Hablemos de la Justicia, parte I

Por Alejandra García y Lucas Bellotti San Martín

El Poder Judicial ha ganado en Argentina una centralidad creciente, en el discurso mediático y en el político. Es un fenómeno que reconoce varias causas, entre ellas, un corrimiento cada vez mayor de las fronteras de lo justiciable. Es una versión muy particular del sistema capitalista en el medio local que –afortunadamente– es poco tolerante con ciertas desigualdades. También es una muy notoria estrategia oficial consistente en descargar en el Poder Judicial los resultados de varias acciones u omisiones de las agencias políticas del Estado, particularmente las ejecutivas.

Las encuestas de opinión colocan al Poder Judicial entre las instituciones que menos confianza despiertan entre los ciudadanos. Muchas veces aparece empatada su mala imagen con las entidades gremiales, convenientemente demonizadas, más allá de sus indudables problemas. Esta es una cuestión que debe ser abordada con seriedad y urgencia. Los tribunales de justicia se legitiman únicamente a través del prestigio o la fuerza moral de sus decisiones. Son valores que difícilmente se logran en un contexto de generalizada desconfianza. Por otra parte, no es tan frecuente oír que esta idea de la opinión pública también se encuentra cargada de prejuicios o conceptos tomados de discursos que no necesariamente por repetidos son veraces.

En este sentido, Domingo Sesín, ministro y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, muestra los resultados de una interesante experiencia. Cuando los ciudadanos cordobeses son convocados a integrar los jurados populares que allí funcionan se les pide que califiquen del 1 al 10 la imagen que tienen del sistema judicial. Al principio, el promedio que se obtiene es acorde con la pésima imagen que arrojan las encuestas. Sin embargo, al terminar el juicio en el que aquellos ciudadanos intervinieron, se les vuelve a realizar la misma consulta y la tendencia se invierte. Se obtienen guarismos cercanos a la excelencia.

Según World Justice Project, una organización internacional que se encarga de medir los niveles de satisfacción de las exigencias del Estado de Derecho de la mayoría de los países del mundo, el sistema judicial argentino se encuentra dentro del promedio de la región. Está lejos de países como Chile, Uruguay y Costa Rica, que logran las mejores performances, pero también distante de realidades como Venezuela, Bolivia y Honduras, que en este campo exhiben cifras alarmantes.

Si se estudia el desagregado de los datos que nos llevan a esa posición de mitad de tabla veremos que, en materia civil, estamos por encima de la media mundial en accesibilidad, uso adecuado de métodos alternativos de conflictos y ausencia de discriminación. En cambio, el peor papel lo hacemos en materia de demoras irrazonables en los procesos, corrupción e influencia gubernamental en los juicios.

El panorama de la justicia penal es más delicado, la marca argentina es peor en esta subárea que en la anterior. Con orgullo podemos decir que estamos mejor que el promedio mundial en materia de respeto a las garantías del debido proceso y ausencia de discriminación, lo que no es poco en un mundo cada vez más hostil para con los sectores vulnerables y postergados. Pero exhibimos números vergonzosos con relación a la efectividad de las investigaciones, ausencia de corrupción, de influencia gubernamental y –en menor medida– de resolución oportuna de las acusaciones.

Esta descripción permite armar un catálogo, provisorio, de cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta al momento de encarar una reforma seria del sistema judicial argentino. La perspectiva ideológica no está ausente. La propuesta del Código Iberoamericano de Ética Judicial sostiene que la función del Poder Judicial es la realización de la justicia a través del derecho. Entonces debemos anticipar que la posible reforma no puede desentenderse de la pretensión de que los sectores menos favorecidos vean aumentadas sus posibilidades de hacer valer sus derechos sin obstáculos o exigencias irrazonables en el marco de procesos serios, transparentes, eficientes y eficaces.

Hay Justicia más allá del castigo y de Comodoro Py

Quien se dedique a estudiar detenidamente la opinión publicada en materia de funcionamiento del Poder Judicial advertirá que el centro de la escena lo ocupa la justicia represiva. La sociología clásica ya ha estudiado que las sociedades más avanzadas se interesan en mayor medida por la reparación que por la punición, mientras que la tendencia se invierte en comunidades con índices de desarrollo más modestos. No parece que seamos ajenos a esta lógica, si se tiene en cuenta que el debate en la materia que aquí comentamos orbita fundamentalmente en torno al funcionamiento de los tribunales con competencia penal.

Y dentro de ese mayor interés por la jurisdicción punitiva resalta el que existe por la justicia en lo criminal y correccional federal. Ciertamente, los escándalos de corrupción de los que la comunidad argentina ha sido testigo explican en buena medida la situación y no cabe duda de que una adecuada persecución de los crímenes cometidos desde la función pública redunda en una mejora de la calidad institucional.


«La jurisdicción que el ciudadano necesitará en algún momento de su vida está lejos del fuero de Comodoro Py, que protagoniza los medios de comunicación masiva. El conflicto intrafamiliar, el despido injusto, la necesidad de contar con prestaciones de salud negadas por obras sociales o la reparación de algún daño injustamente sufrido, son situaciones verdaderamente frecuentes para integrantes de todos los estratos sociales».


Pero la jurisdicción que el ciudadano necesitará con en algún momento de su vida está lejos de aquel fuero protagonista de los medios de comunicación masiva. El conflicto intrafamiliar, el despido injusto, la necesidad de contar con prestaciones de salud negadas por obras sociales o la reparación de algún daño injustamente sufrido, son situaciones verdaderamente frecuentes para integrantes de todos los estratos sociales. Y para lograr justicia en esos casos no hay que ir a Comodoro Py.

La justicia de familia, la del trabajo y de la seguridad social, por sólo mencionar algunos ejemplos, son los llamados a intervenir en tales circunstancias y exhiben una alarmante saturación que sólo en ocasiones es mencionada como parte del problema judicial. Cualquier reforma que no peque de efectista habrá de considerar seriamente estos temas, computando los desafíos que impone el sistema federal.

La asignación de recursos materiales y humanos mantiene su inercia en algunos de esos fueros desde hace veinte o treinta años, pese a que la litigiosidad continúa su crecimiento en progresión geométrica.

Un ejemplo es lo que ocurre en el fuero del Trabajo, de inestimable importancia para la protección de sectores expuestos a variados tipos de vulneración de sus derechos. Cada año se aumenta en un 20% la cantidad de expedientes que cada tribunal recibe por día. El fuero sufre, además del evidente colapso que ilustran esos números, una crisis endémica de vacantes. Uno de cada tres de los juzgados se encuentra sin titular. Frente a esta situación, es angustiante que el gobierno nacional haya desplegado una política de abierta hostilización a la justicia laboral, que incluyó declaraciones nada felices sobre su tarea e incluso intentos de juicio político a magistrados que fallaron de manera adversa a las pretensiones oficiales y favorables a las de los trabajadores.

Aunque parezca una verdad evidente, esta realidad no fue siempre considerada al tiempo de proyectar reformas judiciales recientes. Así ocurrió con la Ley Número 26853 que integró el paquete de la llamada democratización de la justicia aprobada durante el kirchnerismo (2013). Pese al tono festivo, popular y democratizador que la militancia oficial le imprimió a esas normas, ahí se incluía la creación de Cámaras de Casación en los tres fueros mencionados previamente. Esto generaba una instancia más que hubiera sido necesario transitar hasta lograr la sentencia que pusiera fin al conflicto de manera definitiva. Esto hubiera significado mayor tiempo y costos de litigio y asignación de recursos en competencias revisoras. Es una necesidad que nadie demanda en fueros distintos del penal. Y, en cambio, esa justicia de trinchera que es la primera instancia permanecía inalterada.


«Es angustiante que el gobierno nacional haya desplegado una política de abierta hostilización a la justicia laboral, que incluyó declaraciones para nada felices sobre su tarea e incluso intentos de juicio político a magistrados que fallaron de manera adversa a las pretensiones oficiales y favorables a las de los trabajadores».


La experiencia sugiere que la dirigencia política deberá hacer el esfuerzo nada sencillo de autorrestringirse en su pretensión de nombrar jueces de instancias superiores, cuya relevancia política es acaso más visible, y priorizar la primera instancia al momento de considerar la ampliación del número de tribunales. Es allí donde se da adecuado cauce al conflicto, se atiende la urgencia y se descartan aquellas pretensiones frívolas o improponibles.

Defensa pública

Otro asunto que no puede soslayarse es el modo en que los ciudadanos llegan a los tribunales. El sistema argentino confía a los abogados la representación exclusiva de los intereses de cualquier persona en cualquier proceso, lo que en la literatura especializada se conoce como el monopolio abogadil de la representación en juicio.

Está bien que así sea en un Estado de Derecho porque, como dice Böhmer, la tarea del abogado es la de oficiar como un equiparador de las partes en contienda. Al menos en términos ideales, se supone que la asimetría que existe entre los involucrados en conflicto queda bastante disminuida si sus pretensiones son planteadas por expertos que conocen las reglas del juego y el modo en que deben tramitarse las diferencias surgidas en el marco de cualquier relación (familiar, laboral, contractual, etcétera).

El mismo autor señala con acierto que, en esa tarea, los abogados tienen la difícil misión de traducir al lenguaje del interés público los intereses privados de las partes. El Estado tiene el deber indelegable de garantizar la justicia, afianzarla, según nuestro preámbulo, como método que asegura la paz social. De allí que, por privadas que parezcan las pretensiones encontradas de las partes, hay un interés social trascendente y mediato que subyace en su resolución. En esto juegan un papel protagónico los compromisos que el Estado contrajo ya no ante sus ciudadanos sino también ante la comunidad internacional. El profesional del derecho tiene la delicada misión técnica, por ende, de acercar a la jurisdicción esa pretensión y procurar su triunfo, que será decidido por un juez que vinculará el interés privado con el público, a cuya custodia se dedica especialmente.

Importa entonces, y mucho, que los ciudadanos que integran los colectivos menos favorecidos tengan posibilidades ciertas de acceder, en igualdad de condiciones con los demás, a los servicios de un abogado.

Al hilo de este asunto debe señalarse que Argentina cuenta con un diseño institucional, replicado en todas las provincias, aunque con sus variantes, que asume el deber estatal indelegable de proveer defensa de carácter gratuito a través de un órgano especializado y autónomo. Eso es el Ministerio Público de la Defensa, de inestimable importancia si se tiene en cuenta todo lo que dijimos hasta ahora.

Y aunque quienes interactuamos cotidianamente con la realidad judicial hayamos naturalizado su presencia, la figura no existe en todo el globo. No son pocos los países del primer mundo que privatizan este deber a través del subsidio a abogados particulares o las exigencias de litigar causas pro bono. Los resultados de estas alternativas no son de lo más satisfactorios. Por varias razones, que habría que estudiar por separado, la pervivencia de estos diseños se vincula nuevamente con los pisos axiológicos de cada comunidad respecto de su tolerancia con las desigualdades estructurales.

Ahora bien, señalada esa importancia y retomando el ejemplo de la justicia nacional en materia ordinaria no-penal, cabe advertir que sólo se cuenta en ella con cuatro defensorías oficiales, las antiguamente llamadas de pobres. No son pocas las injusticias que los sectores vulnerables viven y que deberían poder encontrar solución en esos ámbitos de la jurisdicción. Aún con el máximo compromiso exigible a los magistrados a cargo de esas cuatro defensorías, cuesta imaginar el modo en que razonablemente podría darse respuesta a las múltiples privaciones de derechos que sufre el público destinatario de esa política de defensa.

Otro tanto cabe decir de las defensorías de menores e incapaces en materia Civil, Comercial y del Trabajo. Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica), entre otras razones por no asegurar la intervención de magistraturas especializadas en la defensa de personas vulnerables por razón de edad o discapacidad mental en el marco del sonado caso “Furlán”. A pesar de ese señalamiento tan contundente, mantenemos congelado en siete el número de defensorías de esa clase, que actúan ante ciento diez juzgados civiles, ochenta laborales, y treinta y un comerciales. Siete defensores para 221 juzgados.

Es francamente alarmante que las reformas judiciales que permanentemente se lanzan no incluyan propuestas serias sobre la defensa pública, excesivamente exigida en nuestros días. La situación debe atenderse, ya que está en riesgo cada vez más el principio de igualdad de armas en varios procesos y, en consecuencia, su legitimidad.

Continuará…


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