La herencia y las claves para remontar la crisis

Por Gustavo Grinspun

Una vez más, la Argentina ha ratificado su inquebrantable y definitiva voluntad de vida democrática y republicana, recuperada para los tiempos por la gesta cívica de 1983, de la que orgullosamente conmemoramos su 36° aniversario el pasado 30 de Octubre. Es un faro de expectativa frente a las serias dificultades que una vez más atraviesa el país; un remanso de esperanza frente a la convulsión social y la inestabilidad democrática que atraviesa la región.

El evento electoral que el país viene de celebrar pocos días antes de esa fecha simbólica ha fungido como un doble bálsamo volcado sobre aquella voluntad nacional. Por un lado gratifica al espíritu de su vocación cívica y al carácter de su difícil convivencia política cumplimentar con un nuevo ejercicio de soberanía popular. Por el otro, el proceso electoral ha servido como vía descompresora, pacífica e institucional, de la acumulada tensión social, subyacente al fracaso de la gestión macrista y a sus consecuencias sobre el estancamiento económico secular; la pérdida generalizada de ingresos fijos y de riqueza nacional; y el dramático deterioro, adicional al preexistente al 2015, de las condiciones de vida de ingentes sectores de la población.

Con el recambio de Administraciones se cierra un inédito ciclo político neoconservador y un repetido (y frustrado) ciclo económico neoliberal en el país. Ha sido políticamente inédito al haber conformado la primera experiencia política autónoma (ya no sólo por fuera del “Partido Militar” sino por fuera también de los Partidos tradicionales, aunque alimentándose de ellos) de legitimación democrática de la derecha económica y política argentina desde la post-guerra. Y ha sido reiterativo en lo económico por haber vuelto a ensayar experiencias ya fracasadas en el país de “financiarización” de la política económica, signadas por la prevalencia absoluta de un enfoque dogmático de “valoración financiera” en la generación del valor agregado nacional.

Esta doble condición caracteriza de manera distintiva la coyuntura actual de crisis económica y social en el país y condiciona las perspectivas de obtención de los consensos a buscar para revertirla, por parte de la nueva administración política que se inicia. Inevitablemente, los desafíos a encarar por delante están delineados por la magnitud de los problemas heredados.

También en esta oportunidad histórica, como en cada experiencia previa del neoliberalismo en la Argentina, su alcance se agotó en la búsqueda excluyente (aunque estéril por discordante, inconsistente, y hasta contradictoria en el tiempo) de una libre recomposición de los flujos financieros y de capital. Y de los ajustes en la estructura de precios relativos que le fuera funcional, a efectos de sólo enjuagar los desequilibrios macroeconómicos de corto plazo inicialmente recibidos (y finalmente agravados de manera generalizada y torpe) por sobre toda visión estratégica, más integradora e inclusiva de Nación.

Desde un inicio, insólitamente, se des-coordinó la integralidad de la política macroeconómica. Se aplicaron programas desinflacionarios ajenos a la realidad de nuestros mercados vernáculos (inapropiados a contextos de fuertes desequilibrios subsistentes de precios relativos y de alta inercia inflacionaria residual). Se subalternizó toda política de ingresos, de empleo y de crecimiento (con lo que se resignó toda perspectiva de sustentación social y política en el tiempo). Y se privilegió la instrumentación irreductible de herramientas inadecuadas (“ideologizadas”) a la consistencia del programa, bajo la premisa de intentar facilitar el financiamiento externo al esquema de política adoptado. Muy por el contrario a lo argumentado, y por su propia naturaleza, repotenciaron nuevas y crecientes asimetrías en la estructura de precios relativos y en la remuneración de factores. Se sustentaron en la liberalidad plena (“limpia”) del tipo de cambio, la desregulación total de los flujos financieros y de la oferta (liquidación) de divisas de exportación y en el establecimiento de una política de tasas de regulación monetaria de fuerte sesgo especulativo y anti-productivista. Mientras que, por otra parte, se buscaba inducir una pauta acotada de referencia paritaria a la negociación colectiva salarial, en función de inflación futura y no pasada, es decir, de atraso salarial. Se buscaba, así, atraer capitales extranjeros, aún aquéllos de neto perfil corto-placista y golondrino, y generar –sin embargo- por esa vía entornos desregulados de facilitación agresiva (muy concentrados) de inversiones reales y de grandes negocios eventuales. Al mismo tiempo, en disonancia ejecutiva, la política fiscal se subordinó al objetivo de administrar (espasmódicamente) espacios de gobernabilidad institucional, federal, social, o sectorial, que la gestión política propiamente dicha del gobierno no obtenía o desdeñaba por sí misma.

Y el esquema de política económica se plagó entonces de severas inconsistencias técnicas entre sus componentes principales. Las sucesivas reformulaciones de los programas de estabilización de precios, primero de gradualidad y luego de shock fiscal y monetario, se hicieron socialmente cada vez más agravadas y cada vez de mayor sesgo anti-productivista, mayor concentración del ingreso y de superficialidad financiera a la naturaleza de los problemas estructurales de la economía nacional.

La irrefrenable política de endeudamiento y, en particular, en divisas, para cuya consecución aquellos instrumentos fueron implementados y con la que, desde un principio, se pretendió equivocadamente diluir los efectos de los severos déficits de diseño y gestión de esas políticas, agravó explosivamente la sustentabilidad siquiera financiera del modelo. Rápidamente se llevó así el sendero de la política de corto plazo a una sucesión de parches y reformulaciones que empezaron a correr por detrás de los acontecimientos y de la lógica especulativa (cada vez más volátil) de los mercados, hasta que, después del codo de la mitad de mandato, agotaron sus expectativas originarias y minaron la confianza pública de manera irreversible.


La irrefrenable política de endeudamiento, en particular en divisas, agravó explosivamente la sustentabilidad siquiera financiera del modelo del gobierno saliente.


 

Al final del gobierno de Macri (registro anual), el PBI será de un -4,8% inferior al del comienzo de su gestión, habrá caído en torno al -3.2% en este año, acumulativamente un -6% en los dos últimos años y se retrotraerá a niveles de 2009. Con lo que llevará ya 10 años de variaciones en torno a un virtual estancamiento. En las proyecciones de hoy está prevista una nueva caída en 2020, con lo que acumularía un retroceso del orden del -8,5% / -9% a lo largo de 3 años consecutivos. El PBI per cápita (2019) será más bajo que en 2015 (-6,5%), que en el 2011 (-8,9%) y que en el 2008 (-3,8%).

El desempleo es mayor (más de 12%; en torno a los 2,5 millones de personas) y viene de alcanzar los dos dígitos en el primer trimestre de este año por primera vez desde 2006. Mientras que la subocupación está superando rangos del 15% (11,8% al final del primer trimestre de 2019 y 13,1% al final del segundo). Entre esos desempleados prevalece una marcada incidencia de aquéllos en esa condición por destrucción de puestos de trabajo, por encima de aquellos otros desocupados por nuevos ingresos al mercado laboral. De esta manera, entre desocupados y ocupados que son demandantes de empleo (incluye sub-ocupados) hay, al final de la administración Macri, casi 6 millones de personas con problemas de empleo, lo que muestra además el incremento de la precariedad laboral.

Casi un 42% (45%, en el conurbano bonaerense) de la población (aproximadamente 18 millones de argentinos, entre conglomerados urbanos y zonas rurales), un 26% de los hogares y más de un 60% (59,5%, al tercer trimestre 2019) de los niños y jóvenes entre 0 y 17 años (7 millones de chicos; 2,8 millones nuevos, en el último año), son pobres al final de la gestión macrista. Y la indigencia ha alcanzado la dramática proporción de más del 9% de la población y el 7% de los hogares argentinos (4 millones de argentinos, urbanos y rurales) y alrededor del 15% (14,8% al tercer trimestre 2019) de niños y jóvenes entre 0 y 17 años. En consecuencia, a pesar del declamado objetivo de reducción de la pobreza, e incluso de su comprometida eliminación, la pobreza se ha incrementado unos 10 puntos porcentuales, casi 1/3 de su nivel estimativo al 2015 (faltan estadísticas confiables del período) y la indigencia se ha duplicado (4,5% en 2015).

Pero más relevante todavía aún es que la estanflación característica del período ha incrementado el umbral de pobreza estructural (no reductible con la sola reversión del ciclo productivo) a un rango en torno al 26% de la población.


Al final del gobierno de Macri (registro anual), el PBI será un -4,8% inferior al del comienzo de su gestión. Habrá caído en torno al -3.2% en este año, acumulativamente un -6% en los dos últimos años y se retrotraerá a niveles de 2009.


El salario real promedio ha caído en torno a un -22%, producto de una caída del orden del -19,5% en el sector formal (-18%, en el privado y -21% en el público) y de -24%, en el sector informal. El 60% de la población registrada tiene ingresos fijos por debajo de la línea de pobreza. Y para no ser pobre (satisfacer la canasta básica de consumo) hacen falta casi tres (2.7) salarios mínimos, mientras que el ingreso asalariado (sueldo bruto registrado) promedio, poco más que apenas la cubre. La distribución del ingreso es mucho más regresiva. Hay mayor concentración que al comienzo de la gestión. El decil más pobre de la población percibía a final del primer semestre de este año el 1,3% de los ingresos mientras que el más rico, el 30,9% de ellos. Y, además, es más desigual. En la escala de ingresos, el decil más bajo de la población tiene ingresos promedio unas 24 veces inferior al promedio del decil más alto. En 2015 esa diferencia era de 16,3 veces. El Coeficiente de Gini (0 = la igualdad perfecta; 1 = la desigualdad perfecta), que refleja cambios estructurales en el nivel de equidad, y normalmente tiene variaciones sólo marginales, ha pasado de ser de 0,409, en el segundo semestre de 2015, a 0,447 en el segundo semestre de 2019.

El país está mucho más endeudado. El stock de deuda que en 2015 era del orden del 55% del PBI hoy es del 102% del PBI. Se ha restablecido así el endeudamiento externo como restricción estructural de la evolución económica hacia adelante por los próximos años y, quizás, lustros. El nuevo gobierno acaba de asumir en un escenario económico en el que el país no tiene capacidad autónoma de repagar la deuda. Actualmente requiere de un superávit primario del orden del 4% del PBI. En este marco, el nuevo gobierno enfrenta mercados de deuda cerrados, sin acceso al financiamiento fresco de ninguna fuente, ni aún las de última instancia, y con abultadas necesidades financieras que lo han puesto al borde de una masiva reestructuración de deuda o del default. En 2020 se devengarán vencimientos de capital por el equivalente a un 7,8% del PBI y al 3,2% del PBI adicionales en concepto de intereses. Además se requerirá financiar otro 1,2% adicional de déficit fiscal primario (debidamente calculado)

La presión tributaria termina en niveles levemente inferiores (-3%) a los recibidos en 2015 (25,8% del PBI), a pesar de que la fuerte recesión llevó a una alta morosidad y evasión consecuentes. El achicamiento de la base imponible y la mayor inflación de la gestión llevaron a una caída de los ingresos tributarios del orden del 6%, en términos reales. Es decir, aquella leve caída se realizó en el marco de una situación irregular que, de restablecerse, pondría a la presión tributaria en niveles récord, similares o mayores a los del 2015 (26,2% del PBI era la proyección contenida en el Presupuesto 2019).

Sin embargo, la estructura de su composición por impuesto la ha hecho más regresiva que en el 2015. Y los niveles finales de déficit fiscal terminarán siendo similares a los de entonces (en torno -4,7% del PBI; -5,1% del PBI, en 2015). Con lo cual, al final de la gestión Macri, a pesar de los ajustes realizados y el costo recesivo pagado, la restricción presupuestaria sigue siendo severa y la capacidad de generar dinamismo económico por vía de incentivos fiscales, saltos grandes del nivel de actividad, provistos los incentivos adecuados, es tan o más restrictiva que la que se dispuso en 2015.

Las recurrentes corridas cambiarias y sus secuelas de sostenidos retiros de depósitos bancarios en dólares y de ingentes flujos de fuga de capitales minaron la disponibilidad de reservas pero dejaron la presión del endeudamiento con el que éstas se obtuvieron.

En ese contexto de volatilidad sistémica tan extendida y prolongada, la constante caída de la demanda de dinero ha generado condiciones peligrosas de incrementos cada vez más acelerados en la velocidad de circulación monetaria y de fuertes saltos consecuentes en el sendero de incrementos inflacionarios, al punto de restablecer algún riesgo potencial de una espiralización de tipo de cambio – precios – salarios. La inflación del período se habrá incrementado al final de la gestión en un 260%. Ello, aun en medio de un contexto de política de esterilización monetaria, que sin embargo sólo terminó teniendo efecto sobre el incremento explosivo del déficit cuasi-fiscal, vía un emisionismo desenfrenado de LELIQ, que, sobre el final de gestión, el BCRA procura disminuir y que alcanzará a lograrlo sólo en el margen, y sobre una virulenta recesión productiva y comercial, por el incremento general de la iliquidez real de la economía.

Así, la herencia económica que dejará Macri implicará un escenario universal (con algunas excepciones sectoriales puntuales y concentradas: agro, bancos, petroleras, comercializadoras de servicios públicos) de pérdida generalizada de rentabilidad (en particular en la industria, el comercio y la construcción, todas actividades intensivas en mano de obra), de incremento de la improductividad estructural y de destrucción de riqueza (pérdida mayúsculas de valor patrimonial), mayor aún que el que dejara CFK.


Casi un 42% de la población, aproximadamente 18 millones de argentinos, entre conglomerados urbanos y zonas rurales, son pobres al final de la gestión macrista.


De esta manera, después de la gestión macrista la economía nacional mostrará los mismos problemas de comportamiento en su oportunidad heredados de la gestión anterior, aunque agravados en magnitud. Y habrá sumado nuevos. Habrá salido del cepo cambiario para terminar al final restableciéndolo. Habrá entrado en un cepo monetario para terminar cayendo en la emisión monetaria sin programación financiera de contexto, es decir, de peligrosos efectos potenciales. Pero todo ello, en un contexto inflacionario virtualmente duplicado respecto del que recibiera y de rehabilitación de los niveles críticos de disponibilidad de divisas en relación al tamaño de su economía, de su comercio exterior y de sus obligaciones financieras externas.

No ha sido ajeno a estas consecuencias, ni al análisis de los desafíos que deja para adelante, que el contenido político de la contienda electoral que acaba de concluir se haya visto largamente sesgado por la dialéctica binaria de la polarización.

Ello no sólo refleja una marca de época, signada por la degradación del sistema de Partidos Políticos y de otros canales tradicionales de participación de la civilidad en la generación de anti-cuerpos o de mecanismos reconocidos de pronta recuperación de los ciclos previos (y recurrentes) de crisis. Sino que –justamente por su propia condición- le genera una restricción estructural de desconocido y aún impredecible carácter eventual al nuevo ciclo político y de gestión económica y social.

Ya no se trata sólo de enfrentar, en lo inmediato, las graves dificultades inherentes a recomponer desajustes de precios relativos, restablecer equilibrios en los agregados macroeconómicos o administrar las severas restricciones de presupuestos, propias de los procesos de recuperación convergente, tanto del ciclo productivo como de la estabilización des-inflacionaria de precios, como de su necesaria sustentabilidad social y política. Se trata de hacerlo, además, con muchos menos grados de libertad que en el pasado respecto de los márgenes de acción política disponible y de las expectativas por los resultados de gestión a exhibir de la política económica que se inaugura.

Ya no se trata tampoco, en este tiempo, de superar restricciones provenientes de la acción directa de grupos minoritarios de interés o de clase, sino de prevalecer por sobre las consecuencias de nuevos escenarios culturales o de abstractas injerencias políticas y de comunicación social de penetración masiva, que argumentan a favor de siempre retroalimentar como salida única el ajuste infinito propio del dogma neoliberal.


El 60% de la población registrada tiene ingresos fijos por debajo de la línea de pobreza.


Sí, se trata, por el contrario, de virar la orientación de la nueva política económica (y en general, la política nacional) en dirección opuesta de encontrar convergencias comunes para la aceptación pública de los esfuerzos necesarios a realizar, que permitan afrontar el actual escenario de crisis. Que serán nuevamente esforzados, de envergadura y de muy compleja instrumentación. Pero que deberán ser partes equitativas de un proceso socialmente integrador y de ajustes macroeconómicos en crecimiento.

No hay solución posible al actual estado de cosas si no es en crecimiento. Simplemente porque en estanflación no se generan los recursos necesarios y, en la disputa cada vez agravada de recursos insuficientes, se potencia secularmente la magnitud del problema preexistente. Y no hay condiciones posibles de crecimiento, ni tampoco de viabilidad a las programáticas de estabilización de precios, si no se recupera, primero, la paz social.

Por supuesto que ello no será sencillo: requiere capacidad de convocatoria amplia y generosa del nuevo Gobierno a un proceso genuino y honesto de Reparación Nacional.

No hay espacio posible para otro tipo de aventuras del Poder. Mucho menos aun teniendo en cuanta la baja credibilidad republicana que el propio Gobierno entrante hereda de sí mismo y de su gestión precedente que concluyera en el 2015. Así y todo, corresponde aportar el crédito inicial a toda gestión inaugural.

Y, ante la perspectiva de una convocatoria de esa naturaleza (como la preanunciada por el nuevo Presidente), requiere del aporte, aun desde el propio interés legítimo, de todas las pertenencias de la vida nacional. Aportes que estén inspirados en paradigmas de compromisos solidarios y proporcionales de quienes más poseen, de esfuerzos productivistas de todos y de objetivos acuerdistas recíprocos que sean superadores.

No hay margen tampoco, entonces, para privilegiar el interés sectorial ni para la especulación sectaria. Si la estrechez de esta restricción no se comprende, será muy difícil afrontar las dificultades de la coyuntura y aspirar a un horizonte de salida.

Tal estrechez relativa está dada por el contorno de una doble condición –distintiva de experiencias del pasado- de riesgos subyacentes pero muy presentes en esta crisis, y que en cualquier momento podrían llegar a aflorar.


No hay solución posible al actual estado de cosas si no es en crecimiento. Simplemente porque en estanflación no se generan los recursos necesarios y en la disputa cada vez agravada de recursos insuficientes se potencia la magnitud del problema preexistente.


Por un lado, los riesgos de incidencia directa -por imitación o influencia de cercanía geográfica y geopolítica- de posibles convulsiones sociológicas o eclosiones sociales vinculadas a la frustración generalizada de las perspectivas de progreso y de la movilidad social. O eventualmente vinculadas al agotamiento de las capacidades sociales de resiliencia frente a la recurrencia de la crisis. O al desencanto masivo frente a las aptitudes de las instituciones republicanas en resolverlas.

Por el otro, los riesgos adicionales de que esas eventuales reacciones masivas sean, además, de naturaleza espontánea, inorgánica, de difusa condición de interlocución institucional o de baja capacidad de control público.

Afortunadamente, las representaciones funcionales subsistentes de sectores importantes de clase media y baja en la pirámide social nacional (sobrevivientes residuales, aunque muy degradados, a las sucesivas crisis), que conforman viejas estructuras (sindicales) y nuevas formas orgánicas de representación (organizaciones piqueteras y gremiales de la economía social), siguen teniendo un rol significativo de eventual canalización institucional de la legítima protesta.

Sin embargo, ante la internalización y permanencia del conflicto social prevaleciente, exacerbado durante la gestión macrista, y que la nueva administración peronista deberá administrar y desactivar, bien pueden dichas representaciones llegar a correr un riesgo real de ser sobrepasadas ante cualquier imprevista circunstancia.

En su conjunto, son riesgos de nueva e incierta naturaleza, pero de una vieja y caracterizada deformación de inestabilidad institucional y de asignaturas largamente pendientes en materia de bienestar general, que–a casi ya cuatro décadas de la restauración democrática- no podemos los argentinos terminar de superar y consolidar, respectivamente.

De no ser atendidas debidamente en toda su integridad y gravedad, por el Gobierno entrante y por la ciudadanía que se convoque, posiblemente nos expongan, ya no a nuevas interrupciones flagrantes del orden institucional formal, riesgo que un nuevo proceso electoral ha nuevamente demostrado desmentir, pero sí puedan derivar en procesos políticos de contenidos autocráticos o de sesgos autoritarios y personalistas, de peor calidad republicana o de pérdida mayor de densidad democrática. Y que puedan devenir en profundizar la desigualdad, en mayor desintegración o fragmentación social, en el agravamiento de las condiciones materiales de vida de la población y en mayores dificultades de convivencia nacional.


No hay margen para privilegiar el interés sectorial ni para la especulación sectaria. Si la estrechez de esta restricción no se comprende será muy difícil afrontar las dificultades de la coyuntura y aspirar a un horizonte de salida.


En definitiva, el principal desafío de encuadramiento de la nueva política económica por venir será el de resultar eficaz y simultáneamente virtuosa en objetivos de magnitud y contrapuestos entre sí.

  1. En el diseño de un ordenamiento secuencial sustentable y aceptable para los agentes económicos de las prioridades de política a encarar, en particular, respecto de priorizar la emergencia social y alimentaria, respecto de poner en marcha vectores de demanda agregada en pos de una rápida reactivación económica y respecto del nuevo ordenamiento fiscal consecuente y sus efectos sobre la renegociación financiera externa
  2. En el reordenamiento, desde la acción pública, de las relaciones económicas afectadas y desarregladas por el impacto de la crisis. En particular, respecto de la búsqueda, a su tiempo, de la normalización de las relaciones financieras de la República, de la determinación del alcance de la consolidación de deuda externa a reestructurar, de la definición de la estrategia de negociación y del perfil de quita implícita a su valor presente que el programa financiero que oportunamente se proponga.
  3. En el establecimiento de un horizonte claro y referencial de reactivación productiva, de definición de los sectores de generación y de acumulación del excedente, de los mecanismos de transferencia y de los compromisos de reciprocidad de aquéllos que los recepten.
  4. En el establecimiento de las definiciones consecuentes en torno a la política de precios relativos críticos, de la de remuneración relativa de factores y de una política relacionada de ingresos que se alinee a criterios de progresivo y consistente reacomodamiento redistributivo, al tiempo que se encuadre dentro de un esquema de convergencia desinflacionaria o que confluya en un sendero de reducción de la nominalidad de precios y salarios.
  5. En la coordinación y consistencia de la política fiscal y de la política monetaria con la simultaneidad de los objetivos precedentes.

Bajo estas condiciones críticas de la coyuntura y bajo estas restricciones severas a su inmediato desenvolvimiento político, el gobierno entrante acaba de recibir el traspaso de mando. Y la opinión pública se apresta a conocer los primeros anuncios concretos de su política económica. La expectativa por recibir los primeros lineamientos de una salida fresca de la crisis devienen en la esperanza de iniciación de un futuro de recuperación. Los griegos, tan sabios en su Ilustración como visuales y figurativos, pensaron que la Esperanza era hija de la Noche y madre de la Realización. Que así sea.

Continuará…


 

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