Hablemos de la Justicia, parte II

Por Alejandra García y Lucas Bellotti San Martín

En el número anterior de Replanteo se publicó la primera parte de este artículo. Aquí se reproduce sólo el inicio de la introducción para luego seguir con los ejes centrales que se proponen debatir.

El Poder Judicial ha ganado en Argentina una centralidad creciente, en el discurso mediático y en el político. Es un fenómeno que reconoce varias causas, entre ellas, un corrimiento cada vez mayor de las fronteras de lo justiciable. Es una versión muy particular del sistema capitalista en el medio local que –afortunadamente– es poco tolerante con ciertas desigualdades. También es una muy notoria estrategia oficial consistente en descargar en el Poder Judicial los resultados de varias acciones u omisiones de las agencias políticas del Estado, particularmente las ejecutivas.

Las encuestas de opinión colocan al Poder Judicial entre las instituciones que menos confianza despiertan entre los ciudadanos. Esta es una cuestión que debe ser abordada con seriedad y urgencia. Los tribunales de justicia se legitiman únicamente a través del prestigio o la fuerza moral de sus decisiones. Son valores que difícilmente se logran en un contexto de generalizada desconfianza. Por otra parte, no es tan frecuente oír que esta idea de la opinión pública también se encuentra cargada de prejuicios o conceptos tomados de discursos que no necesariamente por repetidos son veraces.

El riesgo de las reformas aristocratizantes

En el contexto señalado es necesario estar particularmente alertas con respecto a reformas que, bajo ropajes modernizadores o eficientistas, avancen sobre garantías o derechos esenciales de los colectivos más necesitados de justicia.

Es el caso de la llamada justicia de baja cuantía o de pequeñas causas, que aparece reiteradamente en los borradores de reforma que en la actualidad circulan. Es cierto que es una política que, de manera general, sugieren algunos organismos internacionales prestigiosos en la materia. Pero es una apuesta que no parece saludable para la realidad argentina. En primer lugar, hay un dato histórico al respecto: ese modelo existió y fracasó. Hasta 1989, en el ámbito de la Capital Federal, existió la llamada justicia especial en lo civil y comercial, que precisamente tenía una competencia restringida en razón del monto. Se tramitaban ante ella causas que tenían contenido patrimonial relativamente bajo. Ese fuero especial se eliminó, en el ‘89, y sus competencias fueron absorbidas por los juzgados civiles y comerciales con competencias separadas y sin limitaciones en razón del monto. Alguna relevancia parece que hay que darle a la experiencia histórica que llevó a esa eliminación, que en la jerga abogadil era llamado peyorativamente “de trocha angosta”.

No puede ignorarse la relación verdaderamente conflictiva que tiene la cultura argentina con la legalidad. El culto a la transgresión que nos distingue no parece combinar bien con la existencia de fueros deprimidos en su consideración social, susceptibles de ser captados como de segunda clase. Esta es una advertencia que formulan los propios organismos que recomiendan estas políticas judiciales y las han estudiado con seriedad.

Cabe una crítica conceptual a propuestas de este tenor. A esta altura del siglo XXI, creer que una causa es más o menos compleja por la importancia económica del litigio es un abordaje excesivamente patrimonialista, en el que el ser humano en sí mismo deja de ser considerado el eje sobre el que se estructura la organización judicial.

No siempre los litigios de cuantía modesta son menos complejos. El desalojo de una vivienda habitada por múltiples familias con niños, adultos mayores o personas enfermas, que de ser lanzadas quedarían en desamparo, requiere la articulación de numerosos mecanismos. Hay que coordinar el derecho del propietario a recuperar su patrimonio con el de los grupos vulnerables a recibir atención estatal pronta y adecuada. Esto exige, como se ha visto en jurisprudencia reciente, la intervención de distintos organismos oficiales, la realización de varios actos procesales complejos, el uso de las siempre difíciles técnicas de conciliación por parte del tribunal, entre varios elementos.


“No siempre los litigios de cuantía modesta son menos complejos. Hay que coordinar el derecho del propietario a recuperar su patrimonio con el de los grupos vulnerables a recibir atención estatal pronta y adecuada”.


Descartada la premisa de que el monto del procedimiento es igual a su complejidad, los fueros creados con competencia restringida en razón del monto no pueden escapar a un mensaje poco saludable. Esa mala señal es que se reservan las magistraturas de prestigio para los casos que en verdad importan y que –en general– no serán los que involucran a los actores que necesitan más justicia de nuestra comunidad.

La eficiencia no es fetiche numérico ni ataque a la independencia judicial

Un asunto que una agenda progresista de reforma judicial debe sin dudas abordar es el de la eficiencia del sistema. En esto, inexplicablemente, se ha dejado demasiado terreno a las reformas más bien impulsadas desde la tradición neoliberal y –tal vez por ello– el planteo del tema suele generar resquemor entre los actores preocupados por los derechos de los más vulnerables.

La clave pasa por no confundir eficiencia con eficientismo. La primera busca resolver de manera ágil, seria y con la menor cantidad posible de recursos, la mayor cantidad de problemas. El eficientismo, en cambio, convierte a estos aspectos en objetivos para los cuales se está dispuesto a sacrificar valores de importancia superlativa, como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la calidad técnica del pronunciamiento judicial, sobre el que opera su legitimidad y prestigio.

No es necesario pretender una justicia macdonalizada para aceptar que la que tenemos hoy persiste en la realización de mecanismos inútiles o costosos. Deja innecesariamente en muchos aspectos el juicio librado al accionar no siempre útil de las partes y el único esfuerzo de descongestión que realiza es cada seis meses para decidir que se archiven los expedientes porque no se movieron en determinado plazo.

Apreciada esta cuestión desde la óptica del ciudadano, se trata de una dinámica bastante frustrante. Es cierto que en esto comparten responsabilidad los tribunales y los abogados, pero lo que no se debe perder de vista desde la óptica institucional es que el juicio es de las partes y no de los profesionales que las patrocinan. De allí que, una vez que llega a conocimiento del órgano judicial una petición razonable y eventualmente atendible, ya se activa –a nuestro criterio– el deber de dar al respecto una respuesta razonable y justa.

De no ser así, se llega a resultados que a nadie convienen. Es que quien acciona lo hace, en general, porque cree tener razón y alberga determinadas expectativas favorables. Si la respuesta que recibe del sistema es, en rigor, una no-respuesta, como la que comporta terminar la acción por falta de impulso de parte, lo que se logra es que el sentido de justicia del involucrado quede conmovido y su confianza en el sistema mermada. Y, por otro lado, tampoco ayuda en términos de sistema tener recursos ociosos puestos a disposición de un juicio que no se activa o, peor aún, se duplica luego de archivado porque la parte insiste con su derecho en otro proceso con el mismo objeto.

No se necesita ninguna revolución legislativa para poner en práctica un modelo que, sin correr al juez de su rol de tercero imparcial, lo coloque en el más protagónico de conductor del proceso. En la casi totalidad de los códigos procesales se prevén facultades instructorias y ordenatorias de los tribunales tendientes a evitar la paralización del juicio. Es verdad que su ejercicio parece difícil en el marco de la saturación que ya hemos apuntado, pero no lo es menos que si la práctica se generaliza y se ponen a su disposición los recursos razonables para sostenerla en el tiempo. Eso acabará por reducir notoriamente la congestión, sin llevar a los ciudadanos a la experiencia frustrante que más arriba hemos apuntado. En caso contrario, por más tribunales que se abran, la saturación volverá a aparecer merced a prácticas que tienen mucho de idiosincrático y poco de razonable.

Se impone el avance hacia el expediente digital. Tiene que ser esta una política seria y conjuntamente diseñada entre todos los operadores del sistema: abogados, jueces, fiscales, defensores, empleados y auxiliares de justicia en general. Si bien se registran algunos avances interesantes en la materia, en la mayoría de las jurisdicciones la implementación ha sido parcial y con buenos resultados. Uno ejemplo de esto es la limitada únicamente a las notificaciones o a la visualización de las resoluciones del juzgado. Una digitalización integral debe incluir la sustanciación electrónica del expediente, para que no sea necesario tramitar en paralelo una versión digital y otra física del juicio, y la firma electrónica de escritos y providencias.


“Un asunto que una agenda progresista de reforma judicial debe sin dudas abordar es el de la eficiencia del sistema. En esto se ha dejado demasiado terreno a las reformas impulsadas desde la tradición neoliberal”.


En ese diseño deberá tenerse particularmente en cuenta cómo saltar las vallas que la brecha digital impone a ciertos sectores, lo que remite de nuevo a una defensa pública robusta, y los desafíos de seguridad propios de toda informatización de procesos. De ellos hay que ocuparse seriamente, pero no deberían obturar el avance hacia soluciones más acordes al siglo en el que nos encontramos y que reportan indudables beneficios, no sólo en materia de logística judicial sino también medioambiental.

Conviene señalar que, si se postula la ampliación, modernización y mejora cualitativa de los recursos confiados al Poder Judicial y los Ministerios Públicos, debe pretenderse paralelamente una política sincera de rendición de cuentas ante la sociedad. De ninguna manera esta cuestión puede comportar un avance sobre la inviolable autonomía de los magistrados ni la exportación de lógicas de medición admisibles en otros campos, el empresarial o administrativo. Pero es francamente sencillo elaborar estándares intermedios a partir de la evaluación, por ejemplo, de todos los juzgados de una misma instancia y con la misma competencia, y evaluar las razones que explican el desempeño de aquellos que se encuentren demasiado alejados de la media.

Para evitar que esa tarea se traduzca en una violación de la independencia de cada poder respecto de los demás, conviene que sea la cabeza de cada uno de ellos la encargada de llevar adelante esta tarea. Podrán surgir planteos en el sentido de que la propuesta puede violar la independencia de cada magistrado del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos respecto de sus superiores. A ello cabe responder que, si bien la decisión y la tramitación de los procesos dentro de los márgenes tolerados por la ley quedan comprendidas en la independencia de cada juez, si en el uso de esa independencia se observa una excesiva demora o una utilización irrazonable de recursos estatales en relación con sus pares, cabe al menos conocer el motivo en que se fundan.

El comportamiento de los otros entes estatales

Finalmente, hay que incluir en una reforma judicial como la que proponemos mecanismos tendientes a corregir el comportamiento de los demás sectores del Estado respecto de la Justicia y, en particular, del Ejecutivo en sus diversas ramas y grados de descentralización.

Según Néstor Sagüés, Argentina es el país con mayor cantidad de demandas de amparo contra el Estado del mundo. En esto puede influir alguna cuestión cultural propia, pero necesariamente hay que computar como variable explicativa la conducta del sector público, muchas veces lesiva de derechos por omisión, desatención injustificada de derechos a la salud, vivienda, educación, entre otros.

Si las agencias estatales persisten en esas conductas frente a la existencia de jurisprudencia unánime que las obliga a proveer ciertos recursos en determinados casos, lo único que genera es que los tribunales exploten de juicios cuyas sentencias ya conoce de antemano. Si esto se perpetúa en el tiempo, como ocurre muy claramente con el tema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, es por algún cálculo de costo-beneficio de la administración, a la que le conviene pagar después de un litigio que en el momento mismo en que la necesidad humana aqueja. Esto se traduce en un accionar público muy difícil de compatibilizar con los principios de superioridad ética del Estado y moralidad en la administración.

Así ocurre también con los casos de seguridad social, en los que los peticionantes son personas de muy avanzada edad y deben esperar el tiempo que insume la resolución de chicanas procesales que una y otra vez introducen los letrados del sector público y que de antemano se sabe que no van a prosperar.

Y ni siquiera hace falta tener al Estado como contraparte para verse involuntariamente involucrado en estas aventuras kafkianas. Basta que sea necesario contar con la información que sólo una entidad pública puede proveer para que resulte preciso muchas veces reiterar un pedido de informes (vía papel) hasta el hartazgo. En ello se va tiempo, recursos y confianza en el sistema.

Frente a esto se impone la necesidad de brindar a los tribunales modos de contar de manera oportuna con información pública. Esto se puede lograr a través de la puesta a disposición de los tribunales de la información que las agencias públicas almacenan, en la medida en que los datos allí asentados permitan este tratamiento, y brindando a la jurisdicción herramientas enérgicas que tiendan a vencer la eventual conducta indolente de la administración.

Al hilo de esto, la ley de responsabilidad del Estado, Número 26944, dejada por el gobierno anterior, en su artículo 1 impide a los tribunales fijar sanciones económicas frente a la inconducta de los agentes públicos. Eso constituye a nuestro juicio la privación a la magistratura de una de las pocas herramientas eficaces con las que contaba para hacer respetar su investidura en favor de los derechos de los ciudadanos involucrados en el litigio, más aún cuando en la práctica siempre primó un criterio cauteloso a la hora de su imposición y ejecución, reservado a casos verdaderamente graves.

A modo de cierre

En los puntos que se presentaron en estos dos artículos publicados en Replanteo buscamos ofrecer algunas ideas nucleares que deberían ponderarse al momento de encarar una reforma de la justicia centrada en el ciudadano y sus derechos.

Creemos firmemente que, frente a diseños que circulan al respecto y que despiertan suspicacias, no cabe el inmovilismo ni una respuesta reaccionaria que sólo se centre en las bondades de los sistemas actuales e ignore o justifique sus déficits. Muy por el contrario, dado el espacio de debate que queda abierto por la presión del reclamo social, la opinión publicada y la dirigencia política en torno al problema judicial, es necesario contar con voces que piensen en un sistema judicial eficaz, eficiente, democrático y con perspectiva de derechos. Con esas voces hemos querido contribuir con estas líneas.

 

 


 

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