Contra una democracia renga

Por Pablo Quiroga

Democracia significa más que votar cada dos años, que respetar las instituciones republicanas y el derecho de expresión. Si esas son las únicas condiciones que se brindan, a la larga, también estarán en riesgo.

Raúl Alfonsín diferenciaba a la república, es decir, a un país con división de poderes, publicidad de los actos de gobierno y respeto a las libertades individuales, de la democracia. Sostenía que la democracia, además de garantizar valores republicanos, debía procurar transformar las relaciones sociales y de producción para que se incorpore a las grandes mayorías a los bienes que la sociedad acumula. Debe procurar incluir a todos. No debe hacerlo sólo en el mercado de consumo sino también en la estructura cultural. Esto implica darles visibilidad a sectores excluidos hasta facilitarles el acceso al manejo de las más complejas tecnologías. No es sólo para equipar la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Es para que también tengan la posibilidad de expresar las inquietudes, temores, intereses y reclamos, que a lo largo de la historia fueron escasamente representadas.

Para Alfonsín podía existir un sistema republicano que fuese a la vez democráticamente débil. Por eso aquello de “sólo con la democracia se come, se educa y se cura”. Sin la democracia es imposible. Pero en democracia deben implementarse políticas para que sea posible, sino, queda renga.

Hoy vemos mucho de esa renguera. En otra nota de Replanteo comentamos como, al amparo de una situación externa excepcional, se incorporó al mercado de consumo a millones de personas y se reconocieron nuevos derechos a minorías. Lamentablemente, ese momento de excepción, por los precios de los comóditis, no fue aprovechado para intentar un cambio en la matriz productiva que nos permitiera salir del modelo productor y exportador de semillas y metales, sin valor agregado. Ese cambio hubiera significado, al compás de un crecimiento más integrado e inteligente, sostener en el tiempo esos avances sociales registrados.

Lamentablemente, el kirnerismo dejó pasar la oportunidad y al final de sus doce años dejó un Estado débil, con pocos instrumentos para cambiar la ecuación.

El gobierno del PRO, por convicciones ideológicas, no cree en el Estado como regulador de las fuerzas e intereses que se enfrentan en la sociedad. Desde un principio implementó un proceso de desregulación de la economía con la idea de que el mercado, una vez liberadas sus fuerzas y energía, generaría las inversiones necesarias para un crecimiento progresivo de la economía.

Nosotros creemos, también por principios ideológicos, que el mercado no crea sociedades justas. Lo que lo mueve es el afán de lucro. No es una crítica al mercado como tal. Esa es su naturaleza. Lo equivocado es pretender que dé otra cosa. Para generar condiciones para la construcción de una sociedad más justa se necesita que la política ponga las reglas de juego, incentivando decisiones que lleven a distribuir en forma más equitativa la riqueza. Si no hay un Estado fuerte y presente esa situación de mayor justicia (más democracia) no llega.


Nosotros creemos, también por principios ideológicos, que el mercado no crea sociedades justas”.


Veamos algún caso concreto. En los primeros días de este gobierno, diciembre de 2015, se decidió llevar a adelante una devaluación que llevó el precio del dólar oficial de 9 a 15 pesos. Con esa medida se le dio al sector agropecuario una mejora notable en su rentabilidad. En el mismo momento se resolvió quitarle las retenciones al trigo y al maíz y progresivamente ir quitándoselas a la soja. Recordemos que estas medidas se tomaron al mismo tiempo en que se afirmaba que el nuevo gobierno comenzaba su gestión condicionado por la dura herencia recibida. Esta herencia se manifestaba, entre otras cosas, en un fuerte déficit fiscal. Entonces nos preguntamos: ¿por qué desfinanciar al Estado sacando retenciones a una actividad a la que se acababa de beneficiar con la devaluación? Es más, el trigo sin retenciones libera su valor al precio internacional. Por eso hoy lo sufrimos con aumentos de la harina que llevan a que el pan tenga valores prohibitivos para amplios sectores sociales. Si alguien creía que el mercado se preocuparía por el acceso de millones de personas al pan, ahí tiene la repuesta.

No se confía en el mecanismo de la acción política, que hubiese significado negociar con esos sectores productivos una revisión de las condiciones de las retenciones en un tiempo futuro. Lo que nos resulta inadmisible es que, al mismo tiempo que se denuncia un estado débil en sus cuentas, se decida debilitarlo aún más sin buscar alternativas. Y, en todo caso, sí se buscaron alternativas, pero no fue por el lado de los ingresos sino de los gastos. Cabe recordar que las retenciones, además de al sector agropecuario, se le quitaron a la minería y que se limitó el impuesto a los bienes personales.

Cuando esta nota se escribe, el gobierno le ofrece a los sindicatos de trabajadores del Estado un aumento en paritarias del 12% o 15% en tres cuotas, cuando no hay medición que ubique la inflación del 2018 por debajo del 25%. Se les está pidiendo a los trabajadores que bajen sus salarios un 13% porque hay que disminuir el déficit.

El gobierno intenta licuar el carácter político de las medidas que toma, atribuyéndoselas a una mecánica económica inevitable, supuestamente producto de la herencia. Lo que hay en realidad son decisiones políticamente auténticas, es decir, una voluntad para beneficiar a ciertos sectores en la distribución de la riqueza.

Aceptando la existencia de los conflictos de intereses, a nuestro entender, una medida democrática, una política democrática, es la que beneficia a los sectores postergados de la sociedad.


“Lo que nos resulta inadmisible es que, al mismo tiempo que se denuncia un estado débil en sus cuentas, se decida debilitarlo aún más bajando impuestos a sectores poderosos”.


En la situación de hoy, la discusión de los problemas económicos se centra (¿a pedido del FMI?) en el déficit fiscal. Y, a su vez, ese déficit sólo se explica por el lado de los gastos y nunca por el de los ingresos. Esto impide un debate más amplio, imprescindible, sobre cómo crecemos “democráticamente”, con más mano de obra, más valor agregado, más inteligencia, más integración regional, y con una inversión que dañe menos el medio ambiente. Discutir los ingresos es discutir quién financia al Estado.

Si en lugar de exigirle un mayor esfuerzo a los que más tienen discutimos sólo como nos achicamos, se saca de la agenda la construcción de esa sociedad democrática. Todo esto nos persuade cada vez más de la necesidad de alcanzar un consenso en el debate entre fuerzas políticas, económicas y sociales, sobre cómo lograr ese crecimiento virtuoso. Y como sostener en el tiempo un estilo de desarrollo que logre los objetivos que la democracia debe darse para poder llamarse tal.

Es inconveniente la convocatoria del gobierno para discutir sólo cómo disminuimos el déficit. Es casi lo mismo que llamar para debatir una política de achicamiento. A lo que se debe convocar es a la construcción de una política de crecimiento sostenida en el tiempo, con plazos que van más allá de los años de un gobierno. Es la manera de que la política recupere el rol de ordenador de la sociedad, limite el poder de los mercados y les dé voz y participación en las decisiones a todos los sectores que conviven en nuestra sociedad.

Desde fines de los 70 (en 1979 asumía el gobierno Margaret Thatcher en Gran Bretaña), el mundo comenzó un proceso de cambio. Dejó atrás el consenso socialdemócrata del estado de bienestar, construido luego de la segunda guerra mundial, y avanzó hacia un nuevo consenso neoliberal, que se profundizó luego de la desaparición de la Unión Soviética y del riesgo del comunismo. Desde entonces, el capitalismo, sin rivales al frente, comenzó a desarmar el primer consenso socialdemócrata, concentrando la riqueza en pocas manos, limitando derechos adquiridos por los trabajadores, rompiendo las mayas de contención social y con la idea de lo social. Reemplazó todo esto por el individualismo y el triunfador meritorio.

Nuestro país no fue ajeno a ese proceso. Por eso a veces da la sensación de que sólo se debate dentro de la lógica neoliberal. Hoy es aceptada por muchos la necesidad de que el Estado se retire de la intervención económica, de que se premie al exitoso meritocrático, individualista y egoísta en sus objetivos y logros. Se critican los paros lanzados por los sindicatos y los problemas que provocan con los cortes de calles (haciendo desaparecer en la queja al sujeto social que representan: los trabajadores). Y nada se dice de los empresarios que evaden impuestos, remiten millones de dólares al exterior o amenazan con trasladar sus empresas a otros países si se les sacan beneficios de todo tipo.

Al mismo tiempo que se aplaude el avance de la frontera agropecuaria para sembrar un poco más de soja, se ignoran las miles de hectáreas de bosque nativo que desaparecen. Con eso, se condena a las poblaciones de pueblos originarios, que ahí viven, para garantizar la ganancia de unos pocos. También se condena a los pueblos originarios por protestar por y reclamar por el hábitat donde vivieron por generaciones que simplemente desaparece. Y, muchas veces, terminan en la cárcel por esas protestas.

(Ver en Replanteo la nota: “El neoliberalismo y la cuestión indígena”)

Estas concepciones, naturalmente, nos alejan de aquel modelo democrático que proponía Alfonsín. Es necesario impulsar una nueva agenda, que ofrezca una alternativa a la cultura liberal instalada. Comencemos por recuperar para las fuerzas populares el significante de la palabra democracia. El neoliberalismo sólo la usa para garantizar la libertad del capital concentrado. Cuando alguna medida política les molesta (retenciones, control de entrada y salida de divisas, exigencia de liquidar dólares, discutir la concentración mediática) se grita a los cuatro vientos contra esas las medidas “antidemocráticas”. Pero cuando se les quitan derechos a los trabajadores se asegura que es por el bien de todos y para la creación de un país moderno, integrado al mundo.

Para nosotros antidemocrático es aplicar políticas que concentren la riqueza y el poder en pocas manos, que destruyan el tejido social, propongan más control al accionar de los sindicatos y pretendan que los sectores más postergados sigan en esa situación por siempre. Ese significante democrático y quien lo represente es tan importante hoy como en 1983.

Propongamos recuperar al Estado y a la política como regulador de los intereses que compiten en la sociedad, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad democrática, donde sea prioritaria la representación de los intereses de los que menos tienen. Debatamos no como achicar el Estado sino como financiamos esa nueva construcción social, partiendo de la base de que deben ser los que más tienen quienes deben hacer el mayor esfuerzo. Imaginemos un estado que ponga límites a la propiedad, que prohíba nuevas producciones agropecuarias en zonas de bosque nativos, que podamos utilizar inteligentemente esos recursos naturales y genéticos con inversión en ciencia y tecnología para desarrollar una industria nacional de alimentos y medicinas. Por qué no proponer cortar los contratos con empresas multinacionales que desarrollan megaminería en la alta montaña. Por qué no hacerlo hasta que pueda industrializarse en el país el oro, la plata y el cobre, al menos en un porcentaje, con empresas nacionales que se asocien en el proceso hasta que se modifique la ley de inversiones mineras. Es mejor mantener las reservas metalíferas que desprenderse de ellas por casi nada, dejando a las provincias proveedoras de los metales más pobres que antes de la explotación y con un enorme pasivo ambiental.

Es necesario impulsar un proceso de industrialización como el que comentamos antes. Hay que darle valor en el país a los metales, al litio, a los recursos naturales renovables, más la industria tradicional.

También es evidente que el desarrollo de la robótica reemplaza mano de obra en cantidades crecientes. Es por lo tanto el momento de plantear la necesidad de implementar la asignación universal a cada habitante del país. Por supuesto que el debate sobre de dónde salen los recursos debe darse al mismo tiempo. Salir de la grieta y proponer una agenda novedosa es tarea de las fuerzas de centoizquierda o socialdemócratas. Pueden representar a millones de argentinos que hoy se encuentran desorientados, desilusionados y angustiados por sentir que no tienen voz ni representación de sus intereses.

El cómo debe ser el armado de ese espacio será motivo de otra nota, pero pretendemos dejar en claro que la construcción de una democracia social, como la que soñó y propuso al pueblo argentino Raúl Alfonsín. No es una utopía. Sí es, en todo caso, un desafío político complejo, que lejos está de ser imposible.

 


 

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Una respuesta a “Contra una democracia renga”

  1. Muchas gracias Pablo Quiroga, pusiste en palabras, lo que muchos argentinos pensamos y sentimos del actual estado de nuestro país, tanto por las políticas implementadas por los neoliberales, como por el gobierno anterior. Con el permiso de Uds. lo voy a compartir en las redes, para que se escuchen las voces de los que no tenemos cámara ni micrófonos.. Quizás encontremos entre todos las posibilidad de que se escuche una opinión diferente. Nuevamente muchas gracias.

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