Economía, una bomba incubada durante casi 4 años

Por Damián González Farah

El estudio de la coyuntura económica requiere de dos análisis previos. Por un lado, la situación política vivida el 11 de agosto a través de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que operó como detonante y, por el otro, la serie de decisiones económicas adoptadas por el gobierno en el transcurso de los casi 4 años que lleva en el poder, que generaron una especie de “bomba de tiempo”, que solo necesitaba ponerse en contacto con un detonador.

Sin participación real y efectiva de los ciudadanos no existe una democracia auténtica dotada de legitimidad (Pateman, 1970: 110-111). Esta concepción de la legitimidad concilia, libertad, igualdad real y participación, y encuentra su máxima expresión en la fórmula del Estado democrático de Derecho.

Por su parte, legalidad, en el más amplio y general de los sentidos, significa existencia de leyes y conformidad a las mismas de los actos de quienes a ellas están sometidos (Legaz Lacambra, 1958: 6). La legalidad es, pues, una forma manifestativa del derecho, la forma precisamente por la que se reconoce su existencia; significa que el derecho se manifiesta a través de normas, que es un sistema normativo.

Dadas las definiciones que he elegido para iniciar el presente análisis, resulta importante señalar que Argentina vive una crisis recurrente como producto de una serie de variables, entre las cuales es posible mencionar la falta de calidad dirigencial, planificación estratégica, diagnósticos objetivos, establecimiento de objetivos de corto, mediano y largo plazo, establecimiento de prioridades y asignación de recursos con el respectivo control, transparentamiento de la gestión de tales recursos, rendición de cuentas, entre otros.

En artículos anteriores he señalado el desfasaje existente entre la economía financiera y la economía productiva o real. Es decir: la brecha entre lo virtual y lo físico. Tal diferencia es consecuencia no sólo de falta de regulaciones si no esencialmente de falta de planificación.

La planificación estratégica resulta importante dado que en un contexto de volatilidad creciente se constituye en una orientación o dirección, en un horizonte al cual dirigir los esfuerzos de todos los ciudadanos que habitan el país. En caso de no poseer planificación, cualquier voluntad resulta inútil, porque toda decisión carece de marco y se encuentra desvinculada de un todo ordenador.

No hablo de planificación en el sentido de la constitución de un estado socialista si no en el de un estado que, oportunamente, como reflejo del consenso social, establezca objetivos, metas de gobierno, asignación de recursos y rinda cuentas al respecto.

Argentina, en el transcurso de las últimas décadas, aún en momentos donde hubo un contexto mundial favorable, desaprovechó tales situaciones para la elaboración de una estrategia consensuada, que incluya políticas de estado también consensuadas por todos los sectores sociales, políticos, económicos, sindicales, capaz de introducirnos en la senda del desarrollo integral. Es cierto que, en distintos momentos, hubo políticas parcialmente diseñadas en ese sentido. No reconocerlo sería de necio, pero ningún gobierno logró configurar un todo al respecto, que sea planteado en un horizonte de largo plazo.

El gobierno del Presidente Macri no escapa a tal descripción y resulta evidente el derrotero de nuestro país en los últimos 4 años. Pero, asimismo, posee una variable adicional, relacionada con las dos definiciones indicadas al inicio del presente análisis (legitimidad y legalidad).

Vivimos en estos últimos días una situación que se deriva de decisiones coyunturales que, en el momento de haber sido establecidas, no fueron estudiadas con la profundidad necesaria y provocaron la crisis que nos acontece. No hablo solo de las decisiones de endeudamiento, liberalización del mercado financiero, falta de regulaciones para morigerar la volatilidad de las inversiones financieras, que tomó el presente gobierno. Me refiero a la decisión política que tomó el Congreso Nacional en 2009 por Ley Nº 26.571 donde estableció una manera, un modo, para que los partidos políticos y/o frentes diriman sus candidaturas. La supuesta solución a una carencia propia de los partidos políticos tenía un objetivo que se daría sólo en una situación determinada. Tal situación era que hubiera candidatos que disputen en el interior de cada partido o frente.


«Argentina, atraviesa una crisis que se origina en la visión monetarista de la solución que el gobierno planteó respecto del ordenamiento del flujo, en relación a la inflación y el tipo de cambio».


El domingo 11 de agosto pasado, esa situación, necesaria para la existencia de las PASO, no se dio en ninguno de los casos de las candidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación. Por ello, dadas las condiciones socio-económicas a las cuales arribó la Argentina a tal compulsa, derivó en una dicotomía crucial entre el criterio de legalidad, que nos decía que era una primaria para definir candidaturas, y el criterio de legitimidad, que nos situó en una virtual primera vuelta.

El resultado es el que estamos viviendo en el transcurso de la realidad. Porque una vez que el poder de la legitimidad trasciende al de la legalidad todo el orden establecido se desmorona. Y así lo entienden los mercados, la economía, los factores de poder.

La coyuntura nos evidencia un poder político en ejercicio, que se encuentra desempoderado y, por ende, toda decisión que tome requerirá, hasta la realización de la primera vuelta electoral y la entrega efectiva del mandato, de un consenso con la fuerza que es opositora, pero que, dada las características de la elección, se ha tornado como el oficialismo real para los actores de la economía.

El análisis económico de los datos (cuantitativo) carece de sentido en un contexto de tan alta volatilidad. Intentar predecir los valores que adopten las distintas variables en este contexto resulta muy dificultoso. Pero si creo que es posible establecer algunas pautas para un análisis cualitativo de la situación que permita brindar una explicación, que aun pudiendo ser incompleta, brinde un marco o aporte.

En términos financieros, Argentina, atraviesa una crisis que se origina en la visión monetarista de la solución que el gobierno planteó respecto del ordenamiento del flujo, en relación a la inflación y el tipo de cambio. Para ello, explotó al máximo la capacidad de endeudamiento, restringió fuertemente la capacidad interna de demanda y pretendió bajar el nivel de déficit primario, todo en el marco del programa acordado con el FMI.

Asimismo, estableció una banda de flotación del tipo de cambio que en realidad sostenía artificialmente con dinero que deberemos devolver y tasas de interés que están provocando la destrucción de capital productivo. La banda de flotación sirvió como parámetro artificialmente establecido. Permitía mostrar un valor del dólar intermedio al techo de la misma. Eso, se suponía, iba a generar sensación de tranquilidad hasta la finalización del proceso electoral, momento en el cual, contando con la reelección del oficialismo, se podrían preparar las eventuales medidas que el FMI había requerido como parte del programa y que serían duras, con efectos sociales complejos.

En el transcurso de 2018 y 2019, la capacidad instalada utilizada por el sector industrial cayó a niveles similares al año 2002. El desempleo se incrementó a dos dígitos, la inflación fue atacada mediante una política parcial (monetarista), que obvió establecer una estrategia de incremento de la oferta.

El nivel de consumo particular se encuentra en niveles similares al de 2001 y esto repercute no sólo en el cierre y quebranto de empresas sino también en la caída de la recaudación fiscal, lo cual genera un círculo vicioso de necesidad incremental de ajuste y baja del gasto de forma indefinida.

La situación recesiva, atenuada por el oficialismo a través de diversas tácticas de comunicación e invisibilización, tuvo un reflejo fuerte en la acumulación de votos que recibió la oposición, pese a sus procesos judiciales en marcha por actos de corrupción. La escala de maslow, nos permite analizar el origen de la decisión del voto popular en este caso.

En la base de la escala se ubican las cuestiones esenciales o necesidades básicas que tiene todo ser humano. A partir de que esas necesidades básicas son satisfechas es posible escalar y ambicionar las siguientes.

Argentina tiene un 35% de su población bajo la línea de la pobreza, según la medición del segundo semestre de 2018 publicada en el primer semestre de 2019. Tal porcentual resulta en una situación social muy grave pero, en realidad, refleja información vieja.


«Los jubilados y pensionados que se encuentran casi todos por debajo de la línea de pobreza, suprimiendo tratamientos médicos por carecer de recursos para la adquisición de medicamentos, imposibilitados de efectuar el pago de las tarifas de los servicios de energía, entre muchas otras cuestiones».


Los datos de 2019, tanto del primer semestre, donde se produjo una devaluación del orden del 30% entre febrero y marzo, así como la actual pérdida de valor de la moneda nacional, de aproximadamente 25-30%, va a arrojar una cifra superior de pobres e indigentes. Lo mismo sucede con aquellos ciudadanos que perdieron el empleo y con los jubilados y pensionados que se encuentran casi todos por debajo de la línea de pobreza, suprimiendo tratamientos médicos por carecer de recursos para la adquisición de medicamentos, imposibilitados de efectuar el pago de las tarifas de los servicios de energía, entre muchas otras cuestiones.

Del mismo modo, todo lo aspiracional de la clase media, que cuando posee un incremento en su capacidad de consumo intenta asemejarse a la clase alta, por motivos psico-sociales y sociológicos, se vio reducido y debió asumir la pérdida de posiciones sociales, vistas desde la perspectiva del consumo de bienes secundarios y marcas que son asociadas a niveles de ingreso superiores. Los motivos del resultado de la elección primaria deben buscarse incluyendo estas variables.

¿Qué puede suceder?

Ante un escenario de poder político oficialista debilitado, con baja credibilidad por parte de la sociedad y de los mercados, en el marco de una cantidad muy grande de días por transcurrir hasta la primera vuelta efectiva, no hay posibilidades de que las medidas que se adopten surtan efecto alguno, excepto que sean consensuadas con la oposición.

Todas las medidas que se adoptaron y que se pudieran adoptar son de índole coyuntural, electoral y de corto plazo de duración, dada la restricción económica que enfrenta nuestro país. Esperar que tales medidas puedan perdurar es por lo menos inocente.

La devaluación, la suba de las tasas de referencia y la posibilidad de desabastecimiento, aceleran los tiempos de las decisiones. El gobierno puso en el bolsillo de muchos argentinos un importe que lo obtiene a través de la recaudación impositiva inflacionaria. Representan no sólo una claudicación a la escuela económica predominante en el oficialismo sino también el cambio unilateral de las reglas de juego del acuerdo firmado con el FMI.

El ordenamiento de la economía, tanto para ejercer una política de corte neoliberal como una de índole keynesiana, va a requerir como paso previo un shock de estabilización. Eso sólo es posible con acuerdos previos y poder, es decir, con legitimidad.

La economía siempre va a tender al equilibrio. Por ello la situación que vivimos no refleja una crisis del momento sino una explosión de algo que se vino acumulando en el transcurso de mucho tiempo y que no representa el final de la onda expansiva.

El gobierno entrante deberá desarmar las promesas futuras de emisión monetaria que representan las LELIQ y las tasas de interés. Eso llevaría a un incremento del circulante, que desvalorizaría la moneda, lo cual podría incrementar el efecto inflacionario dado que la gente intenta desprenderse de los pesos porque van perdiendo capacidad de adquisición de bienes y servicios, estableciendo un cuello de botella entre la demanda y las restricciones de una oferta que tampoco quiere perder, entendiendo que en un escenario de volatilidad, se rompe la cadena de precios y con ello se perjudica cada eslabón en términos del incremento de costo de reposición.

Lo antes dicho podría generar desabastecimiento, con las consecuencias sociales más graves. Por ello es necesario establecer un programa de coyuntura que permita llevar alivio a las necesidades básicas, al mismo tiempo que iniciar una ronda de consulta con todos los sectores para consensuar un plan de renegociación con el FMI, fijar pautas para la utilización de las reservas del BCRA, diseñar un esquema de incrementos salariales pautados por etapas, brindar por el lapso de 3 meses todos los medicamentos gratis para los jubilados y pensionados, establecer una condonación porcentual de deudas impositivas a las PYME, entre otras cuestiones que permitan brindar un marco de serenidad a los argentinos.

Luego de superada la coyuntura será necesario establecer un espacio que proyecte minuciosamente políticas de desarrollo acordadas con todos los sectores. Yo lo llamo “Agencia para el Desarrollo Nacional” y lo expuse en la nota que me publicó Replanteo en mayo pasado. La misma se puede ver en: Inversión productiva o crisis permanente.

El desafío es muy grande y no puede ser abordado por un solo partido, ni por un solo frente, ni por un solo sector social. Esto debe comprenderlo la dirigencia.

 

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2 respuestas a «Economía, una bomba incubada durante casi 4 años»

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