Lula preso, pronóstico de tormenta

Por Gabriel Puricelli *

Las condiciones de la economía y las de la política en Brasil se combinaron en 2016 para producir una tormenta perfecta. El espiral descendente que provocó el ajuste implementado por Dilma Rousseff, apenas comenzó su segunda presidencia, al cruzarse con el descrédito creciente de la élite política y empresarial, abrió un vórtice. Ese remolino se tragó en primer lugar a la propia Dilma y, con el encarcelamiento de Lula, puede haberse tragado la posibilidad más cierta de ponerle pausa a una tormenta que está dañando la democracia y poniendo un freno a la recuperación económica.

Las investigaciones judiciales sobre la corrupción sistémica, desde 2014, agrupadas en una serie de procesos como las operaciones Lava Jato y Zelotes, comenzaron a poner al desnudo una asociación ilícita entre el Estado y una serie de grandes conglomerados privados. Este esquema financió durante décadas las campañas políticas, pagó el peaje legislativo en un congreso fragmentado, hizo ricos a políticos plebeyos y súper-ricos a los empresarios más poderosos de Brasil. Una parte de este funcionamiento había salido a la luz con el mensalão, en 2005. Sin embargo, eran tiempos de bonanza económica y la tormenta pasó sin impedir que la alianza organizada alrededor del Partido de los Trabajadores (PT) ganara las siguientes tres elecciones presidenciales. Los hechos investigados en aquel caso llevaron a la cárcel a símbolos del PT, como el ex-jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, y a José Genoíno, ex-guerrillero, ex-presidente del PT, ex-diputado más votado de Brasil. Dirceu y Genoíno no sólo eran probablemente las dos caras del PT más conocidas después de Lula, fueron además los más activos acusadores en el juicio político, en 1992, contra el entonces presidente Fernando Collor de Melo. Con las condenas contra ambos, ellos y su partido pasaron de ser espada justiciera a un partido como los otros. La mancha que a los otros partidos no les hubiera cambiado su naturaleza de tigres sí fue suficiente para modificar para siempre la forma en que el PT era percibido por propios y, sobre todo, ajenos.

Los sucesivos (y bien ganados) triunfos electorales posteriores no pudieron hacer nada por devolverle al PT su aura original. El partido reconstruyó su legitimidad sobre bases distintas. Ya no se apoyaba en la radical discontinuidad que representaba en el modo de hacer política. Sus pilares ahora fueron la eficacia de su gestión y la justicia de las políticas públicas que adoptó para que la bonanza económica que trajo el boom de las commodities sirviera para incorporar a más de 40 millones de brasileños a la ciudadanía. En ese proceso, la sociología electoral del PT mutaría también. Perdió el apoyo entre las clases medias profesionales y acrecentó su adhesión entre los sectores más pobres. La traducción geográfica de esta tendencia se vio claramente cuando Lula fue reelecto. Después de ganar 25 de los 26 estados en 2002, en 2006 no logró ganar uno sólo de los estados del sudeste, pero arrasó en todos los ubicados al norte de San Pablo. En el camino, además, había perdido una costilla izquierda, con la fractura que condujo a la fundación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en 2004.

La historia de los 14 años del PT en el gobierno no puede ser reducida a una pocas líneas, pero a los efectos de entender la coyuntura urgente de hoy vamos a identificar dos elementos que son imprescindibles para entenderla. Aceptó gobernar en las condiciones que le venían dadas, tanto en la relación entre el Estado y las empresas como en la construcción de gobernabilidad repartiendo ilegalmente recursos del Estado a legisladores y partidos políticos. Desechó la movilización de su base como otro recurso posible (y novedoso para la cultura política brasileña) para garantizar esa gobernabilidad. En esas dos opciones se cifra lo esencial por estas horas. Nadie en el PT que haya tenido altas responsabilidades gubernamentales es invulnerable a las investigaciones sobre la corrupción. Y la posibilidad de suscitar una movilización popular contundente cuando las decisiones judiciales pretenden tutelar el proceso político está fuera del alcance del partido.

El voto del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, rechazando el hábeas corpus en favor de Lula, con el que su defensa buscaba evitarle el encarcelamiento antes de que se resuelvan las dos apelaciones contra su condena que están pendientes, puso en evidencia cómo los jueces se han puesto por encima de la constitución brasileña. En este caso, arrogándose la facultad de restringir el principio de inocencia y el goce de la libertad de los ciudadanos bajo proceso, sin importar la definición constitucional muy explícita sobre eso. Esto suma otro agravante. El STF eligió poner primero en su calendario la discusión sobre el habeas corpus, donde la jurisprudencia era contraria a Lula, en vez de abocarse a dos acciones declarativas de constitucionalidad, presentadas en octubre de 2016. Estos planteos podría haber modificado la jurisprudencia a favor del ex presidente. Era lo que se esperaba luego de conocidos los cambios de postura en la materia de algunos ministros del STF, que anteriormente apoyaron el criterio hoy vigente. Si a ello le sumamos la declaración, a través de su cuenta personal en Twitter, del jefe del Ejército Eduardo Villas Boas, instando al STF a un “repudio a la impunidad”, queda configurado un cuadro de una gravedad institucional preocupante. Esta alarma no es sólo para Brasil sino para toda América del Sur, donde la intromisión de las fuerzas armadas en la política se pensaba cosa del pasado.


“El voto del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, rechazando el hábeas corpus en favor de Lula, puso en evidencia cómo los jueces se han puesto por encima de la constitución brasileña”.


El criterio jurisprudencial vigente ha significado la prisión preventiva para decenas de casos en los que los procesados hubieran debido gozar de la garantía constitucional que prevé que nadie vaya preso hasta agotar las cuatro instancias judiciales que existen en Brasil. Se trata de una piedra angular de la Operación Lava Jato. Los jueces y fiscales que participan de esta operación, además de apoyarse en su capacidad de investigar hechos concretos, han impuesto muchas veces la prisión preventiva para “quebrar” a los procesados y proceder a nuevas detenciones por un atajo. En la mayoría de los casos, las delaciones premiadas han permitido, ex post facto, probar los delitos, con lo cual se perfeccionaban las acusaciones. Hasta ahora, el fin justificó los medios, así lo entiende la judicatura de Brasil.
No es, sin embargo, el caso de Lula. El ex mandatario fue señalado en una delación que premió Leo Pinheiro, de la constructora OAS, con la reducción de una pena por corrupción y lavado de dinero. Los dichos del empresario no lograron ser corroborados por ninguna prueba concluyente. Entonces se llegó a una condena contra Lula y a su ratificación sobre la base de las “convicciones” de los jueces del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre y del juez de Curitiba Sergio Moro, que actuó fuera de su jurisdicción. Según los jueces, la acción criminal concreta deberían probar, más allá de toda duda razonable, fue el “conjunto de la obra” (sic) de gobierno del acusado. Concretamente: consideraron que, aunque no está a su nombre y no fue ocupado nunca ni por el ex-presidente, ni por su esposa ya fallecida, hay suficientes indicios como para llegar a la conclusión de que el departamento le iba a ser entregado a Lula como soborno. Una de las figuras del código penal brasileño en la que los jueces encuadraron esto es “corrupción pasiva”, es decir, la omisión de un acto de gobierno a sabiendas de que la misma beneficiará a un particular. Como Lula ya no era presidente al momento de producirse los hechos que los jueces tomaron como indicios, la sentencia concluye que las omisiones de Lula forman parte del “conjunto” de su acción gubernamental y que el soborno se iba a hacer efectivo como compensación retroactiva.

Lo alambicado de la decisión del juez Moro no se borra con el sencillo argumento de señalar que su veredicto ha sido ratificado, y su sentencia agravada, por un tribunal de apelaciones. Esa ratificación puede ser vista, en cambio, como un indicador de la voluntad colectiva de jueces y fiscales de tutelar el proceso político, definiendo quiénes son los réprobos que deben ser excluidos.


“La ratificación de la condena a Lula puede ser vista como un indicador de la voluntad colectiva de jueces y fiscales de tutelar el proceso político, definiendo quiénes son los réprobos que deben ser excluidos”.


El principio de división de poderes se ha considerado deseable históricamente porque se suponía que conducía a un equilibrio. En un contexto donde el ejecutivo y el legislativo se han autolesionado, abusando de prácticas corruptas, sería necesario un judicial que se comporte de manera sobria, autoimponiéndose los más altos estándares de imparcialidad y absteniéndose de influir directamente en el proceso político. Lo contrario va a provocar el desequilibrio que el reparto de poder procuraba evitar. Si además de esto, la lógica irreductiblemente binaria de los tribunales, que deben juzgar inocencia o culpabilidad sin posibilidades de terceras opciones, pasa a dominar el debate público, el camino de regreso a una comunidad política incluyente se hará inevitablemente difícil.

La comparación de la Operación Lava Jato con el proceso mani pulite muestra como datos comunes la importancia de una aplicación poco garantista-aunque no arbitraria-de la prisión preventiva y la influencia de las decisiones judiciales sobre un proceso político, que cambió al compás de los descubrimientos que se fueron haciendo en ambos casos. En contraste con estas similitudes, dos diferencias deberían llamar nuestra atención. Mani pulite no les ahorró la persecución a dirigentes corruptos de ningún partido, como sí ocurre en Brasil con los dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña. Los jueces italianos no se arrogaron la selección de candidaturas acelerando o demorando procesos con las elecciones en mente.

Retomando y para finalizar, en el caso brasileño no cabe sugerir la beatificación de Lula, un ex-presidente que aceptó las condiciones en las que tuvo que gobernar, incluyendo aquellas que suponían la comisión de delitos por distintos actores políticos. Sin embargo, esa conducta, en tanto no haya pruebas de un delito de su autoría, se juzga en una sola sede: las elecciones. Hacer de esto objeto de reproche penal es violatorio no sólo de la constitución de Brasil sino de cualquier definición sana de estado de derecho. La tormenta perfecta brasileña no se disipará hasta que el país recupere un dinamismo económico que ponga freno a la caída del ingreso per capita año tras año y hasta que no se empiece a reconstruir la legitimidad de la democracia. Esto debe empezar con elecciones que validen o sancionen liderazgos y no les toca a los jueces sacar a nadie de la cancha. Una elección genuinamente competitiva en Brasil podría ser una pausa en esta tormenta. Hoy todo indica que no la habrá.

 

* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 

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