Colombia: elecciones y el laberinto de las guerras

Por Gabriel Puricelli *

Si la política es la continuación de la guerra por otros medios, en Colombia es la continuación de la guerra civil. Los medios, de a ratos y cada vez más, por suerte, son otros. Sin embargo, la política recae por períodos en los medios de la guerra y las elecciones son momentos en los que eso pasa.

El largo ciclo electoral de este año estuvo rodeado de la expectativa de fijar un nuevo punto de partida después de los acuerdos de paz. Arrancó con la campaña para el voto del 11 de marzo pasado, para elegir un nuevo Congreso, y terminará con una casi segura segunda vuelta electoral el 17 de junio. Sin embargo, estuvo anticipado por asesinatos políticos que tuvieron como víctima principal a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido legalizado que sucede a la guerrilla insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron un histórico acuerdo de paz en noviembre de 2016. El proceso que el acuerdo puso en marcha, sin embargo, estuvo marcado por el aura de repetición de lo ocurrido tras los acuerdos de 1984, con las FARC, sin exigir la entrega de las armas; y el de 1990, con la desmovilización y legalización como partido político del Movimiento 19 de abril. Ese primer acuerdo con las FARC fracasó después de que fuerzas paraestatales asesinaran a dos candidatos presidenciales, a más de 100 personas con cargos electivos y de 3.500 militantes de la Unión Patriótica. Éste era el partido legal que habían constituido entonces los desmovilizados de las FARC, dos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Auto-Defensa Obrera (ADO).

El M-19 decidió finalmente no participar del acuerdo de 1984. Cuando sí optó por reinsertarse, en 1990, su máximo líder y candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, fue asesinado también. A pesar de esto, el M-19, a diferencia de las FARC, no retomó el camino de la acción armada y participó de la redacción de una nueva constitución colombiana.

En el marco del actual proceso de paz, la gubernamental Oficina del Alto Comisionado para la Paz contabiliza, desde abril de 2017, un total de 36 militantes de la FARC asesinados, los dos últimos en enero pasado. Los crímenes se produjeron como parte de una violencia paramilitar que le ha costado la vida también a 13 familiares de ex-miembros de la guerrilla y a 73 líderes y lideresas sociales. Es lo que hizo constar el 27 de diciembre pasado el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en el informe al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Hace pocos días, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, llegó a hablar de “fracaso del sistema de protección estatal” frente a la ola de asesinatos y llamó a las autoridades a tomar acciones para detener la masacre.


“La gubernamental Oficina del Alto Comisionado para la Paz contabiliza, desde abril de 2017, un total de 36 militantes de la FARC asesinados”


Así y todo, la nave va. El 11 de marzo los colombianos renovaron en su totalidad el Senado y la Cámara de los Representantes. Como es el caso desde siempre, la tasa de participación fue de las más bajas de América del Sur. Aunque creció casi 5%, estuvo más de un punto por debajo del 50. La mitad de colombianos con derecho a votar volvió a optar por un Congreso multicolor y fragmentado. El partido más favorecido sólo fue elegido por uno de cada seis electores. Doce partidos tendrán bancas en el Senado y 16 las tendrán en la cámara baja. Los partidos tradicionales, que hasta los ‘90 habían configurado un bipartidismo de tinglado, con medio territorio hundido en la violencia como telón de fondo, se estabilizan como fuerzas minoritarias pero reconocibles. Liberales y conservadores obtienen una votación casi idéntica, algo más de 12% cada uno. De este modo, ambas fuerzas se confirman como meros espectadores expectantes de cómo un sistema político en flujo decide cuál será el próximo gobierno y se preparan para acomodarse en él. Al mismo tiempo, la última elección sancionó el ocaso del Partido Social de Unidad Nacional (la U), que languidece al tiempo que se agota el mandato constitucional del presidente Santos. Hubo dos millones y medio de los electores que tuvo hace cuatro años que emigraron hacia Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras, ex-vicepresidente de Santos y único candidato presidencial viable surgido del actual oficialismo. Hubo otros que volvieron al redil del antiguo mentor y hoy archienemigo del presidente saliente, el Centro Democrático de Álvaro Uribe, partido ultraderechista de paradójico nombre.

Todos los partidos ubicados de los liberales hacia la izquierda, Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo y Lista de la Decencia, ampliaron su apoyo electoral y reunieron en conjunto una votación parecida a la de la ultraderecha, que fue la fuerza más votada. Al rompecabezas hay que sumarle las cinco bancas en cada cámara que el acuerdo de paz le asignó automáticamente a las FARC.

La fragmentación que se ve en los resultados agregados refleja una dispersión aún más profunda del sistema político colombiano. Es un país con regiones muy diferenciadas, aisladas por cadenas montañosas y ríos que agigantan las distancias. Cada parte de Colombia constituye un subsistema y dentro de cada uno hay caudillos electorales que trabajan mucho más para sí mismos que para ningún partido nacional. La práctica todavía muy difundida de la compra del voto y la abundante liquidez que supone el narcotráfico agrega otro factor de dispersión. Los caudillos locales no necesitan ir a pedir dinero a Bogotá para comprar los votos necesarios para hacerse elegir al cargo que quieran.

Todo esto se superpone con la historia poscolonial colombiana. A contramano de los demás procesos de independencia sudamericana, en Colombia la centralización política y militar en la capital del país, que tarde o temprano ocurrió en los países vecinos, nunca logró imponerse.

El momento unificador llegará, eventualmente, con la elección presidencial. Así ha sido en ocasiones anteriores. Los partidos esperan que haya un presidente para decidir las coaliciones que le darán sustento parlamentario al gobierno. A diferencia de 2010 y 2014, las elecciones al Congreso tuvieron resultados muy discordantes con lo que las encuestas sugieren que podrían ser las opciones de los colombianos para presidente. Todos los sondeos de marzo coinciden en poner en primer lugar en intención de voto al uribista Iván Duque, aunque con porcentajes que varían ampliamente. Van del 18 al 46 por ciento. Los mismos muestreos colocan en segunda posición al ex-alcalde de Bogotá y ex-dirigente del M-19 Gustavo Petro, con porcentajes más parejos, entre el 21 y el 27 por ciento.


“La condición de zona de paz que tiene América del Sur sólo se consolidará definitivamente si el proceso colombiano llega a buen puerto”


En los papeles, de llegar a la presidencia, Duque podría contar sólo con 19 de los 108 senadores y 32 de los 172 representantes. Petro se encontraría en una situación mucho peor. Tendría cuatro y dos, respectivamente. Falta mucho para la primera vuelta, el 27 de mayo, pero la fotografía actual va dibujando una confrontación entre los candidatos situados en los extremos. Duque, de todos modos, estira el espectro más hacia la derecha de lo que Petro lo estira hacia la izquierda. Una polarización de este tipo es preocupante para el proceso de paz, permanentemente torpedeado por el ex-presidente Uribe. Duque emerge claramente como hegemónico en su espectro ideológico, donde no todos se oponen al proceso. El campo de la paz es ideológicamente plural. Abarca centroderecha y centro izquierda, lo que hace casi imposible que tenga un candidato único. De hecho, hasta hace poco tiempo no parecía claro que el candidato más viable a la izquierda del centro sería Petro. Las preferencias en ese campo aparecían repartidas parejas entre él y el ex-alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, de la coalición que reúne a la Alianza Verde y al Polo Democrático Alternativo.

Aunque es prematuro anticipar los dos nombres que irán a la casi segura segunda vuelta del 17 de junio, podemos hacer una especulación informada. Si la polarización se da estrictamente en términos de derecha o izquierda, el uribismo puede verse favorecido. Podría sumar al núcleo duro minoritario de quienes rechazan el proceso de paz y querrían hacerlo retroceder, llevando ante los tribunales a los ex-insurgentes. También tendría chances de incorporar electores de sensibilidad conservadora, que no rechazan ese proceso, pero que sí son susceptibles a receptar las acusaciones de “castrochavismo” que Duque dirige a Petro. En cambio, si las preferencias se ordenaran alrededor del tema del proceso de paz, Petro u otro candidato de ese campo, puede ser el beneficiario.

El perfeccionamiento de la condición de zona de paz que tiene América del Sur, que sólo se consolidará definitivamente si el proceso colombiano llega a buen puerto, se enfrenta a un momento decisivo con esta elección. “Que se cierre el ciclo infinito de las guerras civiles colombianas”, como deseaba Carlos Pizarro en su discurso durante la dejación de armas del M-19, depende en buena medida de la decisión que tienen en sus manos los colombianos. Toda América del Sur mira con atención.

 

 

* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 

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