del pensamiento del país del mañana. Lo importante ha sido el país de hoy y los inmediatos requerimientos del mercado.  Si hoy sube el precio del algodón  “es mejor sembrar algodón que mantener el bosque chaqueño”. Con ese imperativo se deforestó buena parte del Impenetrable, desapareció el grueso de las yungas, del monte, y se sobreexplota el recurso marino. Esta situación fue facilitada por la ausencia de un Estado capaz de regular las actividades productivas, limitando algunas y auspiciando otras, según los casos y las regiones.


Lo importante hasta ahora han sido los inmediatos requerimientos del mercado y no el desarrollo sustentable y el valor agregado.


En conclusión, en el uso de los bosques, de los recursos marinos o de las cuencas hídricas urbanas, se privatizan los bienes del ambiente, a la vez que se socializan los costos. Entre ellos está la transformación (y degradación) de ambientes naturales. Esta práctica empuja a poblaciones locales, que han vivido ahí por generaciones, a emigrar a zonas urbanas donde los reciben en ambientes más degradados aún.

Es evidente, por lo tanto, que debemos poner coto a la actitud de las diversas actividades económicas que durante décadas utilizaron y utilizan al ambiente sin considerar los costos necesarios para evitar su degradación y desaprovechamiento.

La década k y más acá

Más allá de los discursos, la gestión kirchnerista no modificó este estado de cosas y tampoco lo está haciendo la actual administración. Es muy difícil, sino imposible, aplicar políticas serias de gestión ambiental si se descree del Estado como instrumento de planificación del desarrollo, con una visión de mediano y largo plazo.

Es cierto que el ordenamiento constitucional les da a las provincias el dominio sobre los recursos naturales. Pero en estos años, posteriores a la explosión de los precios de los comóditis, no se ha podido o no se ha sabido crear mecanismos de coordinación para aplicar políticas en común de planificación del uso del territorio. Tampoco se ha buscado sancionar y reglamentar nuevas leyes de presupuestos mínimos para eso.

Veamos algunos casos paradigmáticos. En materia de  bosques, la sanción de la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, en 2007, fue percibida como un avance importante en la lucha por detener los procesos de deforestación, que han llevado  a que contemos hoy con sólo 30 millones de hs de bosque nativo sobre los 100 millones originales. Sin embargo, el gobierno anterior, lejos de mostrar entusiasmo por su aplicación, se tomó dos años para reglamentar la norma y luego desfinanció el Fondo para la Conservación de Bosques. Desde el año 2010 envió, en promedio, sólo el 10% de lo que correspondía, situación que el actual gobierno no ha modificado.

Con cada hectárea perdida no sólo desaparece masa forestal, de por sí muy valiosa, se pierden además beneficios ambientales y sociales que el mercado no valoriza. Entre ellos están la fauna y flora silvestre, con su riqueza genética a cuestas, el sostenimiento de suelos frágiles, aptos sólo para sostener masa forestal, y la capacidad para regular los excesos y déficits del agua de lluvia. El bosque es una esponja que absorbe buena parte de esos excesos de lluvia evitando inundaciones aguas abajo, manteniendo para épocas de seca un reservorio. Además, como dijimos, su reemplazo por cultivos destinados a producir granos exportables obliga a poblaciones enteras a emigrar lejos de donde vivieron por generaciones.


Es muy difícil, sino imposible, aplicar políticas serias de gestión ambiental si se descree del Estado como instrumento de planificación del desarrollo con una visión de mediano y largo plazo.


Mientras tanto, en la cuestión de la pesca marina nos encontramos con otro conflicto que muestra las mismas características. Para que sea factible un uso racional del recurso el país cuenta con el INIDEP (Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero). Este organismo fija anualmente cuál es la captura máxima recomendable o Captura Biológicamente Aceptable (CBA) de las poblaciones con valor económico, como la merluza. Sin embargo, por la avidez de una pronta recaudación de divisas, en los últimos 10 años se han dado permisos de pesca por el doble de esa recomendación. Es fácil imaginar, entonces, el destino de esta riqueza natural sino se cambia el manejo y el uso.

Insistimos con la  responsabilidad compartida con los gobiernos provinciales. El Consejo Federal Pesquero es quien da los permisos de pesca. Pero lo que nos alarma es la falta de interés en establecer políticas de incentivos para cambiar este estado de cosas a través de acciones comunes.

La hora de las propuestas.

Hemos reiterado a lo largo de esta nota el exiguo papel que jugó el Estado en lo que va de  este siglo, luego del aumento espectacular de los precios de los comóditis que multiplicaron la explotación extractivista. Poco se ha hecho para regular las actividades económicas en función de una visión de mediano plazo, que se base en las limitaciones y potencialidades de cada ecosistema puesto a producir.

No somos ingenuos y comprendemos las limitaciones que una economía capitalista impone sobre la capacidad estatal para regular estas actividades. Esto se suma a las dificultades para coordinar políticas nacionales, dadas las características federales del país. Pero hay márgenes para desenvolverse que este gobierno y el anterior han ignorado.

Partimos de una premisa fundamental: los bienes ambientales argentinos son patrimonio común de todos los argentinos, aunque su uso bajo diversas formas de apropiación este repartido entre particulares.

El Estado debe establecer los estándares de calidad mínimos requeridos para determinados recursos naturales. Debe decidir hasta donde los conflictos ambientales pueden aceptablemente afectar la calidad del ambiente, más allá de la opinión que cada actor tenga sobre las causas y los efectos de esos conflictos. Si se Transgrede el límite, debe intervenir en el conflicto e imponer determinadas conductas a las partes, tal cual lo establece la Ley General del Ambiente.

El Estado debe imponer a los particulares determinadas conductas o la directa prohibición de acciones, como forma previa al conflicto ambiental y como medio de prevenirlo. Esto se hace con la planificación territorial, con los estudios de factibilidad ambiental para proyectos u obras, con la creación de áreas protegidas  y  la penalización directa de conductas agresivas para el ambiente. Es decir: el Estado debe intervenir sobre el normal funcionamiento dellibre mercado” para evitar la desaparición de los  bosques, de la  pesca marina, de los pastizales naturales, de la pesca en agua dulce. También para detener la contaminación de las cuencas hídricas urbanas. En síntesis, para evitar que un país rico por su diversidad en ecorregiones se transforme en un ecosistema único, pobre y sobreexplotado.

Este debate es imprescindible si pretendemos discutir sobre políticas de biodiversidad u otras en relación al ambiente. Es falso que pueda diferenciarse la aplicación de políticas del rol que juega el Estado como regulador, en su condición de instancia jurídica suprema que representa el interés general de una sociedad.

En el primer número de Replanteo se hizo referencia a la necesidad de crear un espacio político de Centro izquierda en Argentina. Una mirada progresista sobre el modelo de desarrollo debe incorporar estas cuestiones como políticas de Estado. Y propiciar un manejo de los ecosistemas naturales que esté al servicio de mejorar las condiciones de vida de la población. Para ello debe darse una transformación de dichos ecosistemas que sea perdurable, que potencie su capacidad generadora de bienes, utilizando tecnologías adecuadas.

En este sentido, necesitamos, entre otras cosas, una ley de uso del suelo y el territorio, activar los dispositivos para el pleno cumplimiento de la ley de bosques, auspiciar políticas que limiten el avance de la frontera agropecuaria, contar con una norma de presupuestos mínimos para el manejo de la flora silvestre. Además es necesario actualizar la ley de fauna y, en materia de pesca marina, respetar los niveles de captura propuestos por el INIDEP.

Todo ello debe estar respaldado por una política científica y tecnológica que nos brinde instrumentos para hacer posible el objetivo de darle valor agregado a cada bien natural. Son sólo algunas de las acciones que debemos plantearnos para comenzar a cambiar la situación. Para hacer del manejo inteligente de nuestra biodiversidad una herramienta insoslayable para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable, que mejore progresiva y sostenidamente la calidad de vida de todos los argentinos.


 

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