Aborto: el largo proceso español

Por Sol Prieto *

El 5 de julio de 2010, en España entró en vigor la ley 2/2010 “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. La norma contempla la descriminalización, para todos los casos, de la práctica del aborto durante las primeras 14 semanas, en las cuales las personas con cuerpos gestantes pueden  tomar la decisión libre e informada de interrumpir sus embarazos. En casos de riesgo grave de la salud o la vida de la madre o el feto, la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera legal y segura se extiende hasta las 22 semanas. De allí en adelante, el embarazo sólo puede ser interrumpido en casos en los que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o se diagnostique una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto y este diagnóstico sea confirmado por un comité clínico.

En la actualidad el movimiento feminista español da cuenta de importantes niveles de masividad y coordinación. Sin embargo, la ley de salud sexual y reproductiva de 2010 llegó al recinto luego de la decisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en su 37mo Congreso, que se realizó en 2008. Entre las resoluciones de este Congreso estuvo la “revisión y actualización de la legislación sobre el aborto tras 23 años de su entrada en vigor, por los profundos cambios sociales y médico científicos que han tenido lugar durante esta etapa y los avances logrados en materia de los derechos de las mujeres. Apoyaremos la revisión y la elaboración de una nueva ley que recoja las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos”. José Luis Rodríguez Zapatero tradujo esta definición en una política pública. Lo hizo a pesar de que esto representó un problema dentro del PSOE y también al interior de su electorado, que en gran medida rechazaba la legalización por plazos, en especial en el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a abortar sin el consentimiento de sus padres.

En suma, el cambio de legislación más reciente en España respecto al aborto surgió del ámbito de la política en su dimensión más institucionalizada (un congreso partidario) más que de la protesta social y la movilización de actores en la arena pública. Esta institucionalidad, sin embargo, no se construyó sobre el vacío. Se montó sobre las peleas previas del feminismo por ampliar el acceso a la interrupción voluntaria que había dado la Ley 9/1985.

Antecedentes de la 9/1985

La ley española actual (2/2010), que regula la interrupción del embarazo desde un modelo de plazos, reemplazó a una previa, del 5 de julio de 1985, que establecía un modelo de despenalización por causales.  El aborto se realizaría en condiciones legales únicamente bajo los siguientes supuestos: si existiera “un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”; en caso de violación si se lo ejecuta durante las primeras doce semanas de gestación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con “graves taras físicas o psíquicas”. Fuera de estas causales, la práctica sería penalizada con la cárcel como se estipulaba antes de 1985.

Tal como lo describió cuidadosamente Mariana Carbajal en su libro El aborto en debate, bajo la primer causal, “grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada”, llegaron a realizarse un promedio de 92 mil abortos anuales en España. Fue especialmente a partir de la consolidación de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAIVE), principal entidad que agrupa a los centros médicos acreditados por las autoridades sanitarias para practicar abortos. La concepción integral de “salud” que sostiene la Organización Mundial de la Salud es de “estado de perfecto bienestar físico, mental y social”. Para esta definición, que va más allá de la ausencia de enfermedad, cualquier embarazo no deseado implica un peligro grave para la salud de la mujer.  En este marco es que las clínicas de la ACAIVE realizan abortos desde 1985.

La legalidad del aborto por causales representó en aquel contexto un triunfo posterior a una larga lucha por parte del feminismo español.  En el ocaso del franquismo, el feminismo español de la segunda ola emprendió un proceso de avance y recuperación de derechos de las mujeres que habían sido conculcados en el marco de la ofensiva integrista, familista y patriarcal, encabezada por el gobierno dictatorial de Francisco Franco. Esta dictadura tuvo políticas que representaron un serio retroceso respecto a la Constitución de 1931, en la medida en la cual le quitaron a las mujeres casi todo tipo independencia económica, legal y sexual. Se dictaron leyes discriminatorias en el ámbito civil y político. Las normas laborales empeoraron las condiciones de trabajo  de las mujeres y la Ley de Enseñanza Primaria instauró una enseñanza diferenciada para niños y niñas, reforzando una división sexual del trabajo apoyada en estereotipos de género.

En este contexto se creó, en la década de 1960, el Movimiento para la Liberación de la Mujer y el Movimiento Democrático de las Mujeres. Estas dos organizaciones buscaron influir en los debates durante la transición democrática. El activismo del movimiento feminista durante la década de 1970 se enfocó en la condición de las amas de casa, la discriminación en el sistema educativo, la implementación de normas laborales igualitarias y reformas en el Código Civil. Estas demandas abrieron paso a una agenda centrada en la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, la despenalización de anticonceptivos, la eliminación del adulterio como delito, que regía únicamente para las mujeres, y la no discriminación legal entre los sexos.


“El activismo del movimiento feminista durante la década de 1970, luego de la caída de Franco, se enfocó en la condición de las amas de casa, en la discriminación en el sistema educativo  y  la implementación de normas laborales igualitarias.”


Este contexto de emergencia y creciente visibilización del movimiento de mujeres abrió el debate en torno a la legalización parcial del aborto en 1985. En 1979 se inició un juicio contra diez mujeres pobres, madres de varios hijos, y de un médico, debido a que la práctica del aborto había sido penalizada en todos los casos por el franquismo. El caso, que se originó en Bilbao (País Vasco) cobró notoriedad debido a que el movimiento feminista inició una intensa campaña pidiendo la libertad para las “once de Bilbao”. En el marco de esta campaña, muchas artistas y personalidades públicas dijeron públicamente que habían recurrido a la práctica del aborto (“yo he abortado”). Esta campaña mediática se complementó exitosamente con importantes movilizaciones en el espacio público, algunas de las cuales tuvieron un gran impacto. Algunas de las acciones que realizaban las mujeres en el marco de esta campaña era asistir masivamente a un juzgado y “confesar” que habían abortado y que por lo tanto les correspondía ir a juicio como las once de Bilbao. El objeto de esta acción era demostrar la imposibilidad de perseguir y punir una práctica tan generalizada como el aborto. Finalmente, en 1983, las once personas judicializadas fueron indultadas y el debate llevó al Primer Ministro Felipe González a promover la legalización parcial del aborto, que entró en vigencia el 5 de julio de 1985.

Esta legalización parcial bajo el paradigma de aborto por causales implicó un avance en los derechos de las mujeres. Sin embargo siguió teniendo algunos límites. Varios profesionales de la salud, por ejemplo, continuaron recibiendo denuncias por parte de organizaciones católicas. Y ya a principios del siglo XXI, muchas parejas y ex parejas de las mujeres comenzaron a radicar denuncias contra ellas, en caso de que se realizaran abortos, como estrategia de “chantaje” para contrarrestar denuncias de violencia de género o para ejercer dicha violencia. De este modo, ante una denuncia por violencia de género radicada por una mujer, las parejas o ex parejas respondían con otra denuncia, contra las mujeres que abortaban, cuestionando el argumento del “riesgo de salud”. De la misma manera, cuando las mujeres decidían cortar un vínculo violento recibían estas denuncias por parte de sus ex parejas. Si bien en la enorme mayoría de estos casos  las personas acusadas no terminaban condenadas, el propio proceso judicial representaba un daño.


“Ante una denuncia por violencia de género radicada por una mujer, las parejas o ex parejas respondían con otra denuncia, contra las mujeres que abortaban, cuestionando el argumento del “riesgo de salud”.”


Estos problemas, sumados a la definición cada vez más firme del PSOE de avanzar en una creciente laicización del Estado,  llevaron a la sanción de una ley que despenaliza el aborto bajo el paradigma de los plazos del embarazo y ya no las causas que llevan a una persona gestante a abortar.

El catolicismo, más presente en el Estado y la política que en la sociedad

Al igual que en el caso irlandés, y en cierto modo el caso argentino, el catolicismo español, fundamentalmente a través de la Iglesia católica como institución, funcionó como un obstaculizador o actor de veto ante la despenalización. Fue así  en 1985 y en 2010.  ¿Pero de dónde proviene esta capacidad de veto?

En la actualidad, si bien el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en España, la situación de la dinámica religiosa es de ruptura del monopolio católico. Esto  significa que la Iglesia Católica perdió su lugar central a la hora de demarcar las creencias consideradas legítimas de aquellas que no lo son. De acuerdo a la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo oficial que realiza encuestas periódicas sobre estos y otros temas, el 67,4 % de las personas que viven en España (incluyendo al País Vasco) se consideran católicas; 15,6 se considera “no creyente”; el 12,2 “ateas”; el 2,6 “creyentes de otra religión” y 2,3 no contestan.  Si se comparan estos datos con los de 1975, donde el 95% de los españoles se consideraban a sí mismos católicos, la situación de ruptura del monopolio católico salta a la vista.

Esto lleva a pensar que el lugar que ocupa el catolicismo en los discursos políticos, en los posicionamientos de los representantes y en las políticas públicas, no se deriva de la cantidad ni de la proporción de personas católicas. Su peso se debe sobre todo al lugar que la Iglesia, aunque no excluyentemente, ocupó en la política española durante el franquismo.

Este lugar del catolicismo fue similar al lugar que el catolicismo ocupó en Irlanda. Durante la guerra civil y luego con la dictadura de Franco, el catolicismo español funcionó como un nacionalismo por sustitución. Dotó a una población heterogénea en todo sentido (regional, étnico, lingüístico, político y nacional) de una identidad homogénea. Lo “católico” y lo “español” quedaban equiparados como dos términos de una equivalencia. Esta operación identitaria se hizo desde el poder del Estado. A la vez que el aparato estatal a través de sus instituciones, sus símbolos, sus discursos, sus escuelas, catolizaba a la nación española para construirla, la Iglesia católica, a través de sus discursos, sus símbolos y sus espacios de sociabilidad, legitimaba al poder político.

En suma, el catolicismo español no resultó un actor de veto y definición de políticas públicas debido a su carácter mayoritario sino, sobre todo, a su simbiosis con el poder político. Esta simbiosis no implica necesariamente un acuerdo de cúpulas eclesiásticas y políticas, aunque en muchos casos estos acuerdos aparecen a lo largo de la historia. Lo que sí hace es dar cuenta del carácter público del catolicismo. Tal como lo estudió José Casanova en su célebre trabajo Public Religions in the Modern World, el catolicismo, al igual que otras religiones, se resiste a actuar únicamente en el ámbito de una esfera. Lejos de esto, busca ofrecer formas de actuar en el mundo, de transformarlo y de vivir el catolicismo en todas las esferas de la vida. Este catolicismo público e integral se  encontró con un movimiento nacionalista que movilizaba todo el tiempo las memorias de una España católica e imperial. Esto generó un nacionalismo por sustitución que lo dotó de capacidad para intervenir en las políticas públicas y en la dinámica política en general.

Un intento de marcha atrás entre 2012 y 2014

 

Por este motivo es que, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, buscó modificar nuevamente la legislación sobre el aborto, que había sido fuertemente rechazada por la Iglesia Católica. Ruiz-Gallardón es un fiscal y político del Partido Popular con estrechos vínculos con la jerarquía católica y el movimiento católico español.

El proyecto de Ruiz-Gallardón buscó volver a la despenalización por causales, estableciendo como supuestos para la realización de abortos legales la violación o el peligro de la vida o la salud psíquica de la persona gestante.  El proyecto sostenía que para acreditar las características riesgosas del embarazo, las personas gestantes iban a tener que aportar los informes de dos médicos de distintos centros hospitalarios dentro de las primeras 22 semanas. Y para acreditar la violación, iban a tener que radicar una denuncia ante la Justicia por agresión sexual dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Además, las jóvenes de menos de 18 años iban a tener que contar con el asentimiento de sus progenitores o responsables.

Finalmente, debido a la intensa movilización de las mujeres, el proyecto no prosperó y en 2014 Ruiz-Gallardón debió renunciar.

Qué aporta el caso español

El largo recorrido del caso español deja dos puntos importantes para tener en cuenta a la hora de pensar el debate sobre el aborto en Argentina. En primer lugar, deja al descubierto que si España es considerado un país católico, no se debe al paisaje religioso sino a las características que adquirió el catolicismo a lo largo de la historia de la nación española. Estas características se resumen en la idea del catolicismo como nacionalismo por sustitución. No es la mayoría católica la que hace del catolicismo un actor de veto e intervención política. Es la historia de la nación española, especialmente durante el franquismo.

El caso español muestra también que la ley de 2010 se alcanzó sobre todo a través de canales fuertemente institucionalizados, el congreso partidario del PSOE y luego el Parlamento. Sin embargo, la historia previa del movimiento de mujeres y el avance que representó la ley de 1985 no pueden pensarse como fenómenos disociados del resultado final. Lejos de esto, constituyeron su principal antecedente. Esto hace posible pensar que en los países en los cuales el catolicismo funciona como un nacionalismo por sustitución, la emergencia de los movimientos de mujeres y su visibilización son factores muy influyentes en los procesos de legalización del aborto. El movimiento de mujeres resulta también un actor clave para impedir retrocesos respecto a los derechos adquiridos en un sentido de mayor soberanía de las personas gestantes sobre sus cuerpos.

 

*  Socióloga, Docente (UBA) e Investigación (CEIL-Conicet)


 

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4 opiniones en “Aborto: el largo proceso español”

  1. Rompe con el patriarcado! !! Aprende construcción,maneja la pala y acarrea ladrillos. Cumplí con tu jornada de 8 hs rompiendote y lomo 6 dias a la semana y abras conquistado el mundo!!!!!!!! (Te lo digo yo,que trabajo haciendo lo que amo…carpintería) FUERA EL FEMINISMO EXTREMO!!!!

  2. O sea q en los países donde el catolicismo actúa como Nacionalistas por sustitución el feminismo puede defecar y quemar iglesias. Desnudarse y burlarse de Cristo…pueden ser dueñas de su cuerpo y matar un feto sin permiso de nadie ni siquiera del hombre q también forma parte en la creación de esa vida q está en el vientre por más q se diagnostique q será un ser humano con síndrome de dawn ?????

  3. La socióloga pretenss, empecinadamente, hacer un parangón entre los casos: España y Argentina que es antojadizo e incomparable.
    No hay aquí, ningún partido de izquierda que haya decidido en Asamblea, promover el tema aborto; sino un presidente de la Nueva Derecha liberal.
    El catolicismo local ha perdido movilización en manos del evangelismo mucho mas radical en su visión religiosa.
    Los grupos feministas mediáticos son solventados económica, técnica y doctrinariamente por empresas y organizaciones transnacionales abortistas, pero son rechazados por ña sociedad.

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