Crisis, un nuevo desengaño con el neoliberalismo

Por Gustavo Grinspun

En el 2015, había que abordar la densidad de una herencia macroeconómica pesada,  aunque quizás no tanto como en previas transiciones democráticas. Estaba sesgada por el sostenimiento artificial de niveles de consumo incongruentes con una economía descapitalizada y estanflacionada, por entonces, por más de un lustro. Sin embargo, era socialmente necesario para una estructura social injusta y asimétrica como la nuestra, con fuertes desequilibrios y fragmentaciones sociales de larga data.

La razón esencial de esta disparidad estructural venía dada a causa (y consecuencia) de una muy baja productividad media general de la economía. Su condición estructural se basaba entonces, al igual que ahora, en causales igualmente estructurales, que le han dado permanencia. El carácter de dualidad entre sectores productivos principales, esto es, un sector primario productor neto de divisas, competitivo, pero expulsor de empleo versus un sector industrial, consumidor neto de divisas, no competitivo y tomador de empleo. Y la consecuente restricción externa de la economía, es decir, las crisis estructuralmente cíclicas de divisas y sus pujas pendulares consecuentes por la distribución del ingreso nacional. Pero también, la competencia de productos por los mercados de consumo y de exportación, la baja integración económica y de mercados, la baja productividad media del gasto público, el alto costo del capital, la baja capitalización y productividad de la inversión privada, el déficit infraestructural, la alta marginalidad social, la alta informalidad económica, circuitos económicos fuera del alcance directo de la política pública, o la alta proporción poblacional sostenida por el asistencialismo y el gasto público social.

Por su parte, la artificialidad con que se sostenía aquella disparidad venía dada por la subsistencia de desequilibrios fuertes en las principales magnitudes macroeconómicas agregadas. Y éstas, derivadas, a su vez, de desajustes acumulativos por años en la estructura relativa de los principales precios de la economía. En esto último tuvo responsabilidad exclusiva la política económica kirchnerista en especial a partir de 2007

El acotamiento de la restricción externa a lo largo de la década kirchnerista se había sostenido en base a las ventajas derivadas de un orden mundial basado en el exceso de liquidez internacional, bajas tasas de interés, dólar devaluado y términos de intercambio extraordinariamente favorables por magnitud y persistencia.

Pero ya iniciado su proceso de agotamiento final en el último mandato de CFK, fue restableciendo magnitudes significativas del desbalance fiscal y del sector externo, que se venían deteriorando aún desde antes. En el 2003, el kirchnerismo había recibido un fisco con 4% del PBI de superávit y lo dejó, en el 2015, con más de 5% del PBI de déficit. Es decir, con un fenomenal desbalance en el período de 9% del PBI. Para peor, esto estaba sostenido en un brutal incremento estructural (+15% del PBI) del gasto público consolidado, que volaba en magnitud del orden del 44%. Y por un aumento neto de la presión fiscal promedio sobre el sector privado de casi +6% del PBI, en el período, hasta niveles promedio en la economía del orden del 34%. Pero que en algunos casos llegaba al 50. Estaban virtualmente agotados los instrumentos disponibles de política fiscal anti-cíclica. Lo mismo con el desequilibrio de la balanza de pagos y la posición de reservas. El kirchnerismo recibió 7% del PBI de superávit de cuenta corriente y dejó 3% del PBI de déficit. Y recibió 3% del PBI de superávit comercial, que, sin embargo, se había revertido en el primer déficit comercial (-0.6% del PBI) en 16 años, al momento de la finalización del mandato, incentivado por la distorsión que la política cambiaria proyectaba sobre los precios de los bienes transables. Eso fomentó la caída de las cantidades exportables y el subsidio implícito a la acumulación de stocks importados. Fue con el agravante de haber perdido en el camino el autoabastecimiento energético y recaído en la importación como restricción comercial a futuro. Las reservas brutas representaban entonces unos 5 meses de importaciones promedio, pero las que se entendían, con criterio laxo como de libre disponibilidad, apenas 1.6 meses.

Sin embargo, si algo caracterizaba aquella herencia era la magnitud acumulada de los desajustes de precios relativos. En cuanto al tipo de cambio, los $ 3,70 por dólar, con que asumió el kirchnerismo equivaldrían hoy a unos $ 46, mientras que los $ 9,50, con que terminó su gestión, a unos $ 19 de hoy. Es decir, un atraso relativo entre puntas de un 58.7%. En materia de tarifas, la luz se pagaba 13 centavos por cada $ 1 de costo, el gas 42 centavos; y el transporte, 33 centavos por cada 1. Y, sin un contralor público adecuado, las empresas habían capturado los subsidios fiscales para financiar una distribución anticipada de dividendos, con lo que la infraestructura había sufrido una fuerte desinversión neta, incluso hasta el incumplimiento de los contratos de concesión.

El saldo neto era el cuadro estanflacionario  mencionado, caracterizado por niveles de actividad similares a los de 2011, aunque un 43% mayores que a los de 2003, y una inflación acumulada, según estimaciones privadas, del orden del 660% en el período. Pero con salarios registrados que le ganaron, en promedio, a la inflación, con altibajos de año en año, aunque con tendencia decreciente a partir de 2007 y de caída neta hacia su final, los últimos 3 años de la gestión. Y que determinaron, aunque también con altibajos, una mejora relativa en la distribución del ingreso durante la gestión.

Era un panorama económicamente estancado, aunque socialmente contenido, pero con fuertes desequilibrios de base. Mientras la política pública no atendía las causales estructurales subyacentes, la política económica sostenía esa situación sin eclosión social. Y, al hacerlo, distorsionaba la evolución del ciclo económico de corto plazo, deterioraba la rentabilidad general de la economía y afectaba el horizonte de expectativas de evolución a futuro. Con ello, agravaba recurrentemente los desequilibrios macroeconómicos ya existentes.


«Un gobierno que gestiona para los mercados es rehén de ellos y, como tal, está expuesto a la racionalidad especulativa de su funcionamiento».


Frente a este panorama, en su mensaje de campaña, el PRO en Cambiemos desplegó ante la ciudadanía un imaginario electoral por el cual se representaba a sí mismo como la encarnación de una política “nueva”. Para esto propuso incorporar a la administración del Estado a los hombres de negocios, gerentes y asesores de empresas, para que replicaran en el ámbito público lo que meritoriamente habían conseguido en sus ámbitos privados. Venían, además, reforzados por una supuesta nueva-y  encomiable- cultura integradora de “equipos de trabajo”, de cualidades sin precedentes. Estaban, supuestamente, en sintonía académicamente con la más reciente casuística comparativa de solución a problemáticas económicas similares, programas anti-inflacionarios, en países semejantes, aunque mayoritariamente desarrollada en las usinas intelectuales del pensamiento global.

La “novedad” política se presentaba, así, como pretendidamente superadora de la estructura política pre-existente para la formulación de la política pública, y en particular, de la política de estabilización económica y des-inflacionaria de corto plazo. En esta materia, la “novedad” venía adicionalmente apalancada en un gran activo de respaldo. A diferencia de experiencias precedentes de la ortodoxia económica en el país, instrumentadas en contextos políticos no democráticos o de flagrante reversión posterior del contrato electoral de origen, el enfoque neoliberal de la política económica, a pesar de promesas francamente falsas del discurso triunfante, en esta oportunidad contó con la legitimación de origen y el acompañamiento de la ciudadanía como nunca antes en  el pasado. Esta característica de orden general sería luego fundamental en su capacidad de implementación y ejecución, sin resiliencias ni afectación inicial, al menos durante la primera mitad de la gestión, a las condiciones de credibilidad política y gobernabilidad.

Al autocratismo político y a la discrecionalidad económica de la gestión kirchnerista, convivientes ya entonces con la presunción de una corrupción estructuralizada en la vida económica del Estado, le sucedió un enfoque tradicional de ajuste macroeconómico ortodoxo. Una vez más  lo caracterizaba la falta de una visión estratégica y de un modelo de desarrollo más explícito, con lo que concentraba todo su alcance en la política económica de corto plazo.

Buscaba atacar el diagnóstico, universalmente reconocido desde todos los ángulos políticos, de severos desajustes en la estructura de precios relativos y desequilibrios en las principales magnitudes macroeconómicas agregadas. Pero no ponderaba adecuadamente, como no lo hicieron experiencias anteriores de similar orientación, los efectos contrapuestos de sus políticas económicas sobre la naturaleza fragmentada, de alta complejidad e inestabilidad sistémica de la problemática estructural argentina.

Sin embargo, más allá del ajuste estructural o de su cuantía programada en el tiempo, lo sustancial de la nueva política económica era lograr conciliar una recomposición  rápida de reservas para que respaldasen la liberación inmediata del tipo de cambio, con un ajuste fiscal progresivo que, en su progresividad, contemplase las demandas relativamente inflexibles en el corto plazo del gasto social que dieran viabilidad política al esquema. Ello, a su vez, debía conciliarse simultáneamente con una política des-inflacionaria agresiva, dado que se la entendía como requisito indispensable de un clima adecuado de negocios y, por extensión, del eventual crecimiento económico. Por lo tanto, el crecimiento no tenía ni direccionamiento programático, ni diseño de la dimensión social implícita, sino que quedaban al libre criterio asignador del mercado.

Se buscó implementar una política de gradualismo fiscal. Estaba inspirada en la justificación intelectual moderna de la austeridad, en una visión edulcorada del relato de la “austeridad expansiva”, desarrollada desde Harvard por los italianos Alberto Alesina y Silvia Ardagna, y que argüía mayor eficiencia del ajuste fiscal vía reducción de gastos que por incremento de los impuestos. En este caso, además, debido a los altos niveles de presión tributaria heredados, se trataba de una reducción de gastos por sobre la reducción en el margen, ya no el incremento, de los ingresos. O de la llamada teoría del Umbral Peligroso de la Deuda al 90% del PBI, desarrollada por Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, en su influyente, pero luego estadísticamente desacreditado, estudio “Growth in a Time of Debt”, American Economic Review, 2010.

Se buscaba conciliar además con una política de shock devaluatorio y posterior flotación limpia del mercado cambiario, que supuestamente absorbiese la eventualidad de posibles shocks externos, y que, junto a la inmediata liberalización plena del movimiento de capitales, facilitase la entrada de divisas. Pero el mercado de cambios liberado no absorbió para sí ninguno de los shocks externos sino que los trasladó a la economía real. Justamente la liberalidad del mercado fue factor de volatilidad de precios y de incompatibilidad de su evolución con el sendero descendente de administración de las metas inflacionarias.

Se trataba de conciliarlo también con una política monetaria de altas tasas de interés que, por sí, permitiese regular la demanda agregada en un esquema de inducción de expectativas racionales des-inflacionarias en el tiempo (metas de inflación). Y que en conjunción con la flotación cambiaria, financiase el modelo, vía entrada de inversiones financieras, el endeudamiento estructurado, tanto soberano como privado, y un flujo de inversiones reales. Pero la alta tasa de interés sólo atrajo dinero especulativo de corto plazo que introdujo un sesgo revaluatorio, de atraso real, sobre el tipo de cambio, con su consecuencia de dilapidación del gasto en divisas en el exterior y de explosivo incremento de los pasivos remunerados de corto plazo del BCRA (LEBAC). O sea, de creciente riesgo devaluatorio hasta que finalmente se realizó de manera dramática con las corridas cambiarias. Finalmente, se pretendía conciliar, a su vez, una política de shock en materia de ingresos que convergiese en dirección del ajuste de los ingresos fijos y el reemplazo del consumo por la inversión privada en la función de la demanda real.

La austeridad fiscal, aún la progresiva, la devaluación salarial y la liberación del tipo de cambio y de todo movimiento de capitales, iban supuestamente a favorecer el retorno de la confianza, condición necesaria para que un país como la Argentina pudiese volver con normalidad a los mercados financieros globales. Había que aprovechar el muy bajo nivel de endeudamiento en divisas y con el exterior dejado como parte, virtuosa, de la herencia kirchnerista, para volver a apalancar la economía. La consecuencia fue restablecer el problema, que ya había sido tan arduamente superado, del endeudamiento como restricción estructural de la economía. El incremento de deuda pública de esta Administración terminará siendo del orden de los U$S 180.000 millones en sus 4 años, el 80% en divisas. Con lo que el stock total, que al inicio de la gestión era del orden del 45%, terminará representando un 107% del PBI a finales del 2019.

De esta manera, lejos ya de abordar las problemáticas más estructurales de la situación, la política económica subestimó su función de conciliación de objetivos tan contrapuestos en la coyuntura. Profundizó las disparidades de marcha entre sus distintos componentes. En especial, entre la gradual pero contradictoria política fiscal y la política monetaria de altas tasas que afectaron la producción, pero que no por eso fuera monetariamente astringente (expansión monetaria primaria, las LEBAC, y déficit cuasi-fiscal). A las altas tasas se le sumaron nuevas distorsiones de precios relativos: la política cambiaria primero de shock y de posterior ancla anti-inflacionaria (retraso cambiario) y la política de ingresos utilizada para reforzarla. Para peor, en un marco de liberalidad cambiaria que le daba volatilidad e inestabilidad al esquema de corrección de precios y posterior de metas de inflación. Y con ello, permisibilidad a que la  acumulación de riesgos devaluatorios fuese corregida espontáneamente y sin control en algún momento por el mercado. Como si fuera poco, en un contorno institucional de partición y dispersión operativa de la administración económica gubernamental.


«El país ha desembocado en un nuevo embudo de crisis. Son los emergentes de un nuevo desengaño con el neoliberalismo económico y de otra experiencia de poder fallida de la derecha política en Argentina.»


Parecía que la política económica subestimaba la unicidad y sintonía necesarias entre sus componentes. Se fundamentó en el dogma ortodoxo tradicional de búsqueda de una explícita redistribución regresiva del ingreso que facilitase la acumulación y la inversión privada, que deterioraba permanentemente la sustentabilidad social del modelo pero sin ponderación debida de las grandes inconsistencias propias que iba generando. Parecía entonces sesgadamente concebida como facilitadora de la mera consecución de los negocios y, sin embargo, no facilitaba condiciones para la inversión productiva privada. Se terminó favoreciendo a los inversionistas potenciales antes que a la inversión, sobre-remunerando la inversión financiera especulativa de corto plazo y favoreciendo la fuga de capitales.

Según el economista John Quiggin (Rationalism and Rationality in Economics, 1999), los rasgos característicos de la «retórica económica fundamentalista» son aseveraciones «dogmáticas», junto a la afirmación de que cualquiera que defienda perspectivas contrarias no es un economista capacitado o actualizado. [John Ralston Saul (On Equilibrium, Penguin Books, 2001) sostiene que es simplemente una forma de bullying intelectual del pensamiento establecido. Este enfoque dogmático deriva de la creencia de que la economía neoclásica proporciona una explicación científica del fenómeno económico, una explicación que algunos fundamentalistas afirman posee un status de verdad científica. No obstante, como señala Kozul-Wright (The Resistible Rise of Market Fundamentalism: Rethinking Development Policy in an Unbalanced World; Zed Books Ltd, Londres, 2007), esta «’inevitabilidad’ de las fuerzas de mercado», que los políticos conservadores y economistas neoliberales tienden a subrayar, y su confianza en su política preferida, descansa en una «mezcla de asunciones implícitas, mitos sobre la historia del desarrollo económico de sus propios países e intereses particulares camuflados en su retórica como bien general».

De todo esto advertimos oportunamente. Largamente hemos argumentado sobre los riesgos de que la política económica del Gobierno implosionase sobre sus propias inconsistencias. Mirado en retrospectiva, transcurridos casi tres de los cuatro años de la administración, es silenciosamente elocuente que la política económica haya venido desarrollándose a los tumbos desde su inicio mismo y, más reciente y dramáticamente, a golpes sucesivos del mercado cambiario. Y, por contagio inevitable, de los mercados reales. Al fracaso manifiesto de la política de estabilización de precios basada en el “anclaje” del tipo de cambio y en el esquema de “metas de inflación”, le ha seguido la repentina fuga política hacia la ortodoxia monetaria extrema, de la mano reguladora del FMI. Bajo el mismo enfoque de valoración financiera y superficial a los problemas estructurales de la economía, se ha virado en un sentido improvisadamente opuesto de instrumentación hacia políticas socialmente agravadas de shock fiscal y monetario que nunca demostraron sustentabilidad macroeconómica en el pasado.

Por impericia propia, el gobierno se arrinconó contra un feroz dilema que le puede costar su capacidad de gestión gubernamental y, en consecuencia, su reelección o la continuidad de su preeminencia política. Las recientes corridas cambiarias y la concomitante interrupción del flujo de capitales de corto plazo puso de manifiesto la precariedad del modelo de financiamiento del déficit fiscal vía endeudamiento externo en los mercados de capitales. Expuso la vulnerabilidad del esquema de gestión política del ejecutivo. Un gobierno que gestiona para los mercados es rehén de ellos y, como tal, está expuesto a la racionalidad especulativa de su funcionamiento. Se somete a sus volatilidades y se torna dependiente de sus arbitrajes y movimientos de capitales. La intempestiva reacción de acudir al FMI lo terminó de agotar. Esto, no sólo trajo aparejadas las restricciones operativas de gestión que la condicionalidad del FMI le impone, sino que además redujo la envergadura de la ayuda financiera factible de obtener. Por extensión, redujo la capacidad de acción política gubernamental no sólo presente sino también con la que pueda contar al momento de competir electoralmente por la reelección. Y, más incierto aún, la que pudiese necesitar, éste o el gobierno que lo suceda, después de finales del 2019.

El país ha desembocado así en un nuevo embudo de crisis. Son los emergentes de un nuevo desengaño con el neoliberalismo económico y de otra experiencia de poder fallida de la derecha política en el país. Representan un fracaso integral de la gestión del gobierno, un agotamiento de su capital político y el descubrimiento ante la ciudadanía de la falacia argumental de la “nueva política”.

(Continuará…)


 

 

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Una respuesta a «Crisis, un nuevo desengaño con el neoliberalismo»

  1. Sr.grispun mucho de economía no entiendo. Pero de una cosa estoy seguro.el 20/100 del capital de trabajo consume el 80/100 de la producción de bienes y servicios dejémonos de joder contra el 1/100 del capital pudiente el consumo del rico llámenos así es el 10/100 del total no se olvide que el rico consume libros esa es la pura verdad la economía debe encausarse hacía el poder consumista y así crecerá la economía no robando porque está es una raza de ladrones desde la época dd Cristo jamás se pensó en el bienestar de la gran mayoría de la sociedad.

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