La importancia del impacto ambiental

Por Claudio D. González *

El termino desarrollo sustentable fue utilizado por primera vez en 1983, en el Informe para la Organización de las Naciones Unidas, “Un Futuro Común” o también conocido como “Informe Brundtland” en homenaje a la ex primer ministra noruega Gro Harlem Brundtland, quien fuese su precursora, miembro del partido socialdemócrata de Noruega, el Partido Laborista. El término comenzó siendo desarrollo sostenible, pero posteriormente encontró una limitación en torno a la conceptualización temporal. Mientras sostenible hace alusión a la eficiencia, sustentable hace alusión a la resiliencia. Es por esto que hoy hablamos de los desafíos del desarrollo sustentable.

El Informe Brundtland fue firmado por 17 naciones, entre las que se encontraban Estados Unidos y China. Posteriormente fue utilizado en la Declaración de Rio, de 1992, dentro del principio 3 que menciona “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. Es decir, el desarrollo sustentable es el concepto marco que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades del futuro y pretende ser un norte en la búsqueda del desarrollo local.

La Declaración de Rio no sólo que fue ratificada por la República Argentina, sino que, además, dos años después, fue incorporada a la Constitución Nacional en su Artículo 41, incorporando los derechos de tercera generación a su carta magna. El artículo 41 es claro y preciso en materia de protección ambiental. Dice: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.

Es importante resaltar, quizás, lo más sobresaliente del primer párrafo del artículo. Los habitantes “gozamos” del derecho a un ambiente sano, es decir, no es un derecho que debemos conquistar sino que es un derecho que nos antecede.

Pero como todo lo que ya tenemos, hasta que no lo perdemos, o lo empezamos a perder, no nos damos cuenta que lo necesitamos. La pregunta entonces pasa a ser, ¿Cómo sabemos que gozamos de ese derecho? ¿Cómo sabemos cuándo lo perdemos o lo empezamos a perder?

Esta pregunta, que poco tiene de nueva, se la respondieron algunas civilizaciones milenarias, como la india, hace miles de años, y la respuesta fue muy sencilla: la contemplación. Las civilizaciones occidentales, para poder llevarlo a términos monetarios y legislarlo, hemos desarrollado mayoritariamente otra alternativa: la cuantificación. Ambas parecen naturalmente antagónicas, pero actualmente no lo son. Parecería imposible poder cuantificar la calidad del aire con el simple hecho de contemplarlo. Pero si nos encontramos en un ambiente sumamente contaminado, donde nos cuesta respirar, ambas variables podrían complementarse. Eso es lo que nos empieza a pasar y, por eso, mayormente las civilizaciones occidentales estamos tomando conciencia que debemos cuidar nuestro ambiente.

Este ejemplo usado en la calidad de aire también lo podemos transpolar en el consumo de nuestros alimentos. Pongamos otro ejemplo. Es sabido que si tomamos agua de pozo es necesario hervirla previamente, dado que, si no, podemos ser propensos al accionar de bacterias, entre otras, vibrio cholerae, y ser afectados por uno de los peores males que ha conocido la humanidad, que es el cólera. Para saber cómo prevenir el cólera hubo que investigarlo, hubo que aislar la bacteria y analizarla. De eso se encargó el italiano Filippo Pacini en 1854 y posteriormente Robert Koch, quien además aisló el bacilo de la tuberculosis en 1882. Esto dio inicio a lo que hoy conocemos como bacteriología. Koch recibió el premio Nobel de Medicina en 1905.

Estos avances de la ciencia en el siglo XIX fueron determinantes para comprender la dinámica de las bacterias, que no son observables a simple vista y eran causantes de gigantes pandemias que afectaron a la humanidad. Hubo una época de nuestra historia donde civiles fallecían sin saber por qué.

La comparación con las variables ambientales, sobre todo a las referidas por la calidad de aire no es casual. Los factores de riesgo ambiental intervienen en más de 80 enfermedades y heridas y representan más de una tercera parte de las enfermedades en los niños menores de cinco años. Son una de las principales causas de muerte joven. Según la OMS, una mejor administración ambiental podría impedir más del 94% de las muertes por enfermedades diarreicas y el 40 de las muertes por malaria, salvando las vidas de unos 4 millones de niños por año en el mundo.


“Según la OMS, una mejor administración ambiental podría impedir más del 94% de las muertes por enfermedades diarreicas y el 40 de las muertes por malaria, salvando unos 4 millones de niños por año en el mundo”.


Asimismo, la OMS sostiene que ¼ de la totalidad de muertes por año en el mundo es causada por trabajar en ambientes poco saludables, así como los factores de riesgo ambientales, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos. En este caso las enfermedades no transmisibles tales como cerebrovasculares, cánceres, y neuropatías crónicas, representan las dos terceras partes de las muertes debido a la insalubridad del ambiente.

En el mismo sentido, el informe sostiene que el 13% de las muertes en la República Argentina es vinculada a factores ambientales. Mientras que en Paraguay es el 20%, en Bolivia el 18%, en Brasil el 15%, en Chile el 12% y en Uruguay el 10%.

Comprender la dinámica de las moléculas que conforman el aire que respiramos y, sobre todo, remediar soluciones ante su inestabilidad o degradación en el Siglo XXI, es mucho más complejo. No es algo que podamos solucionar con una simple práctica culinaria sino más bien que la solución parte desde la estrategia, la cuantificación, la legislación, y los acuerdos programáticos, es decir, de las políticas de estado.

Toda acción generada por el ser humano en nuestro ambiente implica necesariamente un impacto ambiental. Desde lo más chico hasta lo más grande. Según el Informe Planeta Vivo 2018 del Fondo Mundial para la Naturaleza, desde 1970 a la actualidad hemos perdido el 60 % de la población de vertebrados en nuestro planeta. Mientras la población se duplica en el mismo período de tiempo, los vertebrados fueron reducidos en un 60%. De ese valor, el 89% se debió a la reducción en América Central y del Sur. Del mismo modo que la FAO describe que en el último siglo hemos perdido el 75 % de la diversidad genética.

Para esto es importante volver a la Constitución Nacional en el Artículo 41, segundo párrafo: El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

La pregunta es, en consecuencia, que hemos hecho los argentinos para recomponer el daño (o pasivo) ambiental que hemos generado. Y qué medidas han arbitrado las autoridades para la protección de este derecho. Sin ir más lejos, el tercer párrafo del mismo artículo nos da la solución:

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.

El presupuesto mínimo, entendido como el procedimiento necesario para la protección y conservación de nuestro ambiente, implica la necesidad de formular innumerables leyes que permitan no sólo conservar y disponer ex ante los efectos potencialmente nocivos y ex post de recomposición de los daños, sino también, implica regular los procesos de análisis, estudio y cuantificación de las variables conocidas, previniendo los potenciales riesgos.

En este sentido, la evaluación de impacto ambiental es uno de los instrumentos con que el mundo ha desarrollado la vanguardia en la protección y conservación de nuestro ambiente. Comenzó a utilizarse a mediados de la década del 70 y hoy las naciones más desarrolladas y avanzadas en materia de protección ambiental hacen alarde y muestran con orgullo el funcionamiento de sus procedimientos de evaluación de impacto. Lo hacen países que dependen de una corona y centralizan la toma de decisiones hasta países federales que disponen leyes particulares en cada estado adecuándose a sus recursos naturales, realidades y contextos sociales.

Las evaluaciones ambientales no son nuevas ni desconocidas en nuestro país. Se aplica en casi la totalidad de las provincias de manera obligatoria, previo al inicio de una obra de envergadura. Esto fue determinado por la Ley 25.675 o también la llamada Ley General de Ambiente. Pero nunca fue establecido su procedimiento o sus normas mínimas de funcionamiento de manera particular por una ley nacional, así como tampoco sus criterios de análisis y conceptualizaciones.

El análisis de impacto no sólo se remite a observar el efecto de una obra en un punto dado, también implica la interacción de uno o más impactos, la acumulación, la interacción o la sinergia entre ellos.

A esta amplitud en las definiciones de impactos ambientales hay que sumarle los casos intra o interjurisdiccionales, donde uno o más municipios, provincias o incluso países, comparten un impacto ambiental. El ejemplo más acabado y conocido por todos es la contaminación causada por la autorización del gobierno de Uruguay de construir dos plantas de celulosa a orillas del Río Uruguay, la pastera Botnia.

El conflicto generado por la pastera visibilizó una problemática que pretende ser generadora de fuertes conflictos interjurisdiccionales a futuro, en relación a los impactos compartidos entre naciones por el manejo o externalidades hacia los recursos naturales.

Pero las evaluaciones ambientales no se limitan sólo a estudiar los impactos ambientales provenientes de actividades, obras y proyectos. También deben ser aplicadas a nivel de estrategia y de planeamiento de políticas, planes o programas. En este sentido, la evaluación ambiental estratégica plantea la elaboración de estudios de impacto que evalúen los efectos causados por una política pública, un plan o un programa de estado.


“El 13% de las muertes en la República Argentina es vinculada a factores ambientales”.


El estudio a nivel de política pública es esencial a la hora de promover una nación con desarrollo con inclusión porque el verdadero estudio de impacto ambiental también incluye el estudio del impacto social.

La evaluación de impacto social es otra nueva conceptualización que merece un capítulo aparte, pero de manera resumida. Según el profesor Holandés, Frank Vanclay, la evaluación de impacto social es un proceso para comprender y responder a los problemas sociales asociados al desarrollo. Su función es identificar, mitigar, evitar y mejorar los resultados para las comunidades. Un impacto social es en definitiva lo que experimenta o siente un individuo o grupo de individuos, unidad económica o social, de manera directa o percibida ante los procesos ligados al desarrollo.

Sumado a esto, los organismos de crédito internacionales, tanto sea el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, sujetan sus aprobaciones crediticias al cumplimiento correcto de los análisis de impacto ambiental.

Pero para que estos procesos sean exitosos y describan la realidad de la manera más objetiva posible es fundamental garantizar el correcto desarrollo y la implicancia significativa de la audiencia pública. Garantizar las audiencias públicas, es el paso necesario para escuchar a las comunidades afectadas, su visión o los potenciales efectos que ellos pueden observar por la obra a realizar.

En nuestro territorio nacional, el respeto a las comunidades originarias, también velado en nuestra Constitución Nacional, implica que, de realizar una audiencia pública y de afectar una comunidad originaria, debe garantizarse que la misma sea comunicada en el idioma de esa comunidad y garantizar su participación. Del mismo modo, velar la participación de la comunidad local, de los ciudadanos, y no sólo de las empresas interesadas en la obra en cuestión.

La participación de las comunidades originarias permite comprender también nuestra historia, respetar nuestras tradiciones y velar por la protección efectiva de la biodiversidad. Todo esto es parte fundamental, y quizás la más importante, de cualquier proceso de evaluación ambiental. Volviendo al inicio de esta nota, es clave encontrar la sinergia entre la cuantificación y la contemplación.

En definitiva, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento, no el único, pero quizás el más utilizado en el mundo, que tiene por objeto garantizar una articulación entre el necesario desarrollo y sus consecuentes efectos ambientales. Pasar de la agenda del ajuste a la agenda del desarrollo implica necesariamente comenzar a debatir sobre estas cuestiones importantes. Es necesario hacerlo.

(*) Ingeniero agrónomo


 

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