Una solución latinoamericana para Venezuela

Por Gabriel Puricelli *

Con el agotamiento de la legitimidad de origen de Nicolás Maduro, en Venezuela se agravó un cuadro de autoritarismo caótico. El nuevo mandato presidencial del sucesor de Hugo Chávez carece de la legitimidad de origen del anterior, lo cual ha tenido por primer efecto agudizar un conflicto de poderes entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional que no cesa desde que a fines de 2015, cuando los venezolanos eligieron darle la mayoría absoluta a la oposición en el poder legislativo.

En el lento pero firme deslizamiento del régimen político venezolano hacia una dictadura perviven condiciones heredadas de la democracia anterior, tanto porque hay actores políticos que las sostienen, como por la propia naturaleza caótica del arreglo institucional vigente. Con riesgo para su integridad física y su libertad hay un amplio sector de la prensa y de la intelectualidad que se expresa públicamente. Hay decenas de presos de conciencia pero no hay encarcelamientos masivos. Hay un reconocimiento legal de algunos partidos de oposición y (hecho destacadísimo) hay una situación sui generis con la Asamblea Nacional. El ejecutivo desconoce por completo su mandato popular y constitucional, y violenta sistemáticamente la inmunidad de algunos de sus miembros, pero no impide que se reúna. La pervivencia de esos elementos lleva a algunos, de buena fe, a dudar de si a maduro le cabe la definición de dictador, y a otros, de mala fe, a defender las supuestas credenciales “democráticas” que le conferiría a su régimen el coraje y la lucha de quienes se le oponen y no han sido (¿todavía?) silenciados o encarcelados. También en su momento Juan María Bordaberry, en Uruguay y Alberto Fujimori, en Perú, desfiguraron el régimen democrático en sus países pero defendieron durante un tiempo la idea de que no eran dictaduras porque ellos habían sido electos democráticamente. A Bordaberry lo desmentiría pronto el traspaso de la presidencia a sus auspiciantes militares. Fujimori murió con las botas puestas. Maduro, que cuenta con el decisivo apoyo militar, intenta también cuadrar ese círculo.

La naturaleza caótica del régimen autoritario venezolano, que quien esto escribe vio definida por primera vez por Pablo Stefanoni, tiene su evidencia más incontrovertible en dos factores. El primero es la pérdida del monopolio de la violencia por parte del estado y el segundo es el gravísimo deterioro de la capacidad estatal de brindar seguridad alimentaria a la ciudadanía. En 2016 (y no puede haber mejorado desde entonces) había una tasa de 56,3 homicidios cada 100.000, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esto es casi 10 veces más que en Argentina, casi el doble del violentísimo Brasil, más del doble de la vecina Colombia, país que está saliendo de una guerra civil de cinco décadas. En América Latina, Venezuela sólo es superada en este indicador de violencia societal por El Salvador y Honduras.

La cuestión alimentaria puede ser ilustrada con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Entre 2015 y 2017, 11,7% de la población estaba subalimentada, el doble de la tasa del lustro 2008-2013. Este es otro indicador que no puede sino haber empeorado tras un año calamitoso para la economía del país, como lo fue 2018. En un país que califica como de ingreso medio-alto se trata de indicadores inaceptables. Siendo el resultado producto de la acción de un gobierno cuyo líder perdió legitimación democrática. Se acumulan las razones para desear que ese gobierno cese.

En este momento, en toda América Latina (y más allá) sobran las manifestaciones de quienes toman partido a favor y en contra de Maduro y su gobierno de facto y de quienes toman partido por la oposición. No vamos a sumar aquí otro texto de esa naturaleza. Vamos a intentar delinear algunos principios que deberían guiar la política de parte de la comunidad internacional interesada en ayudar a paliar el drama humanitario y a restituir el marco constitucional y la democracia en Venezuela. Las recomendaciones de política que nos permitimos hacer aquí no son exhaustivas y omiten a conciencia distintos factores que una política integral debería incluir.


Cualquier acción regional que intente ayudar a los venezolanos debe partir del principio de  abstenerse de cualquier acción que pueda alimentar el caos.


Como frente cualquier situación como la que atraviesa Venezuela, la comunidad global se encuentra ante la tensión entre dos principios. Uno es antiguo y bien establecido, el de no intervención, sin el cual no existiría el actual orden internacional de países soberanos. El otro, adoptado recientemente, en la cumbre mundial de la ONU de 2005, es el de la responsabilidad de proteger a la población. El nuevo principio matiza el antiguo y es de aplicación problemática y sujeta a factores que exceden los principios y que sirven a los intereses de otros estados antes que a la protección de los ciudadanos en riesgo. El resultado de su aplicación varía desde el caso ejemplar de Kenia en 2007-2008 hasta el desastre completo de Libia en 2011. El motivo por el que interesa citar estos dos casos es porque, en el caso exitoso, la ONU tuvo el apoyo de sus miembros para actuar como un componedor desinteresado y, en el desastroso, el principio fue invocado falsamente, ante todo, para cubrir el rastro que ligaba a Muamar el Gadafi con Nicolas Sarkozy.

Venezuela está lejos de ser el único país del mundo cuya situación reclama un compromiso constructivo de la comunidad internacional, ni siquiera es el único de América Latina. Es, sin embargo, el único caso que afecta directamente el interés nacional de muchos países de la región, debido al flujo migratorio que la situación provoca y a la amenaza epidemiológica regional que conlleva la inoperancia gubernamental.

Cualquier acción regional que intente ayudar a los venezolanos debe partir del principio de  abstenerse de cualquier acción que pueda alimentar el caos. La consecuencia más obvia de la aplicación de esa orientación es asegurar la consistencia y la coherencia de la retórica y las acciones diplomáticas. La baja institucionalidad y la tendencia irreflexiva a los grupos ad hoc con mandatos e instrumentos poco claros son contradictorias con esa necesidad de minimizar el caos. La falta de coordinación, con países que sorprenden antes a sus socios que a Maduro con degradaciones o rupturas de relaciones diplomáticas con Caracas, suman a una cacofonía a estos efectos. El abandono de UNASUR, a pesar de la experiencia probada en la resolución de conflictos interestatales entre Venezuela, Colombia y Ecuador es una decisión lisa y llanamente incomprensible.

Los países vecinos deberían ser enormemente prudentes en evitar alimentar la mentalidad de asedio que el madurismo promueve como mecanismo de legitimación doméstica. Esto obliga a reacciones muy firmes frente a las amenazas de intervención militar de EE.UU. como al aventurerismo de los funcionarios de la administración Trump, que tienen la disparatada idea de que se puede financiar un gobierno alternativo en Venezuela. Si el gobierno autoritario tiene disminuidas sus capacidades estatales es impensable lo que podría hacer una oposición, que no controla ninguna porción de la administración, con el dinero que EE.UU. podría depositar en cuentas que no está claro quién podría operar ni con qué fines. Esta es otra política orientada a alimentar el caos de parte de un país que está en mejores condiciones de amortiguar cualquier impacto de ese caos que los de más al sur del hemisferio.


El abandono de UNASUR, a pesar de la experiencia probada en la resolución de conflictos interestatales entre Venezuela, Colombia y Ecuador es una decisión lisa y llanamente incomprensible.


Otra política a evitar es la de generar agrupamientos de países a partir de la ideología de sus gobiernos. Esto refuerza el relato madurista de que su régimen libra una batalla “contra la derecha”. Esta mala praxis diplomática provoca otros efectos no deseados. Sesga la relación hacia determinados sectores de una oposición venezolana ya de por sí dividida, generando incentivos para la competencia y no para la cooperación en el seno de la oposición. Esta mala praxis tiene otros efectos, tal vez buscados. Cuando la credencial para ingresar a estos agrupamientos es el carnet de afiliación del gobierno circunstancial de un país a determinada organización internacional de partidos políticos, se pasa por alto la presentación de credenciales democráticas. Así vemos que un gobierno fraudulento como el de Juan Orlando Hernández, en Honduras, o un gobierno que está en el medio del proceso de expulsión de una misión internacional contra la corrupción, como el de Jimmy Morales en Guatemala, sacan chapa de ejemplares mediante el sencillo trámite de criticar a Maduro. Esta última observación no debe entenderse como la exclusión por principio de cualquier país no democrático de una política de influencia constructiva. Si tiene ascendiente o intereses concretos relacionados con Venezuela, cosa que los dos países nombrados no tienen, un país no democrático puede ejercer un rol útil, destaquemos el papel de Cuba en el proceso de paz colombiano.

La política para terminar con la dictadura en Venezuela debería además ser cuidadosa de los principios generales que se ponen en juego. Países relativamente débiles en el contexto global, como los de América Latina, han sido conocidos en el pasado por su papel en la enunciación de doctrinas orientadas a construir un orden internacional basado en reglas y no puramente en el uso de la fuerza. En ese sentido, repetir como un mantra el principio de no intervención debería ser cosa de todos los días. No es sólo por mirar hacia el pasado de intervenciones estadounidenses sino por prevenirse ante posibles futuras diplomacias de las cañoneras de países ávidos por recursos que abundan en nuestra región. Esta prevención debería ir de la mano de un guante de seda retórico para no irritar a países cuya cooperación necesitamos y que tienen una política, más o menos discreta, según el caso, de sostén a Maduro.

Debería ser obvio a esta altura, pero resulta imprescindible mantener los canales diplomáticos. La presencia en el terreno es irrenunciable para llevar adelante el trabajo de relacionamiento con los actores que debería ser la prioridad única de cualquier diplomático latinoamericano destinado en Caracas.


Los países vecinos de Venezuela deberían ser enormemente prudentes en evitar alimentar la mentalidad de asedio que el madurismo promueve como mecanismo de legitimación doméstica. Esto obliga a reacciones muy firmes frente a las amenazas de intervención militar de EE.UU., que tiene la disparatada idea de que se puede financiar un gobierno alternativo.


Dejamos para el final lo más evidente. Ninguna política ayudará efectivamente a Venezuela mientras parte de los gobiernos de la región sigan considerando que vale la pena “ocuparse” del tema sólo porque rinde dividendos domésticos en sus respectivos países. En muchos casos la única política es la del comunicado. Se dosifica no en función de los eventos en Venezuela sino del rating que la cuestión ofrece en campañas electorales o para hacer frente a momentos de pérdida de apoyo ciudadano por su propia ineficacia. Venezuela tiene que pasar a ser materia exclusivamente de política exterior. Mientras lo sea de distintas políticas domésticas, los incentivos estarán servidos para que el caos venezolano se prolongue cuanto sea posible. La misma observación vale para la consistencia de los gobiernos de estos países. Es absurdo declarar una solidaridad de papel al mismo tiempo que se restringen los derechos de los migrantes, uno de cada dos en América del Sur, hoy, venezolanos.

Más temprano que tarde, Maduro habrá pasado. Lo importante es cuánto podemos abreviar el tiempo hasta que eso pase y cuánto dolor se le puede ahorrar a los venezolanos. Y, entretanto, asegurarnos de que lo estamos haciendo con los medios más nobles y sin comprometer un ápice los principios del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, y del derecho internacional de los derechos humanos que existen para nuestra propia protección.

 

* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 

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2 respuesta a “Una solución latinoamericana para Venezuela”

  1. Más temprano que tarde Maduro habrá pasado , según Puricelli , habría opinado lo mismo de Fidel Castro hace 50 años ? Me parece que este señor no muestra las cartas

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