La región, frente al espiral venezolano

Por Gabriel Puricelli*

En Venezuela han pasado cien días de movilizaciones callejeras constantes en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. El saldo ha sido de alrededor de 100 muertos en ese contexto. El gobierno cuenta con la legitimidad de su origen. Pero ha hecho trizas su legitimidad de ejercicio con una tóxica combinación de incompetencia de gestión y violación rampante de las normas constitucionales. Se ha deslizado hacia lo que Pablo Stefanoni ha denominado un autoritarismo caótico, es decir, un orden fundado en la arbitrariedad represiva, que no logra evitar que la trama social se deshilache cotidianamente, ni que la vida social siga una rutina mínimamente estable. América Latina no puede permanecer indiferente a esto, ni contentarse con la mera amonestación pública, debe encontrar caminos para ayudar a una solución pacífica.

Maduro no ha sabido mantener el apoyo popular que lo hizo presidente y tampoco ha sido capaz de renovarlo, devolviendo la palabra a la ciudadanía, como sí hizo su predecesor Hugo Chávez cada vez que vio erosionarse su consenso. Frente a eso se erige una oposición que se ha vuelto más heterogénea a medida que ha ido ensanchando su base. Tampoco es una amalgama perfecta el oficialismo. Tras la marca del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reúne una coalición de sectores populares, militares y empresarios favorecidos por el Estado. Es una mezcla de proporciones variables, donde cada deserción de la base popular consolida un papel cada vez más decisivo de los militares, tanto en lo político como en su papel preponderante en el sector estatal de la economía. El otro gran actor del drama venezolano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reúne a las familias que son o fueron propietarias de los mayores conglomerados empresariales del país, con un vasto contingente de ex-chavistas que rechazaron disolver sus organizaciones dentro del PSUV y se unieron a la oposición. Está también el grueso de la dirigencia política tradicional, se trate de la vieja Acción Democrática o del más novel Primero Justicia.

Maduro decidió abandonar el cauce constitucional a fines de 2015, el día que la mayoría de los venezolanos optaron por entregarle el control de la Asamblea Nacional a la MUD. Detallar los mecanismos por los cuales lo hizo resulta a esta altura anecdótico. Lo importante es que su decisión fue dinamitar los canales institucionales para el procesamiento de las diferencias políticas, desafiando a la oposición a hacer valer su condición mayoritaria de otro modo. La MUD no recogió ese guante de inmediato. Se empeñó durante todo 2016 en usar el poder legislativo para liberar a los presos políticos y en activar el mecanismo constitucional del referéndum revocatorio para adelantar las elecciones tras una probable derrota de Maduro. Esas dos iniciativas fueron fulminadas por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Consejo Nacional Electoral, respectivamente. La larga mano del presidente tenía (y tiene) bajo control ambas instancias. Fue recién en abril de este año que la disputa política se trasladó casi exclusivamente a las calles, donde dirimirla es un asunto que no está encuadrado por reglas. Lo que queda a mano en ese contexto son las vías de hecho. Para el gobierno queda la represión, por mano propia o tercerizada a agentes paraestatales, y para la oposición la insurrección. Decidir a pura fuerza el conflicto político es la opción preferida de los sectores que se ubican en los extremos del oficialismo y de la oposición. Es el escenario que le quita el oxígeno a quienes, en ambos campos, rehuyen el riesgo de guerra civil que acecha cada día. Es una coyuntura que pone en primer plano la cuestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su lealtad. Los militares empiezan a estar en alta demanda para que mantengan su apoyo a Maduro o precipiten su caída. Para un país donde no hubo dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX, en los tiempos en que todos sus vecinos sudamericanos sufrían una y otra vez de regímenes así, poner a los militares en el centro de la resolución del conflicto político es un retroceso epocal.


Frente a este panorama sombrío emergen hechos que abren una hendija. La concesión del beneficio de la prisión domiciliaria a Leopoldo López abre una angostísima ventana de oportunidad para incidir en favor de la vuelta de Venezuela al cauce constitucional.


Venezuela se encuentra sin dudas ante una encerrona. Para salir de la situación se requiere un retorno a la constitución, a partir de la aceptación, por parte del gobierno, del carácter mayoritario de la oposición en esta coyuntura. Otra opción es la aceptación de un tercero que posibilite los acuerdos mínimos necesarios entre actores que no reconocen la legitimidad del adversario y se desbarrancan definitivamente hacia la violencia. Lo que se postula como deseable no siempre está dentro de lo posible. La acción de quienes podrían aspirar a ser ese tercero poco ha hecho para alcanzarlo. Los vecinos de Venezuela tienen un interés muy concreto en que Venezuela no entre en una espiral de violencia. Ninguno de los países limítrofes está en condiciones materiales de hacer frente a una crisis humanitaria de gran escala y ninguno de los compradores de petróleo venezolano (con la excepción obvia del mayor entre éstos, EE.UU.) está en condiciones de afrontar su escasez o su encarecimiento. La región en su conjunto, que se destaca por su condición de zona de paz, no puede permitirse que surja un conflicto violento de consecuencias imprevisibles en Venezuela, al tiempo que Colombia encara un proceso de paz que no estará exento de tensiones.

Lo intentado hasta ahora ha oscilado entre iniciativas bien estructuradas y correctamente concebidas como la propuesta de diálogo de UNASUR, encabezada por su Secretario General, Ernesto Samper, acompañado por los ex-presidentes Leonel Fernández, de República Dominicana, Martín Torrijos, de Panamá, y el ex-presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. También se ha sentido la denuncia constante de la situación por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. La primera se ha estrellado contra la falta de predisposición de Maduro y la segunda ha rebotado contra la soberanía venezolana. El diálogo de la UNASUR fue estéril porque Maduro acompañó la participación esporádica de sus representantes con medidas anticonstitucionales y de acoso contra aquellos adversarios locales con los que se suponía estaba dialogando. La denuncia de Almagro cayó en saco roto porque se topó con un gobierno que hace años viene tomando distancia del sistema interamericano, empezando por su rechazo a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Almagro ha sacrificado la eficacia potencial de su rol al elegir gritar a voz en cuello toda la verdad sobre lo que sucede en Venezuela, en lugar de dosificar sus dichos de modo tal de obligar a Maduro a respetar su investidura.

Frente a este panorama sombrío, donde parece haberse esfumado toda esperanza en una resolución relativamente incruenta, emergen dos hechos que abren una hendija. Por un lado, la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria a Leopoldo López, el preso político más visible en el exterior. Esto abre una angostísima ventana de oportunidad para incidir en favor de la vuelta de Venezuela al cauce constitucional. Aprovechar la posibilidad de hacerlo obliga a una evaluación totalmente desprovista de ingenuidad del rol que han jugado en ese sentido los países vecinos y las instituciones regionales. Otro elemento nuevo es la conducta de una funcionaria clave, con innegables pergaminos chavistas, como la Fiscal General Luisa Ortega, que echa luz sobre una fisura importante en el seno del Estado. Ambos datos podrían ayudar a configurar un escenario de diálogo: el gesto con López es el tipo de acción que hubiera podido salvar en su momento el diálogo patrocinado por la UNASUR; la conducta de Ortega pone en evidencia que algunas salvaguardias institucionales siguen en pie. Son elementos que definen un terreno que gobierno y oposición pueden compartir. En el caso de López, la mejora de sus condiciones de detención puede ser percibida, por la oposición, como logro de la lucha, y por el gobierno, como gesto magnánimo. En el caso de Ortega, su acción encolumna a toda la oposición en la defensa de la constitución chavista de 1999, definiendo un punto de apoyo cierto para todo el sistema político.

Es partiendo de este diagnóstico que sugerimos que los vecinos de Venezuela pueden definir acciones conducentes. Argentina, para ocuparnos de uno de ellos, tiene una larga tradición diplomática de la cual sentirse genuinamente orgullosa. Sus gestiones de buenos oficios en medio de conflictos interestatales o domésticos en América Latina no sólo rindieron frutos en su momento sino que fueron reconocidos por la comunidad internacional. El canciller argentino Carlos Saavedra Lamas obtuvo el Premio Nobel de la Paz por ayudar a ponerle fin y evitar la repetición de la Guerra del Chaco. Mucho más cerca en el tiempo, el Presidente Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo trabajaron para alcanzar la paz en América Central, impulsando el Grupo de Amigos de Contadora, sabiendo que las incipientes democracias del Cono Sur necesitaban eliminar los pretextos para la injerencia abierta estadounidense en América Latina. A este respecto, vale una digresión: ese Grupo de Amigos luego pasó a ser el Grupo de Rio y hoy es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac).

Los elogios a la reunión de Leopoldo López con su familia que sus pares le han prodigado hasta ahora a Maduro deberían ser la ocasión para un cambio en la retórica con consecuencias bien prácticas. Todo lo que había que decir sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela ha sido dicho y las palabras han rebotado contra el frontón del madurismo. Le toca a las organizaciones no gubernamentales, más que a los gobiernos, persistir en la denuncia pública de esas violaciones. Lo que ha faltado es una acción coordinada, continua y discreta de las diplomacias de la región, en Venezuela, para lograr sentar al gobierno y la oposición a una mesa común. Es necesario abonar el terreno de la pre-negociación antes que anunciar iniciativas de diálogo voluntaristas. Es necesario que los líderes de los países abandonen toda especulación de obtener ganancias a nivel doméstico criticando a Maduro.


Lo que ha faltado es una acción coordinada, continua y discreta de las diplomacias de la región, en Venezuela, para lograr sentar al gobierno y la oposición a una mesa común.


Una iniciativa común de la región, que vaya en esa dirección, debería también hacer las cuentas con la diversidad creciente de la oposición a Maduro, que empieza a ser algo más que sólo la MUD. Debería, por cierto, partir de un diagnóstico de las estrategias potencialmente divergentes que existen en el seno de ésta. Convertir a Leopoldo López en el centro de la MUD es la primera tentación a evitar, por representatividad y por la política insurgente que pregona. Voces más representativas, como la del Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, o más enfáticamente dialoguistas, como la del Gobernador del Estado Lara, Henri Falcón, deberían ser escuchadas.

El pueblo venezolano está necesitando de sus vecinos una ayuda para sacarse de encima las restricciones a la soberanía popular que le impiden volver a tomar el propio destino en sus manos. Para ello, la primera forma de solidaridad que deberían mostrar los gobernantes de los países vecinos es resignar la ganancia política doméstica que obtienen por criticar a Maduro. Y, luego, invertir en recursos diplomáticos, con la contribución cooperativa de todas las cancillerías, para una acción discreta y concreta que logre los acuerdos necesarios.

“O inventamos o erramos” debería ser la idea de Simón Rodríguez que los presidentes le planteen a sus cancilleres a la hora de hacer lo que hay que hacer (y de no repetir lo que no ha tenido efecto). Es para ahorrar sangre y sufrimiento de hermanos venezolanos.

* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 

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Una respuesta a “La región, frente al espiral venezolano”

  1. ¿Está dispuesta a dialogar la oposición? Hablar de la situación en Venezuela sin mencionar que desde que Chavez llegó a la presidencia en 1998 hicieron todo para sacarlo, golpe de estado en 2002, denuncias de fraude en cada elección perdida, menos cuando ganaron (plebiscito 2005 y legisativas 2015), boicot permanente a la economía y ni hablar de la espiral de violencia iniciada por la oposición despues de la elección de Maduro con el llamado de Capriles, con mas de 30 muertos, destrucción de hospitales, escuelas, dependencias oficiales entre otras atrocidades que si fueron hechas por una minoría nunca fueron repudiadas por la dirigencia opositora y las imagenes que uno ve en este año es de manifestantes con mascaras, con armas, con bombas molotov, quemando personas. Frente a todo eso ¿el estado debe quedarse mirando? ¿La violencia es del gobierno nada mas? ¿el desabastecimiento lo produce el gobierno o los empresarios que contrabandean a Colombia? ¿es posible dialogar con quien no quiere y su única intención es sacarte del cargo? Creo que a la nota le faltaron muchos elementos de análisis.

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