Aborto, la experiencia italiana

Por Sol Prieto *

Hace pocos meses, el Gobierno habilitó el debate sobre la posibilidad de legalizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, dándole un carácter legal, seguro y gratuito. Este debate dinamiza la movilización de numerosos actores sociales. El movimiento de mujeres es probablemente el más visible en esta discusión. Desde el primer Encuentro Nacional de Mujeres, que se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires en 1986 y al que acudieron alrededor de mil mujeres, hasta los últimos encuentros en Mar del Plata, Rosario y Resistencia, con promedios de asistencia de alrededor de 70 mil, un largo camino de organización y discusiones democráticas funcionó como un marco para instalar la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo como un problema de igualdad y salud. Las movilizaciones bajo la consigna “Ni Una Menos”, por su parte, sumaron a numerosos espacios partidarios, sociales, religiosos, feministas. Hubo una serie de novedosas combinaciones entre estos cuatro tipos de afluentes a un cambio ante el cual ningún actor de la sociedad parece poder mantenerse indiferente. A la vez, la coalición opositora a la reforma del Código Penal está integrada por múltiples expresiones del mundo católico. Hay organizaciones, cuadros políticos e intelectuales, especialistas religiosos y religiosas, grupos parroquiales, organizaciones de laicos y laicas, universidades y centros de estudios.

Una disputa por el sentido común

Ahora bien, las disputas que existen entre la coalición reformista de la legislación y la coalición opositora a la reforma no son disputas contenidas únicamente en la movilización en el espacio público y la suma de voluntades legislativas. Son peleas que apelan a ganar terreno en la opinión y el sentido común de las mayorías. Eso explica la incursión de muchas feministas visibles en los programas de los medios masivos de comunicación, al igual que la apelación a actrices, periodistas, personalidades de la cultura y el espectáculo, como promotoras de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo mismo ocurre en la coalición anti-reformista, en la cual muchos periodistas juegan un rol importante, con mensajes que llaman a “defender las dos vidas” (la de la persona embarazada y la del feto) y que a menudo definen al feminismo como un movimiento violento que promueve un “genocidio silencioso”, a través de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

La disputa por el sentido común y la opinión, tanto de parte de quienes promueven la reforma del Código Penal como de parte de quienes quieren mantener el statu quo, descansa sobre las creencias sociales que circulan en torno al feto. Tal como lo trabajaron cuidadosamente Gabriela Irrazábal y Karina Felitti, la construcción del feto como “bebito” (persona humana individual con existencia ontológica independiente del cuerpo de la persona gestante), lejos de tratarse de una construcción católica, comprende una serie de formaciones discursivas colectivas. Van desde la ciencia hasta la cultura de masas, pasando por los discursos religiosos y los dispositivos terapéuticos y mercantiles. En este marco, tanto los discursos de la coalición reformista de tipo “no se trata de una cuestión moral sino de salud”, como los de la coalición anti-reformista (“el no nacido es un bebito”) tienen por foco principal a estas creencias, sea para correrlas del eje del debate o para reforzarlas.

Aunque las creencias sobre los no nacidos se reproduzcan en múltiples campos y en culturas, no necesariamente vinculadas al cristianismo, la apropiación por parte del campo católico de estos discursos y creencias es un hecho insoslayable en los países católicos. En esta categoría están los países en los cuales la mayoría de las personas se considera católica y también en los que existen cruces y lógicas simbióticas entre la política y la religión mayoritaria. Por este motivo, explorar los casos de dos países católicos en los que el aborto se legalizó puede ser una forma interesante de comprender el modo en el cual esta pelea por el sentido común y la opinión de las mayorías puede desarrollarse y traducirse en un resultado legislativo. El caso de Italia, por sus características, puede resultar particularmente útil.

La legalización del aborto en Italia

La legislación italiana, desde 1978, autoriza el aborto terapéutico, que es en el que está en peligro la vida o salud física y psíquica de la madre. También permite el eugenésico, que es por malformaciones fetales; el ético, que es en caso de violación; y además autoriza a la mujer abortar por razones socioeconómicas y familiares. La ley no establece controles con el fin de asegurar que la mujer se atiene realmente a alguna de las causas previstas. Se trata de un marco legal lo suficientemente permisivo como para dejar en cada persona gestante la decisión de continuar o interrumpir su embarazo. Para comprender cómo es posible que el aborto sea legal en todos estos casos en un país que no solamente es católico sino que además contiene al epicentro institucional de la Iglesia católica es preciso analizar el proceso histórico que desembocó en este resultado.

En 1975, los partidos políticos decidieron comenzar el debate para cambiar la legislación prohibicionista a raíz de una iniciativa del líder de un partido entonces extraparlamentario, el Partido Radical (PR), que promovió un referéndum para anular la regulación fascista sobre el aborto. Con el objetivo de que no se llevara adelante esta consulta electoral, las demás fuerzas políticas comenzaron a discutir en el Parlamento esta cuestión.

Por otro lado, en el mismo año se dio a conocer un fallo del Tribunal Constitucional italiano que autorizaba un aborto terapéutico. Al hacerlo, se estableció el sentido de una posible reforma. El Poder Judicial, de este modo, encomendó a los legisladores a buscar un equilibrio entre los derechos de la mujer y aquellos que indirectamente se le otorgaban al no nacido o feto. Como consecuencia de esto, los proyectos de los partidos más importantes se enmarcaron en este mandato dado por el fallo.


El poder Judicial italiano encomendó con sus fallos a los legisladores buscar un equilibrio entre los derechos de la mujer y aquellos que se le otorgaban al no nacido.


Debido a que el referéndum sólo se iba a llevar adelante en el caso de que los partidos no establecieran este equilibrio mandado por la Corte, la opinión de las electoras y los electores resultó ser especialmente relevante para la elaboración de los proyectos. Las encuestas de opinión mostraron que la gran mayoría de los italianos y las italianas estaba decididamente a favor de permitir el aborto en una amplia gama de casos. La “situación social” era uno de estos casos.

En este contexto, la Democracia Cristiana (DC), que era la principal fuerza en el parlamento, aunque no contaba con mayoría suficiente para aprobar una reforma a su gusto, debía optar entre dos posibles estrategias. Una era dejar que se llevara a cabo el referéndum; la otra colaborar con los demás partidos en la elaboración de una reforma legislativa. Los y las integrantes de la DC decidieron evitar un referéndum cuyo resultado, además de poner fin al prohibicionismo fascista, iba a dejar en evidencia el contundente apoyo de las italianas y los italianos, incluso quienes apoyaban a la DC, a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Ante esta disyuntiva, el partido decidió trabajar en forma colaborativa con las demás fuerzas políticas. Esto implicó tener como principal actor en la negociación al Partido Comunista Italiano (PCI), que era la segunda fuerza más importante en el parlamento.

Esto dio lugar a varias rondas de negociación. En la primera ronda, la DC adoptó una postura difícil de sostener argumentalmente, pero que tenía un antecedente en el fallo del Tribunal Constitucional. La posición consistía en, por un lado, defender el “derecho a la vida desde la concepción” y, por otro, autorizar la interrupción voluntaria del embarazo con fines terapéuticos. Esta postura habilitó las negociaciones con el PCI de cara a un proyecto conjunto, pero a la vez resquebrajó a la DC entre los más “dialoguistas” y los más “intransigentes”.

En la segunda ronda, luego de las elecciones de 1976, el PCI había mejorado sustancialmente su posición relativa, debido a que hizo la mejor elección de su historia. Esto implicó, en términos de agenda política, la constitución de una mayoría a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en ambas cámaras, a pesar de que en el senado esta mayoría no era tan cómoda como en diputados. En este marco se formó el primer Gobierno democristiano con el PCI. Este doble fortalecimiento del PCI (en su posición legislativa y como aliado principal de la DC) mejoró su capacidad en la negociación de la reforma. Al mismo tiempo, los sondeos que se habían realizado previamente al referéndum reforzaron triplemente su posición respecto a este tema, lo cual llevaba al PCI a no buscar posiciones intermedias en este tema, a diferencia de lo que ocurría con otras agendas.

Por otra parte existía un componente del PCI que lo diferenciaba de otros partidos respecto a esta cuestión, su cercanía con el movimiento de mujeres, la cual estaba reforzada por las propias mujeres feministas que integraban el partido. Este componente implicaba que las y los dirigentes del Partido Comunista tuvieran que adecuarse a un electorado cada vez más abiertamente pro legalización. Esto llevó a que la segunda ronda de negociaciones representara, desde el punto de vista del proyecto y los consensos de las fuerzas políticas de izquierda, un avance legalizador respecto a la primera, en la cual sólo se contemplaban los motivos terapéuticos. Sin embargo, este avance no se pudo plasmar en una reforma concreta. El motivo fue que, cuando el proyecto llegó al Senado, un grupo de francotiradores en contra de la legalización ingresó al edificio con la anuencia de la DC y el Partido Socialista Italiano (PSI).


La presencia pública del movimiento de mujeres como “grupo de presión” sobre las y los parlamentarios resultó central en el debate italiano.


La tercera ronda de negociación, que comenzó en 1977, se abrió en el marco del anuncio del Tribunal Constitucional de una fecha límite para la realización del referéndum. Esto implicaba que si la reforma no se aprobaba en pocos meses, la consulta electoral se realizaría. En este marco, los partidos se concentraron en alcanzar una solución que pudiese sumar efectivamente la mayoría de los apoyos en ambas cámaras y disuadiera a la DC de seguir postergando el debate.

Para ello, el PCI tuvo una estrategia “a tres bandas”. En primer lugar, muchos y muchas comunistas mantuvieron un discurso fuertemente abroquelado en torno a la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. Acentuaron la necesidad de dar una respuesta al drama social de las mujeres pobres que morían o sufrían gravemente en interrupciones del embarazo que se realizaban de manera clandestina. Esto desembocó en una exitosa campaña “contra el aborto clandestino”. Es decir, para la opinión pública,, el PCI no cambió su postura por una más negociada o “comprometida” en términos políticos. En segundo lugar, mientras sostenían este discurso ideológicamente cargado, los y las representantes del PCI negociaron en algunos aspectos relativos a las cuestiones prácticas del acceso a la salud en la legislación. Una de las concesiones respecto a esta cuestión fue la desregulación de la “libertad de conciencia” de los y las profesionales de la salud. Esto luego derivó en un problema en el acceso al sistema médico en regiones antiabortistas de Italia, como Puglia, donde actualmente existe el derecho formal a interrumpir un embarazo, pero encontrar un profesional de la salud que facilite el acceso es casi imposible. En tercer lugar, el partido dejó en manos de un grupo de “catocomunistas” (legisladores católicos militantes que se habían presentado como candidatos independientes en las listas del PCI) los discursos con posiciones más conciliadoras con la DC. De este modo, en 1978 se aprobó la ley que sigue vigente hasta la actualidad, que se refrendó por amplia mayoría en 1981, a través de dos referéndums, uno promovido por el PR y otro por grupos antiabortistas.

Claves del caso italiano

Si bien Italia es un parlamentarismo y esto puede implicar una serie de diferencias con el presidencialismo argentino, hay algunas claves que pueden resultar útiles para comprender la discusión actual. En primer lugar, la presencia pública del movimiento de mujeres como “grupo de presión” sobre las y los representantes. Esto resultó central en el debate italiano. En segundo lugar, y relacionado con este primer punto, la importancia de que un partido político, en este caso el PCI, se comprometiera por motivos políticos y estratégicos a pasar la legislación. Si ningún partido de peso se hubiera avocado a esto, probablemente la sanción no hubiese resultado posible. En tercer lugar, el hincapié de la campaña “contra el aborto clandestino” como una forma de, justamente, correr del centro del debate las creencias movilizadas por el movimiento católico en torno al feto. Resulta insostenible como discurso público decir que no es relevante que las mujeres pobres mueran por causas evitables. Por eso combatir discursivamente el aborto clandestino puede movilizar a mayorías más amplias que un discurso únicamente centrado en la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos. En cuarto lugar, el punto quizás más importante a la luz del debate en Argentina, es que, si bien existió un primer intento frustrado de pasar la ley en el senado, lo cierto es que a los dos años el proyecto se convirtió en ley. Esto parecería indicar que, cuando se abre la compuerta social y el tema se instala, aparece en la televisión, en las escuelas, en los diarios, en las calles y en el Parlamento, se vuelve cada vez más dificultoso obstruir la discusión. Por último, cuando se instala la posibilidad de un referéndum favorable, la opinión de las electoras y los electores se vuelve un elemento central en la agenda legislativa. Esto no implica que sea necesario realizar una consulta popular, pero sí echa luz sobre lo que puede ocurrir cuando un sector de la sociedad juega “la carta del referéndum”.

 

*  Socióloga, Docente (UBA) e Investigación (CEIL-Conicet)


 

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3 opiniones en “Aborto, la experiencia italiana”

  1. Que haremos con la rama de la Biologia que es la Embriologia y se enseña en la Universidades como una verdad? El embrion es vida. Lo demas es la llegada de la sociedad de consumo a una parte que no tenia blanqueada y la manifestacion clara que el capitalismo se basa en el individulismo y en la ley del mas fuerte. La comodidad, el ocio y el placer, y la libre eleccion de bienes y servicios que quiero consumir no puede estar limitada por un embrion. Este es el argumento anti ético que acompaña a la mentira cientifica sobre que no existe muerte en el aborto.

  2. Italia no es un pais catolico per se
    Y en ella no está contenido el epicentro institucional del catolicismo!. Eso es el vaticano que es un estado independiente limitrofe a la republica de italia…
    Mas precision por favor!

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