La batalla del agua, parte II

Por Damián Farah

En el anterior número de Replanteo se publicó la primera parte de esta nota. Aquí se reproduce la introducción y se sigue con el segundo tramo.  

El agua virtual es un concepto acuñado en 1993 por el geógrafo británico John Anthony Allan[1].  El mismo refiere a la cantidad de agua usada para producir o integrar un producto, bien o servicio.  Esto implica que los seres humanos no sólo consumen agua al tomarla o bañarse. La usan de múltiples formas y la emplean en la producción de prácticamente todo lo que está a su alrededor: frutas, verduras, carnes, ropa, ipads, mesas, puertas, vidrios, coches, lámparas, comida procesada, televisiones, vasos, etcétera.

El agua virtual tiene repercusiones importantes sobre la política comercial global y sobre la investigación, en especial en regiones donde tal recurso es escaso. Este concepto ha redefinido el discurso en política del agua y gestión, lo cual explica cómo y por qué países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil son “exportadores” de miles de millones de litros de agua cada año, mientras que otros como Japón, Egipto, Italia y México son “importadores” netos del recurso.  Asimismo, ha jugado un papel importante de manera temporal en países que han sufrido fenómenos extremos como sequías o inundaciones, o en forma permanente en aquellos que no cuentan con suficiente agua para producir sus alimentos, bienes o servicios.

Sin embargo, se debe considerar que el agua virtual depende de otros factores, como los tratados y acuerdos comerciales internacionales, el crecimiento económico y poblacional, el desarrollo tecnológico, los subsidios a la agricultura, los precios internacionales de los productos agrícolas e insumos, las políticas macroeconómicas de importación y exportación de los países, la cultura de los productores y la eficiencia en la producción agrícola o industrial.

Soluciones basadas en la naturaleza.

El informe de UNESCO 2018 realiza una serie de propuestas que comparte a todo el mundo. Sostiene que los principales tipos de ecosistemas o biomas terrestres, y la mayoría de los costeros, influyen en el agua. El grueso de las aplicaciones de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), incluso en paisajes urbanos, implican esencialmente la gestión de la vegetación, los suelos y los humedales, incluidos los ríos y los lagos. Aproximadamente el 65% del agua que cae en la tierra se almacena o se evapora del suelo y las plantas.  Del agua almacenada en la tierra, más del 95% lo hace en zonas vadosas (poco profundas) y zonas saturadas (aguas subterráneas), excluyendo el agua que aún se conserva en los glaciares[2].

Aunque el agua del suelo contenida en las capas superiores y biológicamente más activas comprende sólo el 0,05% de las reservas mundiales de agua dulce, según el informe FAO/GTIS del año 2015, los flujos ascendentes y descendentes de agua y energía a través del suelo son vastos y están estrechamente relacionados. Estas cifras indican la importancia del agua del suelo para el equilibrio tierra–agua–energía de la Tierra, incluido el intercambio entre el agua del suelo, la precipitación por transpiración, y una posible realimentación positiva a medida que el clima pueda recalentarse en el futuro.

El enfoque basado en las SBN que recomienda UNESCO es considerado por los Estados un medio posible para abordar la escasez general de agua a través de la gestión de la oferta. Esto es así, entre otras razones, porque este enfoque se considera como la principal solución para lograr agua sostenible para la agricultura. Si bien casi 800 millones de personas padecen hambre en la actualidad, en 2050 la producción mundial de alimentos debería aumentarse un 50% para alimentar a los más de 9.000 millones de habitantes que se supone tendrá nuestro planeta.[3]

El costo financiero de las SBN.

Se estima que se necesitarán aproximadamente 10 billones de dólares en infraestructura de recursos hídricos entre 2013 y 2030.  Por lo tanto, una cuestión clave tiene que ver con el interrogante de cómo pueden contribuir las SBN a reducir el peso de esta inversión a través de una mayor eficiencia económica, ambiental y social en los resultados de las inversiones.

Las respuestas que brindan FAO y UNESCO son a través de las emisiones de bonos verdes y climáticos, introducidos en 2007 como mecanismo de préstamo para demostrar las ventajas económicas de las inversiones y activos positivos para el medio ambiente. Estos bonos se triplicaron en 2013 hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares después de que instituciones financieras comerciales y corporativas empezaran a promover el mercado. Estas tendencias se aceleraron en 2014, 35.000 millones de dólares, y superaron los 80.000 millones de dólares en 2016. Esto parece favorable a la luz de la convocatoria de la CMNUCC del Acuerdo de París para alcanzar los 100.000 millones de dólares para el financiamiento climático para 2020.


«Estimaciones de la ONU anticipan que para el 2020 más de 250 millones de personas en todo el mundo sufrirán las consecuencias de la escasez de agua».


Lo cierto es que los requerimientos de financiamiento para las obras de infraestructura necesaria, que brinde al mismo tiempo posibilidades de desarrollo sustentable, tal como lo plantean los organismos internacionales, y las efectivas posibilidades de acceder a esos recursos dinerarios, provienen de la misma estructura de poder que los promueve.  Es decir, la recomendación de utilizar el know how, la preservación del ambiente, el desarrollo sostenible y la matriz financiera que posibilita la ejecución real de las obras, son originarios del mismo grupo que los impulsa.

El agua como factor de producción

Diferentes escuelas económicas consideran el agua como un “bien económico”  o como un “factor de producción”.  Ambos términos destacan sólo una de las diversas dimensiones de este recurso natural, la que está más directamente relacionada con las actividades productivas y con su capacidad para generar un valor monetario, identificando así lo monetario con lo económico.

Siguiendo a Ronald Coase[4], muchos economistas olvidan que un factor de producción no es sólo una entidad física que una empresa adquiere y usa sin ningún tipo de restricciones sino que es un derecho para llevar a cabo una lista limitada de acciones. En otras palabras, la noción de factor de producción depende del marco institucional, siendo éste el que va a configurar la “lista” de acciones y de limitaciones en la extracción y uso del recurso.  Esto produce una serie de costos adicionales que generan la necesidad de rever las herramientas con las cuales se calcula la rentabilidad neta.

En definitiva, la cuestión clave en todo este asunto consiste en estudiar cómo se configura el marco institucional y qué intereses y valores refleja. Es decir, cuál es la noción de coste con la que vamos a trabajar y, por lo tanto, cuáles son las reglas de juego que definen las acciones que son socialmente aceptables en el uso y la extracción del recurso de las que va a depender lo que vamos a considerar como eficiente o ineficiente. Esto es, también, economía; y de hecho, no parece que se puedan entender los problemas económicos sin una comprensión adecuada de la configuración del marco institucional.

Valor, costo y precio del agua

La economía adopta como paradigma que las cosas tienen valor en tanto generen beneficios al hombre y, por otro lado, establece una relación inversamente proporcional, cuanto más escaso sea el bien, más valor posee.

En el caso del agua, el término valor se refleja en dos planos: cuantitativo y cualitativo. El primero es como valoración al referirse a un tipo de medición económica; el segundo alude a un sentido subjetivo, asumiendo que este recurso es vital para la generalidad de la población, por lo cual resulta de una importancia que va más allá de la medición económica.

En la generalidad de los casos, aunque el valor se asocia al uso directo de un determinado bien, debe admitirse que también puede establecerse un beneficio personal a través de un consumo potencial, o de la valoración del disfrute de terceras personas, o de la valoración de bienes más allá del eventual disfrute personal.

Según el informe “El valor del agua y su incidencia en la configuración del territorio”[5], esa noción se desprende de un valor de uso directo, poblacional, riego, industria, recreación, del valor de uso indirecto, hábitat, depurador de contaminantes,  y del valor de no uso, ampliamente aceptado  más cuando se trata de un bien público,, bellezas escénicas, sitios culturales, sitios históricos, hábitat de biodiversidad. Al respecto, el documento sostiene que el en la valuación del recurso hídrico sometido a la ley de la oferta y la demanda no debe omitirse el aspecto social y ambiental.

Por otro lado, el costo económico total del recurso hídrico, que es lo que debería realmente pagar el usuario, se compone de diversas dimensiones:

a) Costo privado: de capital y de operación, mantenimiento y administración

b) Costo social: asociado con las externalidades impuestas a la sociedad por su aprovechamiento, uso o consumo

c) Costo de oportunidad: de usar el agua en su mejor uso alternativo.

Al respecto se advierte que muchos sistemas hídricos, entre ellos el mendocino, no contemplan el costo de oportunidad y, además, que los costos ambientales relativos a la contaminación del agua que inciden directamente en la salud pública, como en el ecosistema, deberían ser afrontados como un costo adicional por las actividades económicas contaminantes.  La economía proclama que una asignación sustentable de un bien ambiental debe darse bajo condiciones de eficiencia económica.  Esto implica que el beneficio marginal social de un bien o servicio debe igualarse al costo marginal social de proveerlo o aprovechamiento del recurso.  Estimar el costo del agua representa una aproximación de orden inferior del valor del agua. Sobre este punto, el mencionado informe sostiene que la eficiencia económica se basa en el “principio de optimización de Pareto”, criterio que permitiría una asignación de recursos tales que no haya posibilidad de una nueva reasignación, sin la posibilidad de que existan ganancias o pérdidas para los consumidores o productores.

El informe de Buccheri, Andino, Pinto y Llop, estima que el valor futuro de una unidad más de agua para la sociedad de Mendoza en escenarios alternativos sobre cambio climático estará definido por el costo de suministrar una unidad más de agua subterránea. Este razonamiento supone que la sociedad agota primero las fuentes de agua superficial por ser más barata –que al degradarse pierde valor– y luego incurre en las fuentes remanentes, como la subterránea, que son más costosas.  En estas últimas, deberían incluirse las externalidades negativas, asociadas a la provisión, como parte del costo económico social mencionado.

El agua virtual como valor agregado

El agua, recurso vital para la subsistencia, es y será tema central de preocupación y ocupación mundial. Basta con recordar que sólo el 0,5% del agua del planeta es dulce. Estimaciones de la ONU anticipan que para el 2020 más de 250 millones de personas en todo el mundo sufrirán las consecuencias de la escasez de agua. Aquellos países que dispongan de este recurso y sepan administrarlo podrán tener un mayor nivel de influencia a nivel global.

Algunas cifras ayudan a tomar real dimensión del «agua que comemos». Para producir un kilo de carne se necesitan casi 10.000 litros de agua, un kilo de trigo consume mil litros de agua, una taza de café, 140 litros, y un kilo de manzanas, aproximadamente 400. Fabricar una camiseta de algodón de 500 gramos requiere 4.000 litros de agua en todo concepto, desde la obtención de la materia prima hasta la industrialización.


«Para producir un kilo de carne se necesitan casi 10.000 litros de agua, un kilo de trigo consume mil litros de agua, una taza de café, 140 litros, y un kilo de manzanas, aproximadamente 400».


Es evidente que la agricultura es el primer sector económico en cuanto al uso de agua y el intercambio de productos agrícolas constituye el elemento principal del comercio del agua virtual.

Muchos gobiernos se plantean la necesidad de planificar su economía en función de la escasez del recurso. En España, por ejemplo, los habitantes suelen preguntarse si es eficiente que la agricultura consuma más del 70% del agua disponible, cuando produce una pequeña parte del PBI y ocupa a menos del 10% de la población.

De la misma manera que hoy se exige que los alimentos se produzcan con el mínimo de energía fósil, en el futuro los requerimientos de agua también serán evaluados en los intercambios comerciales.

Por otra parte, desde el punto de vista de Rozenwurcel y Katz, la riqueza de una sociedad no debe medirse sólo en referencia a su capital dinerario sino también en cuanto a su “capital natural”.  Los autores sostienen que “las rentas de los recursos naturales no pueden entenderse sin considerar los intereses y el poder relativo de los actores sociales involucrados, así como los regímenes de propiedad y las capacidades estatales prevalecientes en cada caso. El problema no puede estar en las peculiaridades de esos bienes per sé sino en el modo en que cada sociedad logra organizar su explotación…”.

El dicho popularmente instalado “Argentina tiene capacidad de producir alimentos para 400 millones de habitantes y en el mismo país hay un 30% de pobres y un 7% de indigentes” señala lo erróneo de la construcción de esa idea. La matriz productiva de alimentos no es propiedad de los argentinos sino de las corporaciones que las explotan, con sus respectivos paquetes accionarios, los cuales representan determinados intereses particulares.  Todo ello expone la falacia del mencionado dicho.

Por las razones expuestas, resultaría de importancia estratégica que Argentina haga valer la cantidad de agua virtual que exporta, evidenciando el valor agregado y potenciando las campañas comerciales al respecto. Para llevar adelante esta estrategia es necesario que el Estado Nacional  se asocie con otros en similares condiciones. De este modo, el conjunto puede ejercer algún tipo de presión sobre los organismos internacionales que despliegan la estructura de regulaciones y permisos particulares para su adopción en las distintas regiones del planeta.

Conclusión

El agua brota como uno de los conflictos del siglo XXI ya que se espera que en el año 2025 la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana sea alrededor de un 56% superior que el suministro.  Quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado.  La pugna será entre quienes creen que el agua debe ser considerado un commodity o bien comerciable, como el trigo y el café,  y quienes expresan que es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de esta pelea que se viene.


«El agua brota como uno de los conflictos del siglo XXI ya que se espera que en el año 2025 la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana sea alrededor de un 56% superior que el suministro.  Quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado».


Hablar de agua virtual resulta complicado por el hecho de que las exportaciones a otros países traen desarrollo, trabajo, tecnología, y el flujo de agua virtual en el mundo tiene un trasfondo político vinculado con la seguridad de los recursos a largo plazo.  Este sistema por el que se exporta e importa debe no sólo ser una oportunidad para obtener más riquezas financieras sino para tener un equilibrio moderado del manejo del agua en el mundo. Mientras se considere que el agua es un regalo incluido en el producto exportado, la situación seguirá agravándose a futuro. La estructura del poder global posee las herramientas de influencia y condicionamientos que le permitirían controlar el uso del recurso, sin poseerlo físicamente, todo lo cual representa un serio desafío al poder nacional y su sistema de Defensa, el cual no se compone solamente de su instrumento militar.

 

[1] John Allan fue geógrafo británico, Profesor emérito de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos y del Kings College of London, galardonado con el Premio del Agua de Estocolmo en 2008, por su concepto de Agua virtual, premio otorgado por la Fundación SIWI, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, auspiciado por Su Majestad el Rey Carl XVI Gustaf de Suecia.  Este Instituto se encuentra asociado estratégicamente a la Rockefeller Fundation, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco para el Desarrollo de Asia.  Su misión es “Fortalecer la gobernabilidad del agua para un futuro justo, próspero y sostenible”, para lo cual celebra convenios con Estados Nacionales, UNESCO, PNUD y ONGs vinculadas a la visión del desarrollo sustentable global.

[2] “Influence of environmental factors on the spatial distribution and diversity of forest soil in Latvia” and “Soil temperature response to 21st century global warming: The role of and some implications for peat carbon in thawing permafrost soils in North America”. Bockheim y Gennadiy 2010

[3] Según estimaciones de fuentes como FAO, UNICEF, ONU y OMS al 2017

[4] Economista y abogado británico, profesor emérito de la Universidad de Chicago.  Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1991 por el descubrimiento y aclaración del significado de los costes de transacción y derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía.

[5] Elaborado por el Instituto Nacional del Agua, la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Mendoza y la Universidad del Aconcagua, Autores: Buccheri, Andino, Pinto y Llop 2014.


 

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2 respuesta a “La batalla del agua, parte II”

    1. Si. Pero el proceso, actualmente es muy costoso. Hay varias plantas desalinizadoras en Europa y potabilizadoras. Pero son costosas de producir y mantener, y no generan un caudal importante.

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