Los desequilibrios sociales debilitan la democracia

Por Juan Manuel Casella y Fernando Casella

Para funcionar y consolidarse, la democracia necesita cierto nivel de homogeneidad social. El acceso de todos a una mínima calidad de vida es una condición básica de estabilidad y continuidad. La acumulación de diferencias arbitrarias en el plano material constituye una injusticia que agrede la sensibilidad moral de una sociedad democrática. Y además  impacta de manera directa sobre la capacidad de convivir en paz. El escenario social en la Argentina muestra desequilibrios que contradicen el objetivo de equidad en la distribución de los bienes, implícito en el ideal democrático. El mundo del trabajo es un buen ejemplo de esto.

Según las estadísticas del INDEC, del primer trimestre 2017, el total de trabajadores registrados es de 12.100.000. Esa cifra se compone del siguiente modo: 8.624.000 se desempeñan en la actividad privada, incluyendo asalariados y monotributistas; 3.490.000 son dependientes del Estado en sus tres niveles, el nacional con 740.000, los provinciales con  2.790.000 y municipal 452.000.

La tasa de trabajadores no registrados (precarizados) es altísima: 33,60%.  Equivale a más de cuatro millones de personas. A ellos hay que agregar a los registrados que cobran parte de su salario por fuera o “en negro”. El universo de la informalidad está desprotegido desde el punto de vista legal y previsional. Además percibe salarios menores y carece de bancarización porque cobra su sueldo en efectivo. Ahí aparece otra consecuencia distorsiva: la producción no registrada se comercia “cash”, condición ideal para la evasión impositiva.

La tasa de empleo ascendió en el mismo trimestre al 45,3 por ciento y la desocupación alcanzó el 7,6 de la población económicamente activa, porcentaje equivalente a 1.500.000 personas.

Durante los últimos cinco años corridos hasta diciembre de 2016, el sector privado no creó empleo en blanco. Desde 2011 en adelante, el único que demandó mano de obra fue el Estado, que entre 2003 y 2005, aumentó  el volumen de empleo público a un ritmo del 4 por ciento anual, elevándolo de 2.200.000 dependientes en 2003 a los casi 3.500.000 de hoy.

Es importante precisar la incidencia presupuestaria del empleo público: en 2016 la nación destinó el 10,4% de su presupuesto a pagar los salarios de sus 740.000 empleados. Está claro que una disminución en el empleo estatal nacional influiría muy relativamente en el nivel total del gasto.

La situación provincial es distinta. El gasto en personal absorbe el 57% del presupuesto en promedio. Pero es justo incorporar un dato: el gasto salarial en las provincias es relativamente rígido porque predomina el destinado a áreas no reducibles: seguridad, educación, salud y justicia.

El lunes 15 de mayo del 2017, el INDEC informó que la mitad de los argentinos ocupados gana menos de $ 10.000 por mes, mientras que el ingreso medio se ubica en $ 9.509, conforme la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Según el mismo Instituto, el 10 por ciento más rico de la población percibe ingresos equivalentes a los que recibe el 60 por ciento más pobre. Y además, la mitad de los hogares recibe ingresos inferiores a $ 16.000, cuando a diciembre de 2016, la canasta básica, que marca la línea de pobreza para familia tipo, era de $ 13.155.

Estos números no son una opinión. Demuestran el grado de injusticia que padecemos en el plano  social, reflejado en la pobre calidad de nuestra convivencia.

Pobreza y desigualdad

Después de años de ocultamiento, disimulado por excusas ridículas e irrespetuosas, en el segundo trimestre del 2016 el INDEC volvió a difundir el dato sobre niveles de pobreza, que en ese momento ascendía a 32,2 por ciento de los habitantes del país. En el último informe (28 de marzo de 2017) el 6,1 por ciento está constituido por indigentes. Esos datos indican que, más allá de la carencia de información oficial anterior al 2016, la pobreza y la indigencia crecieron desde 2011 en adelante.


La pobreza constituye una realidad agobiante, especialmente si tomamos en cuenta que en gran medida recae sobre niños y adolescentes, afectados en un nivel muy superior al promedio.


La pobreza constituye una realidad agobiante, especialmente si tomamos en cuenta que en gran medida recae sobre niños y adolescentes, afectados en un nivel muy superior al promedio. El capítulo más deplorable de ese recorrido consiste en que un sector importante del viejo Justicialismo se ha convencido de que la pobreza sirve como cantera electoral proveedora de voto cautivo y que, por lo tanto, conviene mantenerla.

Las causas de la pobreza son diversas y convergentes en sus efectos: la desocupación, la inflación, el trabajo en negro, son los factores inmediatos. El escaso nivel de inversión, la baja productividad, especialmente del sector público, la política impositiva, las crisis recurrentes y la corrupción impune son causas estructurales que impactan sobre el nivel salarial y su capacidad adquisitiva. El peronismo neoliberal de los ‘90 con su política de privatizaciones, desregulación y apertura, fue factor decisivo de este drama social.

El nivel de pobreza convierte a la Argentina en una sociedad dividida entre quienes están dentro del modelo económico y quienes quedan afuera. Esas dos sociedades paralelas sólo se relacionan por el conflicto. La invocación del respeto a la ley no alcanza: para quienes quedan fuera del sistema no hay ninguna razón, salvo su propio sentido del bien, que los obligue a cumplir la ley de quienes los excluyen.


El nivel de pobreza convierte a la Argentina en una sociedad dividida entre quienes están dentro del modelo económico y quienes quedan afuera.


La cuestión se complica cuando analizamos la realidad del mundo capitalista durante los últimos veinticinco años: crisis del estado de bienestar, proceso de concentración del ingreso y crecimiento del populismo autoritario, que hoy incorporó la variante norteamericana. El predominio del capitalismo financiero transformó la economía globalizada en un modelo de desigualdad ascendente que, en la práctica, favorece a la ultra derecha y desprestigia la democracia política, limando su capacidad de convocatoria y su vocación transformadora. En los países centrales no existen los niveles de pobreza que afectan a la Argentina, pero la clase media padece un deterioro sostenido de su calidad de vida que genera resentimiento y favorece la violencia.

En nuestro país, la desigualdad no es sólo económica sino también territorial. Las diferencias en el desarrollo regional se han profundizado por la falta de un sistema equilibrado y automático de distribución de los recursos públicos. La debilidad presupuestaria convierte el federalismo en una ficción y a los gobernadores en dependientes del poder central. La pobreza de las provincias favorece la migración interna, en un proceso de urbanización desordenada que aumenta el desarraigo y la exclusión.


Para quienes quedan fuera del sistema no hay ninguna razón, salvo su propio sentido del bien, que los obligue a cumplir la ley de quienes los excluyen.


El mercado es, sin dudas, el impulsor más eficiente para la producción de bienes, pero tiende a la concentración. Librado a su propia dinámica, favorece el privilegio y aumenta la desigualdad.

La distribución justa de los bienes es una cuestión política. Si entendemos la política como el arte de organizar la convivencia, debemos aceptar que la mejor convivencia solo será posible a partir de una acción pública que favorezca el mayor nivel de igualdad posible en el acceso a los bienes materiales.


 

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Una respuesta a “Los desequilibrios sociales debilitan la democracia”

  1. TODO ESTO SE TRADUCE EN UNA SOLA PALABRA O UNA ACCIÓN, LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCOSUR, Y LA IMPLANTACIÓN DE LA MONEDA CORRESPONDIENTE ACOMPAÑADO DE LAS BAJAS DE LA BARRERAS ADUANERAS, ASI COMO LO HIZO EUROPA, SINO DE ESTA MANERA SEGUIREMOS IMPRIMIENDO BILLETES HASTA AGOTAR LA CADENA DE ANIMALES EN CADA PRESENTACIÓN, DEUDA PENDIENTE QUE DEJO EL GOBIERNO DEL DR. RAUL ALFONSIN .

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