Los primeros pasos de la izquierda en México

Por Gabriel Puricelli *

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó antes de su asunción. Con la jura, el 1º de septiembre, de los nuevos senadores y diputados en el Congreso, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido de los Trabajadores y el Partido Encuentro Social (PES), se conformó la primera mayoría parlamentaria de un mismo bloque desde 1994. Aún cuando al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, le quedaban dos meses de mandato antes de cederle la banda presidencial a AMLO, la nueva mayoría no esperó para poner al tope de la agenda parlamentaria algunas de las promesas de campaña que más resonaron entre la ciudadanía. El nuevo oficialismo tampoco esperó para impulsar una iniciativa bajo la modalidad de “consulta”, que AMLO promete convertir en práctica habitual bajo su gobierno. Tras su asunción, el 1º de diciembre, tres medidas empezaron a perfilar su gestión de gobierno: la reversión de la reforma energética de Enrique Peña Nieto (EPN), una reforma educativa que elimina aspectos centrales de la política implementada por el gobierno anterior, y la adopción del presupuesto 2019.

En el ámbito parlamentario, a menos de dos semanas de controlar el Congreso, la nueva mayoría ya había aprobado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que fija el sueldo del presidente de la república como el tope máximo para cualquier sueldo que se pague en el Estado mexicano.

En cuanto a los nuevos mecanismos de participación ciudadana que AMLO prometió impulsar, durante tres días en octubre, los ciudadanos pudieron opinar en todo el país sobre el destino de la obra (ya completada en una quinta parte) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Organizada por entidades de la sociedad civil, poco más de un millón de electores, de cerca de 90 millones habilitados, participó de la consulta voluntaria. El 70% acompañó la opción favorecida por AMLO: abandonar los trabajos de construcción de una nueva aeroestación en Texcoco, reacondicionar los aeropuertos de la ciudad de México y de Toluca, y construir dos pistas nuevas en la base aérea de Santa Lucía.

Al partir al ataque con esas dos iniciativas, los seguidores del nuevo presidente se propusieron no sólo reforzar el contrato electoral sino demostrar que el combustible político que impulsó a AMLO hasta acá, la denuncia insistente de ciertos privilegios, está ampliamente disponible y que el mecanismo plebiscitario, así sea en la forma muy sui generis de una consulta sin requisitos mínimos de quórum, también está a mano para superar eventuales bloqueos.

El tope a las remuneraciones desató la inmediata resistencia de jueces y fiscales de todas las instancias. Éstos, que ya se habían pronunciado en contra de la idea cuando fue objeto de discusión entre candidatos presidenciales, son el objetivo tácito del establecimiento de este tope. Dentro del Estado, muchas de las remuneraciones que superan a la del presidente son las que se pagan en el Poder Judicial, en particular a los ministros de la a Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la entrada en vigencia de esa norma se desató un conflicto de poderes anunciado. El 7 de diciembre, cuando todavía no se había cumplido una semana de la llegada de López Obrador al Palacio Nacional, el máximo tribunal congeló la aplicación de la nueva ley, al aceptar el trámite de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de todos los partidos de oposición.


«En el ámbito parlamentario, a menos de dos semanas de controlar el Congreso, la nueva mayoría ya había aprobado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fija el sueldo del presidente de la república como el tope máximo para cualquier sueldo que se pague en el Estado mexicano».


Con esa acción y esa aceptación, opositores y funcionarios judiciales se amontonaron en el rincón donde AMLO los quiere. La contraposición entre quienes cuestionan y quienes defienden privilegios define el campo de la política mexicana del modo que AMLO cree que más lo favorece. El control de la mayoría parlamentaria le permite a Su gobierno, al menos inicialmente, abandonar el consociativismo que definió la relación entre gobierno y oposición desde que el PRI perdió la hegemonía absoluta. La expresión más pública de ello fue el Pacto por México, firmado en 2012, por el entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los opositores partidos de Acción Nacional (PAN, conservador) y de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), que le permitió a Peña Nieto implementar algunas de las políticas que AMLO está empezando a revertir ahora, a pesar de no contar con mayoría parlamentaria propia.

El Pacto por México es, justamente, una de las razones que AMLO ha citado para explicar por qué se fue el PRD en 2012. La acción de inconstitucionalidad impulsada por PRI, PAN y PRD, y por el también centroizquierdista Movimiento Ciudadano, reactualiza la del Pacto por México y su aceptación por la Suprema Corte suma a sus integrantes al álbum de fotos imaginario de los símbolos del privilegio que AMLO denuncia.

Los opositores se abrazan a esa misma contraposición y la alimentan con la denuncia, que el tiempo dirá si es premonitoria o no, del “autoritarismo” de López Obrador y con la caracterización del neopresidente como “populista”. Para sostener lo primero, advierten sobre la concentración de poder. Ello supone una reivindicación tácita de los gobiernos divididos (Ejecutivo y mayoría del Congreso de distintos colores políticos) que se sucedieron desde 1994, período que hoy no cuenta con una valoración positiva de los ciudadanos. En cuanto a lo segundo, “populista”, es la adjetivación que le viene casi pavlovianamente a la cabeza a quienes sostienen, contra abundante evidencia, que sólo hay una prescripción aceptable, aperturista, desreguladora y de goteo de los beneficios del crecimiento, de política económica.

El uso casi irreflexivo del término continúa a pesar de que fue justamente Peña Nieto quien protagonizó en 2016 un episodio sonoramente bochornoso: el presidente Barack Obama reivindicó para sí la condición de populista luego de que el mexicano usara el término con intención descalificatoria durante una cumbre de los “tres amigos” de América del Norte. AMLO es escurridizo a la hora de aceptar adjetivos para sí mismo, pero casi siempre pinta a sus contrincantes como “conservadores”. Lo más cerca que se pone de reivindicarse tal como sus adversarios lo pintan es cuando reivindica a Lázaro Cárdenas, a quien los estudios académicos ponen habitualmente en la columna del populismo latinoamericano. Aún así, el espantajo que quieren evocar priístas y panistas cuando adjetivan a AMLO no es el del Presidente Cárdenas sino el de un contemporáneo bien identificado: el venezolano Nicolás Maduro.

López Obrador camina con tiento a la hora de encarar su “Cuarta Transformación”. Las dosis de cambio que trae van acompañadas de venias a cierta continuidad. Aun cuando ya canceló la reforma de la política energética con la que Peña Nieto había liquidado el monopolio de la estatal Pemex en la producción, distribución y venta de petróleo y sus derivados, respetará los contratos con privados ya firmados, al amparo de la normativa surgida del Pacto por México.

Para su reforma educativa, que implica un giro también radical, ha elegido como líder a Esteban Moctezuma, un hombre que viene del PRI del período que AMLO llama “neoliberal” y que ha trabajado para el Grupo Salinas (de la familia del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari). En fin, el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso, ratifica el rumbo fiscal del gobierno saliente, al prever un 1% de superávit fiscal primario. Como es habitual ante cambios de estas características, cada descalificación de la oposición viene acompañada de una salva de sobresaltos en los mercados cambiarios y bursátiles, aunque los operadores financieros son más ambiguos. Hay días en que votan en contra y días en que se muestran indiferentes.

A pesar de que sus líderes parecen convencidos de que la estrategia a seguir pasa por trazar una raya en la arena para separarse de AMLO, al estar en la posición de debilidad en la que está cualquier oposición cuando su contrincante inicia su mandato, los beneficios que buscan con ella palidecen por ahora frente a los perjuicios que trae sostener esa tensión. El primer indicador de esto fue el paso del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) a la órbita de AMLO. Partido cuyo verde representa mejor la condición perenne de su oficialismo, fue aliado del PAN y del PRI cuando a estos les tocó gobernar, que su pretendido ecologismo. Es sensato tomarlo como papel tornasol de las nuevas coordenadas políticas en México.


«Los primeros pasos de AMLO han sido firmes y todo indica que, salvo una caída en picada del precio del petróleo, puede confiar en una luna de miel más o menos prolongada».


En la misma dirección apunta la división que mostró el PRD a la hora de votar el presupuesto: la mitad de la bancada votó a favor de la propuesta de AMLO, contraviniendo la línea de unidad de la oposición que sostiene el liderazgo del ex-partido del presidente.

Los primeros pasos de AMLO han sido firmes y todo indica que, salvo una caída en picada del precio del petróleo, puede confiar en una luna de miel más o menos prolongada. Más que eso, el considerable poder que el pueblo le confió en las urnas puede acrecentarse en las instituciones con la llegada a la coalición oficialista de legisladores que fueron electos por partidos ahora opositores. El frente de la política exterior, que hace menos de dos años podía haberse sospechado como particularmente complicado, se halla muy apacible: la firma del Tratado México-EE.UU.-Canadá realizada en Buenos Aires durante la reciente Cumbre del G20 despejó el principal peligro de corto plazo. Para cumplir sus promesas de justicia social y hacer realidad la consigna de «Por el bien de todos, primero los pobres», el Estado mexicano necesitará con toda seguridad muchos más recursos que los que liberarán las medidas de austeridad republicana que AMLO ha puesto rápidamente en práctica. De dónde saldrán es una de las incógnitas que resta despejar. Las condiciones políticas de partida son casi óptimas. Resta por verse si las ideas de política económica que López Obrador ponga en práctica servirán para generar esos recursos y si sus conciudadanos juzgarán a AMLO al final de sus seis años de mandato más por el grado de avance en su agenda de justicia social o por la limpieza que haga de un estado ineficaz en parte por corrupto.

 

 

 

* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 

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