El neoliberalismo y la cuestión indígena

Por Pablo Quiroga

Hay pocos lugares de la vida política y social de nuestro país en los que se vea más claro el montaje de cinismo y negación de la vida, que el neoliberalismo organiza, que en el problema del acceso de las comunidades y pueblos indígenas a sus territorios y derechos. En nuestro país, los indígenas están protegidos, en teoría, por las máximas normativas. En la práctica, están abandonados a su suerte y perseguidos.

En la década del ‘90 se produjeron las dos dimensiones de esta contradicción. Por un lado, se reconocieron al máximo nivel sus derechos, en el año 1992 Argentina aprobó el Convenio 169 OIT (Ley 24.071) que asegura los derechos a la participación en la gestión de sus recursos naturales, el reconocimiento de la posesión y propiedad de las tierras, la consulta previa y el acceso a programas de desarrollo. Y en el año 1994 nuestra Constitución Nacional reformada le otorgó al Congreso la función de “…reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan…” (art. 75 inc.17).

Por otro parte, en dicha década, se construyó el andamiaje jurídico institucional para posibilitar el modelo de desarrollo extractivista que hoy vivimos. Para recordar algunos ejemplos: en 1992 se inició la privatización de YPF mediante la ley Nº 24.145 de federalización de Hidrocarburos; en 1996 se aprobó el uso de la soja transgénica; en 1993 se sancionó la ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196); y 1995 se reformó el código de minería mediante la ley 24.585, fijando condiciones leoninas a favor de las grandes empresas multinacionales, ávidas de oro, plata y cobre.

El resultado de ambos movimientos contradictorios es que en nuestro país hay una gran distancia entre el marco legal de protección indígena y su implementación efectiva. La brecha se registra en todos los aspectos de la vida indígena. La mayoría de las comunidades no cuenta con títulos comunitarios de las tierras que ocupan, muchas de ellas están sometidas a intentos de desalojo, el grueso de los pueblos y comunidades no accede efectivamente a educación bilingüe y muchos no acceden a condiciones de vida digna (vivienda, salud, educación).

En efecto, el avance de la frontera agrícola, el crecimiento del agronegocio de la soja y el desmonte, el aumento de la actividad minera e hidrocarburífera, han incrementado considerablemente los conflictos territoriales y ambientales entre los pueblos, las comunidades indígenas, los gobiernos provinciales y las empresas. Basta con revisar algunos de los principales números del modelo extractivo. Si en 1996 en Argentina había seis millones de hectáreas con soja, en 2003 había 12 millones de hectáreas y en la actualidad llega a 22 millones. Del mismo modo, si a inicios del año 2000 había 40 proyectos mineros en estudio, en 2015 habían aumentado a 800. Todos estos modos de producción requieren la ocupación legal o a la fuerza de territorios donde los indígenas viven. El acompañamiento de muchos jueces que desconocen el derecho que los asiste impone los desalojos. Esto es lo que afirma James Anaya, relator especial para derechos indígenas de la ONU, en el informe generado luego de su visita a la Argentina en 2012.

Amnistía Internacional ha relevado más de 250 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional) y empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras). También lo han hecho ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes. Los conflictos por el territorio no ocurrieron en un sangriento pasado neoliberal hoy sepultado. Se trata de una dinámica que actualmente está más vigente que nunca y que reclama una solución integral. El 3° Informe, del año 2012, sobre Conflictos sobre la Tenencia de la Tierra y Ambientales en la Región Chaqueña Argentina de la REDAF (Red Agroforestal del Chaco Argentino) indica que, hasta el momento, se identificaron 386 casos de conflictos sobre tenencia de tierra y medioambientales en la región. Sobre este total, se relevaron 248 cuestionarios, en 8 provincias de la Región Chaqueña, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Como las comunidades indígenas no cuentan con la titularidad de las tierras que ocupan, son sometidas a desalojos y carecen de protección legal. Se dictó en 2006 la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de tierras, prohíbe los desalojos y ordena realizar el relevamiento jurídico catastral de la situación dominial de las comunidades indígenas.

Esta ley no es un instrumento de regularización dominial, no realiza el acceso a los títulos de propiedad, sólo ordena el reconocimiento administrativo de las tierras que los indígenas ocupan en forma tradicional, actual y pública. Resulta valiosa la norma porque le otorga a las comunidades unas carpetas técnicas donde consta la posesión y los datos antropológicos, históricos y socio comunitarios de cada comunidad, lo cual puede ser expuesto en conflictos judiciales y extrajudiciales.

La ley 26.160 es un sistema de protección que tiene al menos dos debilidades. Por un lado, sólo realiza el relevamiento técnico de las tierras ocupadas, que no se traduce en un reconocimiento de la titularidad de las tierras. Además, su implementación lleva diez años y aún resta relevar al menos la mitad de las comunidades registradas actualmente en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de acuerdo con los datos publicados por la Auditoría General de la Nación (Informe AGN aprobado por Resolución 100/17). Los retrasos se deben a causas varias. Van desde una ejecución deficiente por parte de muchas provincias, que no parecen interesadas en avanzar en el reconocimiento, hasta una insuficiente dotación de recursos humanos, tecnológicos e institucionales al INAI para que avance adecuadamente en la tarea, tal como lo expresa la AGN en el referido informe.

Las comunidades y pueblos indígenas ocupan territorios que contienen recursos naturales valiosos. Algunos incluyen reservas de gas y petróleo, como Vaca Muerta. Otros conforman recursos turísticos y bienes paisajísticos de altísimo valor, como las tierras que disputan los mapuches con Benetton. También están los que tienen bosque nativo o simplemente porque son tierras codiciadas para la agricultura transgénica. Por más derechos constitucionales vigentes que mencionemos, si las comunidades indígenas no son acompañadas por las instituciones encargadas de aplicar la ley son amenazadas y desalojadas.


Las comunidades y pueblos indígenas ocupan territorios que contienen recursos naturales valiosos. Algunos incluyen reservas de gas y petróleo, como Vaca Muerta. Otros conforman recursos turísticos y bienes paisajísticos de altísimo valor, como las tierras que disputan los mapuches con Benetton.


Los gobiernos provinciales suelen tener lazos con las empresas y una tendencia a defenderlas, acorde con el paradigma de que hay que proteger la inversión privada. Los jueces y fiscales suelen desconocer la normativa de los derechos indígenas y tienen una tendencia a catalogar los actos de defensa indígena como ocupación ilegítima, desconociendo la legislación pública vigente. Hemos llegado al punto de que se invoca la ley antiterrorista contra los indígenas. Para poner un ejemplo reciente y bochornoso, cuando por milagro un fiscal reaccionó a favor de las comunidades y no del empresario de turno, el gobernador de la provincia, en este caso el de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió el juicio político de la fiscal Lorena Martínez.

Lo que importa aquí es recordar que las convenciones de derechos humanos suscritas por nuestro país les reconocen derechos a los indígenas, que conforman una comunidad de alrededor de dos millones de personas. También hay que remarcar que la población argentina no bajó íntegramente de los barcos, como le gusta pensar a cierta clase dirigente y gran parte de nuestra sociedad, que funda en su idealizado origen europeo todas sus esperanzas. Como indica un estudio de la UBA realizado por Daniel Corach [1], más del 50% de la población argentina tiene algún antepasado indígena, es decir, la mayoría somos en realidad mestizos.


La población argentina no bajó íntegramente de los barcos. Como indica un estudio de la UBA, realizado por Daniel Corach, más del 50% de la población argentina tiene algún antepasado indígena, es decir, que la mayoría somos en realidad mestizos.


Importa también entender que, en un contexto de explotación extractiva e insustentable de nuestros recursos naturales, el reconocimiento a las formas de vida indígena es un acto de irrestricta defensa nacional. Las formas de vida indígena son más compatibles, armoniosas y benéficas con nuestra biodiversidad que cualquier sistema de producción occidental que habilitemos. Esto cuenta para la agricultura en su modalidad hipernegativa del monocultivo transgénico, cuanto en modalidades menos impactantes como la rotación de cultivos tradicionales, que igualmente se basan en la maximización de beneficios en pocas manos. Lo mismo corre para la ganadería, pasando por la explotación minera, el turismo, la tala para forestar con especies no nativas, la pesca y cualquiera de nuestros negocios de producción primaria, basados todos en la explotación descontrolada de recursos naturales sin considerar su subsistencia.

El manejo que las comunidades hacen de sus territorios, de acuerdo con prácticas ancestrales, manteniendo la calidad e integridad de sus recursos naturales, nos presta un servicio invalorable. Conservan nuestro capital genético, nuestros bosques, nuestras aguas, nuestros suelos y resultan tan o más eficientes que nuestros parques nacionales, que están insularizados y desconectados entre sí, sobre todo si se piensa que las tierras de las comunidades indígenas no requieren costos fiscales.

Las comunidades y pueblos indígenas son parte vital de nuestra sociedad y atesoran nuestra memoria ancestral. También son nuestros principales aliados en la defensa de nuestra biodiversidad y en poner los primeros mojones en la lucha por recuperar las condiciones de sustentabilidad de nuestro ambiente.

Sin embargo, no son tenidos en cuenta por las reparticiones estatales que habilitan las actividades económicas concentradas, el Ministerio de Agroindustria, el de Energía y el de Turismo. Estas áreas del Estado ignoran la consulta previa y desconocen al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo encargado de velar por los intereses indígenas, el cual presenta una organización institucional desjerarquizada y aislada para imponer su punto de vista. Esto es lo que expresa el citado informe de la AGN que examina su rol en la implementación del convenio 169 OIT.

Los caminos posibles

Es necesario entonces coordinar la implementación de instrumentos normativos con que contamos, la ley de bosques, la ley de relevamiento de territorio indígena, las leyes de áreas protegidas y la ley de promoción de la agricultura indígena campesina y familiar. Esto serviría para armar un sistema que nos permita proteger nuestra biodiversidad y desarrollarnos en forma sostenible. Hay que usar la imaginación política y pensar la forma en que debe reconocerse la titularidad comunitaria de las tierras que ocupan los indígenas con un acuerdo de cooperación para hacer un manejo sustentable de nuestras áreas protegidas.

Aprobar una ley de propiedad comunitaria y otorgar títulos comunitarios a las comunidades indígenas, implementar la ley de agricultura indígena campesina y familiar, hacer acuerdos entre las comunidades y APN para acordar modos de manejo sustentable. Es decir, realizar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas es una política más segura para garantizar la biodiversidad en nuestro país que las grandilocuentes pretensiones de puristas del medio ambiente.

Por último, el gobierno actual renueva la misma contradicción que en los ’90. Por un lado adopta con entusiasmo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de ONU, entre los cuales se encuentra poner fin al hambre y cuya meta 2.4 es asegurar las “sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático. Sin embargo, por otra parte, no implementa políticas de desarrollo de los derechos indígenas, imprescindibles para cumplir con esa meta.

Lejos de ello, los conflictos se incrementan, en estas semanas son noticia las luchas de la comunidad mapuche de Esquel, en el marco de las cuales se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Ocurrió el primero de Agosto y a la hora de escribir esta nota aún nada se conoce sobre su paradero.

Argentina no va a cumplir las metas de los ODS si no se decide a reconocer efectivamente los derechos indígenas a los territorios que ocupan.

 

[1] Corach, Daniel; y Lao, Oscar (2010): «Inferring continental ancestry of argentineans from autosomal, Y-chromosomal and mitochondrial DNA», artículo en la revista Annals of Human Genetics, 28 (1): 65-76. Buenos Aires, 2010. ISSN 1469-1809.2009.00556.x. DOI 10.1111/j consultado el 27 de agosto de 2012.

 


 

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10 opiniones en “El neoliberalismo y la cuestión indígena”

  1. Lamentablemente el autor del libro desconoce las palabras y estudios de historiadores argentinos de la cuestión mapuche? quienes comprobaron que estos no son argentinos, sino resabios de aquellos asesinos que cruzaron la cordillera para matar a nuestros Tehuelches, robar sus mujeres y su ganado. Le aconsejo que lea, entre otros a Félix Luna y F.Castañeda , este,- nacido y criado en Valcheta quien recorriera y caminos y la historia patagónica y como ninguno. Además,, le aconsejo y que lea el libro testimonial titulado ” La desaparición de Árabes en la Patagonia Argentina” de Elías Chucair – también oriundo de la Patagonia – quien se encargó de recopilar historias de esos primigenios mapuches que mataron a mansalva y hasta cometieron antropofagia con los muertos. Fueron detenidos por fuerzas policiales del territorio después de muchos años de matar inocentes, siendo trasladados a la ciudad de Viedma donde fueron juzgados y condenados. En esta ciudad existen los pertinentes registros de esos sucesos además de primigenias fotografías de estos asesinos , hombres y mujeres, todos chilenos y mapuches. Abundando, por aquellos tiempos no existia documento alguno en los museos del sur donde se hable de la presencia, como originarios ,de estos indios mapuches. Ese es un “verso” que vino despues y que algunos políticos inescrupulosos, lograron instalar como tema.

    1. un comentario absolutamente tendencioso, dañino y parcial de norberto. la historia del pueblo mapuche aun se sigue descubriendo y construyendo. los hoy visibles somos el emergente de una cultura milenaria con objetivos bien definidos. quieren ser desconocidos y ocultados por estas pseudodemocracias y sus propaganderos.

    2. Estimado, yo no estaba cuando los antepasados de los mapuches cruzaron la cordillera en el siglo XIX y –según usted—hicieron esas cosas . Los actuales mapuches tampoco estaban . Que usted les niegue hoy argentinidad y derechos es tan absurdo como que me los niegue a mí poque mis abuelos en el siglo XIX eran madrileños no argentinos. Es obvio que la categorías políticas de los blancos son transevresales a las comunidades aborígenes, no me los categorice como mapuches
      Y chilenos para demonizarlos dos veces Condenar a un colectivo actual por lo que (supuestamente ) hicieron su ancestros se parece mucho a la tesis de los que persiguen judíos alegando que mataron a Jesús. Parece que el racismo y la xenofobia se reciclan ¿no?

    3. Muy de acuerdo con lo expresado por Norberto. Se trata de la realidad fáctica respaldada por los documentos históricos, contra la especulación intelectual del “que lindo sería”, así se regodean muchos en los ámbitos internacionales acumulando “prestigio”, pero sin haber pisado el terreno al cual se refieren. En el caso particular “mapuche”, tratan de imponernos una falacia que al final va decantando la verdadera intención que ocultan con tanta verborragia. Dialéctica quizás?

  2. Acá no se habla sólo de mapuches, sino de pueblos originarios en su totalidad en Argentina, hablar solamente de los mapuches es como desviar el tema de otras cuestiones que están pasando en este mismo momento en nuestra tierra y de las que nadie se hace eco. Me permito compartir con ustedes algo que publiqué en redes sociales el pasado 28-8-2017 y que sólo tuvo comentarios de tres personas, siendo que cuando publico temas mucho menos comprometidos hay muchísimos comentarios. ¿Será que nos molesta que nos pongan frenta a nuestras propias miserias? Gracias por su atención. Dice así: “Esto lo subí hace unas horas a un sitio de noticias y hasta ahora nadie me ha contestado nada, quizás por la hora; veremos mañana. No van a encontrar nada que no hayan publicado los diarios de Chubut en estos últimos 15 años, pero me tomé el trabajo de ordenar los datos y presentarlos en forma sintética. Si dudan de algunos de ellos, buceen en internet y van a ver que todo está allí. Que tengan muy buena semana. Nací en Entre Ríos y hace 32 años que resido en Patagonia, en Trelew. Me animo a escribir aquí y disculpen si la voy a hacer un poco larga, pero la desaparición de Santiago Maldonado tiene detrás de él, al menos acá en Chubut que fue donde ocurrió, muchos otros antecedentes que nunca tocaron los grandes medios y que están prácticamente silenciados en esta provincia; pienso que sería muy útil que se comenten estos hechos para que entiendan la matriz que hay detrás de ellos. No voy a emitir juicios de valor: sólo voy a poner nombres, fechas y lo poco que se sabe al respecto en cada caso. Comienzo:
    Octubre 2003 (gobierno radical de José Lizurume): la policía provincial detiene en Comodoro Rivadavia a Iván Bustos, quien desaparece a partir de ese momento. El caso fue llevado ante la CIDH.
    Julio de 2011 (gobierno de una de las vertientes del peronismo de Mario Das Neves, el actual gobernador): desaparición en la zona de Gan-Gan del peón rural Reimundo Pino. Como dato extra su madre, doña Hortencia Hueicha, es la lonko del lof Los Pino y hace tiempo que sostiene una disputa con una minera por el agua para su comunidad y hasta hoy sigue reclamando por su hijo.
    Semana Santa de 2013 (gobierno de Das Neves): Genaro y Cristian Calfullanca, padre e hijo, desaparecidos en la zona de Cholila donde se hallaban trabajando. Lo curioso es que pocos días después estaban citados a declarar como testigos en una causa por disputa de tierras.La familia acusó a la fiscalía que intervino en el caso por su inacción, diciendo que no investigó porque el caso salpicaba al poder político municipal de Cholila. Hasta el día de hoy nunca se supo que ocurrió con estas personas.
    Otras desapariciones en la meseta patagónica, quizás no relacionadas directamente con problemas de tierras, pero hasta hoy sin resolución:
    Abril de 2002 (gobierno del radical Lizurume): desaparición de Mónica Villagrán y su hija Lucía, de 8 meses, en Corcovado. Hasta hoy, sin resolución.
    2009 (gobierno de Das Neves): desaparición en Corcovado de Luciano González, sin resolución hasta ahora.
    2011 (gobierno de Das Neves): desaparición en José de San Martín de Germán Acosta, hasta hoy sin resolución.
    2012 (gobierno de Das Neves): desaparición en la zona de Esquel de César Torres, aunque se sabe que tenía problemas siquiátricos. El cuerpo, si es que murió, nunca fue hallado.
    2017 (gobierno de Das Neves): desaparición en la zona de Esquel de Santiago Maldonado (lo anoto para cerrar esta cronología). Quizás aquí la diferencia fundamental es que se adjudica la responsabilidad a Gendarmería y en los otros casos prácticamente nunca pudo adjudicarse a nadie las desapariciones.
    Casos de muertes dudosas de peones rurales y cuyas familias siempre dudaron de las explicaciones que se les dieron (observen los apellidos de la mayoría, por favor):
    Cervantes HUAYQUILAF
    Daniel MUÑOZ
    Victoriano CUAL
    José PICHALAO
    Juan CRESPO
    Juan Carlos CAÑIÚ
    Hubo otro caso, si mal no recuerdo hace unos veinte años, bajo el gobierno del radical Carlos Maestro, de una madre y su hijo, dueños de un hermoso campo en la cordillera, muertos en circunstancias que nunca se aclararon. Si no me falla la memoria (no encontré el archivo), me parece que algunos amigos del poder de turno adquirieron posteriormente el campo de los muertos.
    Para terminar y para que no pierdan de vista todo lo que no se dice y está en juego en Chubut:
    La explotación del oro en la cordillera se frenó por el plebiscito no vinculante de Esquel de 2003, bajo el gobierno de Lizurume. Fue tan contundente el “NO A LA MINA” que ningún gobierno volvió sobre el tema, pero eso no es garantía que en un futuro cercano no vayan a intentarlo de nuevo.
    Está frenado, por ahora al menos, el “Proyecto Navidad”, la explotación de plata más grande del mundo en la meseta central chubutense. ¿Hasta cuándo? Veremos.
    Agradezco su paciencia y nada de lo aquí escrito es secreto: es cuestión de tener paciencia, bucear en internet, armar la cronología adecuada y sacar las propias conclusiones. Que tengan muy buena semana y ojalá aparezca con bien Santiago, al igual que tantos otros desaparecidos.
    Me gusta · Responder · 28 de agosto a las 0:48

  3. con solo leer:”….artículo en la revista Annals of Human Genetics, 28 (1): ” ES SUFICIENTE ver como OCULTAN EL PRINCIPIO FILOSOFICO DE LA EUGENESIA, PERO A RAJATABLA LO EJECUTAN…y nosotros, “los sudacas” nos las tragamos todas !!! Y PALAUDIMOS, Y LO PUBLICAMOS …. cuando dejaremos de preservar, en gañados PARA LS RAZAS SUPERIORES!!!!!

  4. Son los extraterrestres que se llevan a los mapuches porque son lo mejor que hay en la tierra.

    La Argentina debería desaparecer y cederle todo el territorio a la Nación Mapu , en lo posible gobernada por una izquierda trotskysta o por un peronismo con vincha.

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