Desafíos para la igualdad de género

Por María Eugenia Schmuck *

Este artículo tiene como objetivo plantear un recorrido sobre cómo el rol de la mujer en el trabajo y en la vida pública fue evolucionando y modificándose a lo largo del tiempo. Es para deconstruir la visión androcéntrica y reemplazarla por la lógica feminista, de igualdad y paridad de géneros.

En el pasado, la presencia femenina “era” una exigencia básica y primaria del cuidado. El trabajo de las mujeres fuera del hogar dejaba una ausencia que debía llenarse con otras presencias, también femeninas. Todas las mujeres eran madres en potencia. Y, en el ámbito de la beneficencia, que en esa época era sumamente característico del rol femenino, ellas se constituían también en madres de los pobres. Lo hacían con ciertos enfrentamientos con la asistencia médica y los defensores de la salud pública. En cambio, el universo laboral del que participaban (y participan) los hombres es ajeno a toda consideración sobre sus responsabilidades de cuidado familiar. Por lo tanto, la necesidad de conciliar responsabilidades familiares y laborales está más presente en las narrativas femeninas que en las masculinas.

La participación de la mujer en el mercado laboral se incrementó de forma sostenida a partir de las últimas décadas del siglo pasado, sobre todo en aquellas que viven en pareja y tienen hijos a cargo. Para las mujeres contemporáneas, el trabajo fuera de casa y la vida familiar se articulan en un continuo sin interrupciones. Han agregado tareas, responsabilidades y nuevos mandatos, sin haberse desprendido de la histórica responsabilidad de cuidado y atención de los miembros de su hogar. Por ello, si hoy sumamos el tiempo de trabajo remunerado y el no remunerado, la brecha entre varones y mujeres se evapora.

Hay una realidad: la lógica del mercado laboral actual apenas se adapta a las necesidades del cuidado familiar. Existe una escasez de políticas estatales que permitan trasladar el cuidado familiar al espacio público.

Por ejemplo: las licencias parentales son aún muy limitadas para las mujeres y casi inexistentes para los hombres. Esto traza una pauta que parece presuponer que el sujeto de la conciliación entre familia y trabajo es “femenino”, es decir, que no es a ellos a quienes compete el cuidado. En este sentido, la Argentina muestra un importante rezago frente a otros países de la región, como Uruguay, que asumieron el cuidado como parte constitutiva de la protección social ofrecida por el Estado y revisaron, incluso, los formatos de licencias parentales.

El fenómeno de mayor presencia laboral de la mujer en el mercado no estuvo acompañado de modificaciones significativas al interior de los hogares con parejas convivientes. No se observan “revoluciones domésticas” que impliquen responsabilidades compartidas puertas adentro. El resultado de este fenómeno es que el modelo nuclear patriarcal, basado en un único salario, se altera dramáticamente. Aumenta el número de hogares con dos trabajadores remunerados y, al mismo tiempo, dado el incremento de separaciones y divorcios, muchas mujeres quedan como único sostén económico de sus hogares. Su trabajo remunerado se torna fundamental para el mantenimiento de sus hijos. Ante esta situación cobra una gran importancia la necesidad de implementar jardines públicos para primera infancia.

Para concluir este apartado restaría cuestionarnos cómo revertiremos, en nivel políticas públicas, la ecuación del tiempo invertido en trabajo no remunerado contra trabajo remunerado. Esto, para que las mujeres dejen de ingresar al mercado laboral en una situación de desventaja relativa estructural. Hay un hecho: la dedicación masculina en las actividades de cuidado apenas supera las diez horas semanales mientras que en las mujeres alcanza entre las 27 y 18 horas.


“La dedicación masculina en las actividades de cuidado apenas supera las diez horas semanales, mientras que en las mujeres alcanza entre las 27 y 18 horas”


Hablando del ámbito público podemos decir, desde una perspectiva reduccionista, que el momento bisagra de la mujer en la Argentina fue a partir de la obtención del voto femenino, con la sanción de la ley 13010, en septiembre de 1947. La norma había sido alentada por el peronismo desde su campaña electoral, previa a las elecciones de 1946.

La sanción permitió la concurrencia de la mujer a las urnas y cumplió un deseo muchas veces postergado de las organizaciones feministas. Pero no significó de ninguna manera la adquisición de una conciencia política en quienes no la poseían hasta el momento. Tampoco representó una modificación importante en la condición laboral o social de las beneficiarias, a las cuales se las seguía mostrando como amas de casa, realizando labores de servicio.

El enfoque asistencial o de bienestar de los años sesenta identificaba a la mujer con su rol materno, convirtiéndola en la principal beneficiaria de programas asistenciales, considerado fundamental para la mujer y para el desarrollo económico de cada país. Estas políticas, en lo ideológico y en su implementación, conciben a la mujer como ente pasivo y receptor de beneficios gratuitos o subsidiados. La mujer en la vida pública adquiría presencia en las sociedades de beneficencia. Este enfoque tuvo una amplia acogida. Fue políticamente más cómodo porque no cuestionaba la visión tradicional del papel de la mujer. Y porque era más fácil ejecutar proyectos de asistencia social que incrementar la productividad y los ingresos de mujeres y hombres pobres.

En la década de los ’70 y ‘80 se empezó a considerar la importancia del papel productivo de las mujeres. Se abrió la perspectiva a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, enfatizando la independencia económica de las mujeres como sinónimo de igualdad. En esa misma época aparecieron representantes mujeres en los poderes legislativos. No fue suficiente. Este enfoque también reproducía las diferencias de género, en ingresos, en horas, en trabajo realizado, en actividad legislativa de las mujeres.

En la década de los ‘90 apareció la Ley 24.012 de cupo femenino, que buscó aumentar la representación de las mujeres en la política a través de cuotas de mínima participación en las listas de candidatos que presenten los partidos en las elecciones. Se estableció que al menos un 30% de las listas de candidatos debía estar ocupada por mujeres. La ley de cupo fue sancionada el 6 de noviembre de 1991 gracias a la lucha de generaciones de mujeres. La autora del proyecto original fue la senadora radical y feminista de Mendoza Margarita Malharro de Torres. Fue la primera ley de cupo sancionada en América Latina. Luego, otros once países latinoamericanos introdujeron leyes similares.

La ley de cupo tuvo un gran impacto. La Cámara de Diputados contó con 64 diputadas en 1995, 76 en 2001 y 93 en 2005. Los porcentajes respectivos fueron: 24,9%, 30% y 36,2% del total de diputados. En cuanto al Senado, el número de senadoras pasó del 2,8%, en 1995, al 33,3%, en 2001. En 2007, el 33% de los diputados y el 24% de los senadores, en el Congreso de la Nación, eran mujeres; y en 2011, el 38% en ambas cámaras. Había además un 42% de las comisiones de la Cámara de Diputados presididas por mujeres y un 32% en las del Senado.

Tal como demuestra Mariana Caminotti (2011), la ley “contribuyó a instalar la idea de que la ausencia de mujeres en ámbitos de decisión es problemática para la democracia porque muestra una brecha entre la igualdad formal y la real” y también había permitido instalar nuevos temas en la agenda del Parlamento. Temas como derechos de la mujer, igualdad de género o lucha contra la violencia de género, fueron instalados. “Sólo a partir de que hubo una masa crítica de mujeres en el Congreso empezó a legislarse sobre el cuerpo de las mujeres. Hasta entonces sólo existía un cuerpo masculino, que no paría, no menstruaba, no era violado ni acosado”.[1]

La mayoría de las provincias de Argentina establecieron leyes similares para sus elecciones provinciales, adaptando la ley nacional a sus propios contextos. En las legislaturas provinciales, en octubre de 2003, las diputadas eran el 27,9% del total de diputados y las senadoras un 20,4%.

Finalmente, el año pasado, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Se estableció que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores), y al Parlamento del Mercosur, deben armarse “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. Esto dejó sin efecto el cupo femenino.


“La ley de cupo tuvo un gran impacto. En el Senado Nacional, el número de senadoras pasó del 2,8% en 1995 al 33,3% en 2001”


La propuesta de paridad, con perspectiva de género, consiste en considerar a las mujeres y las niñas como protagonistas y no como parte subsumida en los hombres, las familias, los niños, los pueblos y las naciones. Es decir: como sujetos sociales específicos con definiciones históricas, necesidades, intereses, contribuciones, aspiraciones y problemáticas propias.

Hoy en día, y a pesar de los avances, la participación de las mujeres no es plena. Siguen existiendo sesgos machistas. La cuestión no es sólo llegar si no qué sucede después. En nuestras democracias reales hemos tratado a las mujeres como una minoría cuando no lo somos. La paridad no es sólo una cuestión de mujeres sino de calidad institucional de nuestra democracia. La paridad debe ser una política transversal en el Estado, en el mercado y en la familia. Debemos educar en igualdad, equidad y paridad; y definir una nueva forma de participación política que subvierta las actuales relaciones de poder basadas en la subordinación de las mujeres.

 

 

[1] Entrevista a Mariana Caminotti por Mariana Carabajal, Página 12, año 2011. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/170448-54265-2011-06-20.html

 

 * Concejala reelecta de la Ciudad de Rosario, docente de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de San Martín.


 

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