Alternativas al plan neoliberal

Por Francisco Cantamutto *

Informe de la Fundación Friedrich Ebert

El gobierno nacional ha puesto en marcha un plan de ajuste y reforma estructural que ha desembocado en una crisis. Ante ella, se insiste con que sólo existe una salida que es intensificar el mismo programa. Este documento presenta alternativas a ese esquema de políticas económicas, mostrando que existen otros planteos, con distintos grados de alcance y aplicabilidad inmediata. Sin ánimos de exhaustividad, se incluyen aquí propuestas enmarcadas dentro del amplio campo definido por el progresismo y la izquierda. Son todos esfuerzos colectivos, algunos con referencias partidarias o de liderazgo más explícitos. Imaginar otros horizontes y anclarlos en políticas concretas es un paso para la construcción de otra sociedad, más justa.

El diagnóstico

Desde que el macrismo asumió el gobierno en diciembre de 2015, dio inicio a un programa económico marcado por, al menos, dos fuertes sesgos. Por un lado, la presencia directa de hombres de negocios en áreas clave del gabinete, que muestra evidentes desequilibrios a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, el muy definido perfil ideológico neoliberal que orienta el proyecto político del gobierno, en particular en lo referido a la economía. Sin embargo, no debe creerse que se trata de un bloque monolítico: al interior de este sesgo general -que ordena el sentido y dirección de las políticas públicas puestas en práctica-, se pueden notar discrepancias, especialmente en lo referido a la velocidad de aplicación de las mismas. Este debate cruzó al gobierno desde el inicio, donde tendieron a primar posiciones llamadas “gradualistas” de aplicación del plan de ajuste y programa de reformas estructurales.

Todo indica que este ritmo acompasado en la aplicación del programa económico tuvo menos de elección del gobierno que de imposición de las circunstancias, concretamente, las resistencias sociales. Aun así, no debe menospreciarse la contemplación de los tiempos políticos que realizó el macrismo, que entendió que para poder darle continuidad a las nuevas políticas era necesario ganar elecciones. Esta temporalidad económica y política, por ejemplo, definió que salarios, pensiones, jubilaciones y asignaciones no perdieran tanto valor en 2017, mejorando las perspectivas del oficialismo ante las elecciones. Inmediatamente después, el gobierno promovió en el Congreso un trío de reformas estructurales –laboral, tributaria y previsional- que le generaron un amplio desgaste, al punto que una de ellas quedó en el camino, la laboral. Estas reformas se sumaron a otras leyes de inicios de 2016, que definían prioridades en la agenda: la que habilitó el pago de la deuda en litigio en tribunales extranjeros, la de blanqueo de capitales y la de Participación Público Privada.

Es decir, de modo paulatino, Cambiemos avanzó en la agenda de las reformas estructurales y el ajuste. Sobre esto último, existen dos dimensiones: una social, en especial de reducción de salarios; y una fiscal, que reordena las prioridades de gasto (crece el peso de la deuda) y de ingresos (reducción de ciertos impuestos progresivos).

El gradualismo no refiere a una agenda alternativa, sino al intento de hacer viable políticamente la agenda referida.  Y, sin embargo, esta temporalidad se enfrentó tres grandes problemas. Primero, la intempestiva demanda de los capitales por una mayor reducción de costos –laborales, tributarios, etcétera, que sea sostenida en el tiempo.

La lectura del empresariado, expresada en reuniones públicas, era de un insuficiente ímpetu. Por ello, a pesar del apoyo político de este sector, la inversión no reaccionó de la manera esperada. Segundo, la interpretación del gobierno hizo recaer todas las expectativas sobre el dinamismo de una inserción externa sin trabas al comercio y la inversión, omitiendo considerar las múltiples evidencias de un mundo en crisis, con crecientes conflictos económicos entre potencias. Tercero, la propia lógica del “gradualismo” suponía un acceso fluido al mercado de crédito, que financiara el ajuste y las reformas mientras estas se implementaban. En tal sentido, se favorecieron diversas formas de inversión financiera, donde el Estado jugó un rol central, creciendo los niveles de deuda a un ritmo asombroso a escala mundial, difícil de sostener. Ahora bien, la dinámica acelerada de la deuda expuso al país a una mayor vulnerabilidad macroeconómica, sembrando dudas sobre su sostenibilidad.

Estos factores se conjugaron en 2018, resultando en un escenario de crisis. Entre abril y junio se sucedieron corridas cambiarias que elevaron el valor del dólar de $18,40 hasta $28 (una suba del 52%), a medida que los inversores desarmaban sus posiciones financieras en el país. Para retener los fondos, se decidió una suba de la tasa de interés de referencia de 28% a 40%. Aun así, el Banco Central perdió alrededor de 12.000 millones de dólares de reserva. Como es típico en el caso argentino, esta corrida se trasladó a precios, elevando la inflación de manera sostenida: del 10% de la propuesta original del presupuesto oficial 2018, se alcanzó una expectativa del 46%.

La suba del dólar, la inflación y las tasas de interés provocó una suba de costos (insumos, energía, logística, financiamiento), que junto al proceso de apertura, pusieron en jaque a una parte importante de la producción industrial. Esto indujo a una crisis laboral (caída de salarios junto a la pérdida de cantidad y calidad de empleo), favoreciendo la desindustrialización y la reprimarización de la economía. El programa del gobierno se apoya en las finanzas y en las ventajas comparativas estáticas, lo que supone un sobrante de la mayoría de la población económicamente activa. Esto, claro está, supone mayor conflictividad social.

En este contexto, el gobierno optó por negociar un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, por un total de 50.000 millones a entregar por tramos y sujeto a revisión. Se trata del primer acuerdo con este organismo en 15 años, período durante el cual se habían cancelado todas las deudas en 2006 y se había abandonado la revisión permanente de las cuentas en virtud del artículo 4 del Estatuto del FMI. El stand by es un tipo de acuerdo particularmente restrictivo en sus condicionalidades, que afectan a las alternativas disponibles de política económica.

El acuerdo, si bien proveyó de fondos frescos, no detuvo la espiral de crisis. Con una nueva caída de reservas del orden de los 12.000 millones de dólares a fines de septiembre, el tipo de cambio superó los $41 por dólar, por lo que el Banco Central –de manera coordinada con el gobierno- decidió subir la tasa de interés de referencia hasta superar el 70% anual. Por supuesto, esto alentó a una mayor recesión y deterioro de indicadores sociales. A su vez, tensionó internamente a la coalición gobernante, que debió modificar el gabinete y cambiar de autoridades en el Banco Central.

Finalmente, una segunda revisión del acuerdo acordada con el FMI en octubre proveyó de nuevos fondos pero limitando aún más las opciones de política, en particular, la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario y de diseñar una política monetaria soberana. Se requería, además, acelerar el ajuste, y acelerar algunas reformas estructurales, entre las que destacan una nueva organización del sistema previsional y un cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. La aprobación del presupuesto 2019, en este marco, aparecía como una demostración de acuerdo político más allá del gobierno, para garantizar el rumbo de la economía.


Alternativas al plan neoliberal: régimen de comercio administrado, que proteja la actividad económica local y termine con la fuga de dólares que para la Argentina en este contexto no son importantes.


Este contexto de crisis, que conjuga recesión e inflación con un acuerdo internacional, es propicio para que el gobierno pueda adelantar su agenda de ajuste y reformas. El tiempo del “gradualismo” se habría agotado y llegando el momento de pasar al shock. Los padecimientos económicos, pero también la angustia provocada por la falta de resolución, facilitarían ante la sociedad la justificación de la elección de un nuevo ímpetu. En este sentido, los paralelos con la situación de la coyuntura 1989-1991 no son sólo económicos sino políticos. La crisis no es sólo un problema cuantitativo sino un asunto de interpretación acerca de cuáles son los problemas y, de ello, cuál la solución.

En este marco, el gobierno ha insistido con la idea de que no hay alternativas a su programa. Incluso más, aseveran que quizás existan algunas, pero que son voluntaristas, no se ajustan a la realidad. Si esto es así, sólo su receta –incluso cuando no sea la más simpática en términos sociales- sería el único camino existente para salir de la crisis. Por supuesto, esto no es cierto. Existen alternativas y no solo una sino varias, con variados grados de alcance y aplicabilidad inmediata.


Alternativas al plan neoliberal: aplicación del Coeficiente de variación salarial,  que la luz, el gas y el agua no puedan aumentar más de lo que suben los salarios.


Las alternativas para la emergencia

Este documento recopila un conjunto de propuestas de políticas económicas alternativas al programa de Cambiemos. Se trata de planteos realizados en la arena pública, a través de documentos o notas periodísticas, proponiendo políticas públicas muy concretas para salir de la crisis. Todos los planteos se enmarcan dentro del amplio campo definido por el progresismo y la izquierda. Vale aclarar que no se trata de una caracterización ideológica de la fuerza política que sostiene cada propuesta, dado que este tipo de evaluación generaría cuestionamientos sobre algunos casos aquí presentados. Nos ceñimos, pues, a las propuestas en cuestión. Puede sostenerse que, debido a que el eje del programa del oficialismo se ha intensificado, es más fácil ubicarse en el espectro progresista. Excluimos aquellas propuestas que compiten con el gobierno desde el ángulo del neoliberalismo, debatiendo temporalidad y secuencia, en lugar de cuestionar la dirección del programa.

1) Ley de eliminación del IVA a la Canasta Básica de Alimentos: Para recuperar la capacidad de compra de los sectores sociales de más bajos ingresos. Lo elemental para poder comer y vivir, alimentos y medicamentos.

2) Ley de Góndolas: para romper con la cartelización que el propio Gobierno ha detectado en los sectores de alimentos, en los que los intermediarios se están abusando de la devaluación. Las dos son leyes que están cajoneadas en el Congreso Nacional desde el 2016.

3) Aplicación del Coeficiente de variación salarial: Que la luz, el gas y el agua no puedan aumentar más de lo que suben los salarios.

4) Exigir a las empresas razonabilidad y proporcionabilidad (Fallo de la Corte Suprema): La compensación a las empresas en el marco del cumplimiento de los contratos, siempre tiene que ser a través de la duración de los contratos.

5) Acompañar y fomentar la producción de las PyMEs, principal fuente de empleo y motor de la economía nacional, en este momento de crisis y desinversión. Suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones de la AFIP

6) Créditos para la producción: Puesta en marcha de un programa de seguro de tasa para que haya créditos a 5 años, en pesos y a tasa fija del Banco Central (las ganancias o utilidades como garantes del pago del seguro de tasa). Esto además va a servir para contener el sobrante monetario que hoy genera inflación, en lugar de con las LEBACS –que son solo  un derivado financiero-, hacerlo con bienes e inversión.

7) Liberación de las paritarias para la recuperación del poder de compra del salario.

8) Bono de emergencia para jubilados de la mínima. Bono de emergencia para los 4 millones de jubilados de la mínima, que se financie con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, del año pasado y lo que va del 2018, y se distribuya a lo largo de los 6 meses (de julio a diciembre).

9) Aumento de programas sociales. Hacer uso de la autorización del FMI. Hasta fin de año, con un bono de emergencia en diciembre y una mejora proporcional en los próximos 6 meses, para sostener el consumo de los sectores más vulnerables. Especialmente, Asignación Universal por Hijo/a.

10) Régimen de flotación administrada BCRA. El mismo modelo que Aldo Pignanelli y Martín Redrado pusieron en marcha cuando fueron presidentes del BCRA, para contener la espiral del dólar, que además afecta a los precios en la Argentina.

11) Sistema chileno de estacionamiento de capitales. Limita la especulación y la bicicleta financiera. Roberto Lavagna lo implementó en su función como Ministro de Economía.

12) Régimen de promoción de exportaciones, con seguro de tasa subsidiada en dólares.

13) Ley de emergencia aduanera por 180 días. Para revisar el sistema de importaciones y hacer una evaluación de cuáles son los productos que Argentina está importando y cuáles no, para terminar con los dólares que se van afuera porque se importan productos innecesarios. Revisión del origen de importaciones.

14) Régimen de comercio administrado, que proteja la actividad económica local y termine con la fuga de dólares que para la Argentina en este contexto no son importantes.

Continuará….

En la próxima entrega se publicarán las propuestas para el mediano y largo plazo que contiene el informe elaborado por el economista Francisco Cantamutto   

* Es investigador asistente de CONICET, con sede de trabajo en el IDAES de la UNSAM. Licenciado en Economía (UNS-Argentina), Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO-México), Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (FLACSO-México). Es docente. Se especializa en temas de economía y procesos políticos, con especial referencia a América Latina. Publicó artículos en revistas científicas de América Latina y Europa, y en libros. Es coautor del libro Economía política de la Convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen (2013). Colaboró en Marcha, Página/12, El Cronista Comercial, Le Monde Diplomatique, FM De la calle, La Izquierda Diario, Agencia Paco Urondo. Forma parte de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay e integra el comité editorial de su revista académica Cuadernos de Economía Crítica.


 

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Una respuesta a “Alternativas al plan neoliberal”

  1. Plan neoliberal? Cual plan neoliberal? Este gobierno es socialdemocracia pura!! Con el extra de que justamente los puestos claves están ocupados ( o fueron ocupados) por especialistas en la timba financiera!! A esta gente no le importa hacer crecer el país! Solo enriquecerse con capitales especulativos! Concuerdo con muchas de las propuestas, pero es la intervención gubernamental desmedida, la presión fiscal asfixiante y la inestabilidad política lo que aleja a posibles inversores de nuestro país!! A nadie en su sano juicio le gusta que le digan/ordenen que hacer con su dinero, mucho menos que el gobierno se quede con una gran parte del mismo en forma de impuestos. Todo el gasto demencial en obras públicas, mantenimiento de empresas deficitarias y organismos inútiles ( Aerolíneas, Inadi, Incaa) y programas “sociales” ( que en lugar de ayudar agravan el problema) es insostenible!!

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