La batalla del agua, parte I

Por Damián Farah

El agua virtual es un concepto acuñado en 1993 por el geógrafo británico John Anthony Allan [1]. El mismo refiere a la cantidad de agua usada para producir o integrar un producto, bien o servicio. Esto implica que los seres humanos no sólo consumen agua al tomarla o bañarse. La usan de múltiples formas y la emplean en la producción de prácticamente todo lo que está a su alrededor: frutas, verduras, carnes, ropa, ipads, mesas, puertas, vidrios, coches, lámparas, comida procesada, televisiones, vasos, etcétera.

El agua virtual tiene repercusiones importantes sobre la política comercial global y sobre la investigación, en especial en regiones donde tal recurso es escaso. Este concepto ha redefinido el discurso en política del agua y gestión, lo cual explica cómo y por qué países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil son “exportadores” de miles de millones de litros de agua cada año, mientras que otros como Japón, Egipto, Italia y México son “importadores” netos del recurso. Asimismo, ha jugado un papel importante de manera temporal en países que han sufrido fenómenos extremos como sequías o inundaciones, o en forma permanente en aquellos que no cuentan con suficiente agua para producir sus alimentos, bienes o servicios.

Sin embargo, se debe considerar que el agua virtual depende de otros factores, como los tratados y acuerdos comerciales internacionales, el crecimiento económico y poblacional, el desarrollo tecnológico, los subsidios a la agricultura, los precios internacionales de los productos agrícolas e insumos, las políticas macroeconómicas de importación y exportación de los países, la cultura de los productores y la eficiencia en la producción agrícola o industrial.

El poder estructural define las reglas de juego

En el trabajo «Poder Estructural agroalimentario en países emergentes. Algunas limitantes estructurales de la integración y cooperación internacional en materia agroalimentaria” [2], publicado en la Revista Integración y Cooperación Internacional, se hace foco en la crítica que la autora Susan Strange lleva adelante sobre la noción de “Régimen alimentario del institucionalismo liberal”. Fue elaborado por los autores Hopkins y Puchala en el año 1978.

Del análisis del trabajo, surge que la visión de Hopkins y Puchala resulta incompleta toda vez que “se origina al forzar la transferencia del concepto de régimen (equivalente para ellos al de sistema internacional) al juego sumamente dinámico y azarozo del mercado agroalimentario. A la vez, sobrevalora la capacidad de influencia de organismos multilaterales como FAO, en los criterios de conducta exterior de los estados y en el establecimiento de prioridades en las agendas nacionales de los gobiernos a negociar con sus actores domésticos.

El autor del trabajo, Mg. Juan José Borrell, sostiene, desde una óptica opuesta a la de Hopkins y Puchala, que resulta irreal encorsetar un sistema como el agroalimentario a un ramillete de principios ideales cuando precisamente la lógica que opera es la de hablar de libre mercado pero practicar el mercantilismo. Y, por otro lado, pensar en negociaciones multilaterales de forma horizontal por concebir a los organismos internacionales como una suerte de reducto del sacrosanto “consensus gentium grotiano”, cuando en la realidad las negociaciones tienen forma vertical, en virtud de la relación geopolítica asimétrica imperante.

Lo anteriormente expuesto surge de la aplicación que hace el mencionado autor, del marco teórico que ofrece Susan Strange [3], acerca de que el “poder estructural confiere el poder de decidir cómo las cosas deben ser hechas, el poder de dar forma a los marcos dentro de los cuales los estados se relacionan unos con otros, con la gente o con las corporaciones, en tanto resultado de la interacción de la influencia deliberada y la influencia no intencional de las “decisiones” y de las “no decisiones” tomadas por gobiernos y por otros actores.

El poder estructural estaría compuesto por cuatro estructuras primarias distinguibles e interrelacionadas, las cuales implican el control de la seguridad, la producción, el crédito y el conocimiento. Es decir, el poder estructural yace con aquellos en posición de ejercer control sobre la seguridad de las personas, en los que deciden y controlan el modo de producción de bienes y servicios para la supervivencia, en los que son capaces de controlar el suministro y, por último, en quienes poseen el conocimiento y pueden decidir los términos de acceso al mismo” [4].


Según la Unesco, 3.600 millones de personas en todo el mundo, casi la mitad del la población, están viviendo en áreas con potencial escasez de agua al menos un mes al año.


La relevancia global del agua

El 70 por ciento del agua de que dispone el planeta se emplea en la agricultura, el 22 en la industria, particularmente de alimentos y bebidas y el 8 o en usos domésticos. O sea que la utilización se concentra en la producción de comida, por lo tanto, el comercio de alimentos equivale a una forma de comercio de agua. En tal sentido, las alteraciones en materia de su disponibilidad y oportunidad, por sequías provocadas por fenómenos como ‘El Niño’, o afectaciones del suministro por desbordamiento de los cauces e inundaciones, como ‘La Niña’, suelen conducir hacia la carestía de los alimentos y en un alza de sus precios.

Se trata de un tipo de inflación ante la cual las herramientas convencionales de la política monetaria, como tasas de interés, encajes o controles sobre los agregados monetarios, no arrojan los frutos buscados. Por ende, en caso de ser aplicadas con el objeto de combatir el encarecimiento de la comida, originado en dichas causas, podría conducir a lamentables errores de apreciación, ya que están diseñadas para el tratamiento de problemas del lado de la demanda y no para resolver choques del lado de la oferta.

Frente a semejante amenaza, los factores de poder estructural recomiendan el establecimiento de políticas relativas a la protección y preservación de los glaciares y los páramos, las ‘fábricas’ de agua, la deforestación evitada, la conservación de los bosques en pie, la reforestación y forestación nueva, y la regeneración y conservación de la biodiversidad en los parques nacionales y los resguardos indígenas.

Lo último que se mencionó está especialmente enfocado a los impactos del cambio climático sobre los regímenes de lluvias, la erosión y la desertización, a fin de preservar la disponibilidad del agua en los volúmenes suficientes, las calidades requeridas y las modalidades adecuadas. Y, a su turno, velar por la estabilidad de precios, la equidad y el equilibrio al que tienden las políticas de libre mercado recomendadas, según esta perspectiva.

Con este fin se impulsan proyectos forestales de conformidad con los criterios definidos por Naciones Unidas bajo la denominación de mecanismo de desarrollo limpio (MDL). Esta política que, además de su efecto conservacionista sobre las corrientes de agua, contempla otros agregados como la regeneración y preservación de la biodiversidad. A su vez, mediante diversos mecanismos popularmente consensuados, como la “declaración de Patrimonio de la Humanidad” por parte de la ONU-UNESCO, se propicia la administración de recursos naturales como acuíferos a particulares a través de concesiones o por simple abandono, o a instituciones con autonomía regional. Sin embargo, en varios casos es posible verificar que reciben financiamiento de las mismas fundaciones y capitales con intereses sobre los recursos a preservar.


«El 70 por ciento del agua de que dispone el planeta se emplea en la agricultura, el 22 en la industria y el 8 o en usos domésticos».


El agua resulta de esta forma un recurso estratégico que, a través de la perspectiva de la virtualidad de contenido en cada bien producido y comercializado, agrega un determinado valor no sólo económico sino también de orden estratégico internacional. Es decir, la importancia de este recurso, tanto en su noción física como en la virtual nos debería llevar a plantear su tratamiento por parte del Estado Nacional como el primer bien público en orden de importancia para la supervivencia humana y para la estabilidad del poder adquisitivo de las monedas, que constituye el sustento macroeconómico de la equidad. La supervivencia, estabilidad y equidad, cada vez dependen más de lo que suceda con la oferta y los precios de los bienes de origen agroindustrial. Esta tendencia se ha acentuado y seguirá agudizándose como resultado de los cambios que se producen en términos climáticos.

 La propuesta de UNESCO

Desde la óptica del organismo internacional muchos países ya están padeciendo condiciones generalizadas de escasez de agua y es probable que tengan que hacer frente a una menor disponibilidad de recursos hídricos superficiales en la década de 2050. Según sus estimaciones, 3.600 millones de personas en todo el mundo, casi la mitad del la población mundial, están viviendo en áreas con potencial escasez de agua al menos un mes al año. Esta cifra podría aumentar a entre 4.800 y 5.700 millones de personas en 2050. Aproximadamente el 73% de la población afectada vive en Asia, sería el 69% en 2050.

El informe sostiene que “las extracciones de agua para el riego se han identificado como el principal impulsor del agotamiento de las aguas subterráneas en todo el mundo”. Se ha predicho para la década de 2050 una gran oleada de extracciones de aguas subterráneas que ascenderá a 1.100 km3 /año. Esto implicaría un aumento del 39% sobre los niveles actuales. Una tercera parte de los sistemas de aguas subterráneas más grandes del mundo ya están en peligro, según este informe, y las tendencias de las aguas subterráneas antes mencionadas también suponen extracciones crecientes de aguas subterráneas no renovables, ante lo cual concluye que es “indiscutiblemente, un camino insostenible”.

Luego realiza un cálculo de las pérdidas económicas mundiales medias causadas por las inundaciones y las sequías. Sostiene que superan los 40.000 millones de dólares al año en todos los sectores de la economía. Las tormentas añaden otros 46.000 millones de dólares de pérdidas económicas al año. El número de muertos, afectados y pérdidas económicas, oscila de forma significativa según los años y los continentes. África y Asia son los más afectados en términos de los tres indicadores. El informe prevé que estas cifras aumenten hasta alcanzar 200.000–400.000 millones en 2030. Estas pérdidas afectan en gran medida a la seguridad del agua, los alimentos y la energía, y consumen la mayor parte del flujo total de ayudas actuales al desarrollo. Desde 1992 las inundaciones, las sequías y las tormentas, han afectado a 4.200 millones de personas y han ocasionado daños por valor de 1,3 billones de dólares en todo el mundo. Asimismo, según la OCDE, “se prevé que el número de personas en riesgo por inundaciones aumente de los 1.200 millones de la actualidad a alrededor de 1.600 millones en 2050, casi el 20% de la población mundial. Y se espera que el valor económico de los activos en riesgo sea de unos 45 billones de dólares para ese año, un crecimiento de más del 340% desde 2010”. [5]

Luego, el informe de UNESCO, sostiene que la población actualmente afectada por la degradación de la tierra, desertificación y sequía, se estima en 1.800 millones de personas. Esto la convierte en la categoría más significativa de “desastre natural” en base a la mortalidad y el impacto socioeconómico en relación al PIB per cápita. Y predice que los cambios en los patrones futuros de precipitaciones alterarán la presencia de sequías y, por consiguiente, la disponibilidad de humedad del suelo para la vegetación en muchas partes del mundo.

Para evidenciar lo antes descripto, Unesco presenta un mapa del mundo donde refleja una proyección del avance de las zonas de desertificación hacia 2099, lo cual produce una alerta en el ámbito científico y genera el argumento suficiente para que los países adopten las medidas…

Continuará…

[1] John Allan fue geógrafo británico, Profesor emérito de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos y del Kings College of London, galardonado con el Premio del Agua de Estocolmo en 2008, por su concepto de Agua virtual, premio otorgado por la Fundación SIWI, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, auspiciado por Su Majestad el Rey Carl XVI Gustaf de Suecia. Este Instituto se encuentra asociado estratégicamente a la Rockefeller Fundation, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco para el Desarrollo de Asia. Su misión es “Fortalecer la gobernabilidad del agua para un futuro justo, próspero y sostenible”, para lo cual celebra convenios con Estados Nacionales, UNESCO, PNUD y ONGs vinculadas a la visión del desarrollo sustentable global.

[2] Trabajo elaborado por Juan José Borrell, Magister en Estrategia y Geopolítica (IUE-ESG), Docente de la Universidad Nacional de Rosario y la Escuela Superior de Guerra.

[3] Académica británica en el área de las relaciones internacionales. Es considerada uno de los máximos exponentes de la Escuela británica de la economía política internacional.

[4] Strange Susan (1994), states and markets, 2º edición, continuum, Londres, extraido del artículo producido por el Mg. Juan José Borrell para la revista Integración y Cooperación Internacional.

[5] Informe OCDE, 2012, pág. 209.


 

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